JUBILADOS

La reforma constitucional propuesta por el “Movimiento de Defensa del artículo 67 de la Constitución” propone agregar al artículo 67 de la Constitución el siguiente párrafo:

“Las pasividades, las pensiones, y en general, todo tipo de prestaciones de seguridad social, servidas por el Banco de Previsión Social, o entidades estatales, paraestatales o privadas, no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza, ni ser objeto de detracciones, descuentos, o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias, de salud, o las que consienta su titular”.


CONTRA LA BANCARIZACIÓN (PROPUESTA COMERCIANTES)

Art. 1º. Modificanse los siguientes artículos de la Constitución de la República que tendrán la siguiente redacción:

“Artículo 24.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.

Queda comprendido en el inciso anterior, el establecimiento por mandato legal de mecanismos impuestos por el Estado tendientes a asegurar su funcionamiento o contralor. Se evitará la aplicación de toda práctica que implique una forma de tributación encubierta”.

“Artículo 36.- Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes.

Nadie podrá ser obligado a celebrar un contrato en contra de su voluntad, ni podrá ser sancionado, directa o indirectamente, por no hacerlo. El Estado asegurará el ejercicio de dicha libertad. El uso de mecanismos de dinero electrónico o de cualquier otro instrumento financiero, será opcional para los contratantes”.

“Artículo 53.- El trabajo está bajo la protección especial de la ley.

Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica.

El goce de los derechos consagrados por la presente Constitución, incluyendo los comprendidos en el artículo 72, no podrá verse afectado o quedar supeditado al previo pago de tributos”.

“Artículo 85 numeral 10º. Justificar el peso, ley y valor de las monedas; fijar el tipo y denominación de las mismas, y arreglar el sistema de pesas y medidas.

El empleo de dinero electrónico o de mecanismos de inclusión u otros relacionados con el sistema financiero, que podrá habilitar la ley, no obstará al derecho de los interesados, de cancelar sus adeudos o percibir sus haberes, mediante el pago en moneda efectiva corriente, en instrumentos físicos que emitirá la autoridad monetaria”.

Disposición transitoria y especial A) “Si el plebiscito fuera proclamado afirmativo, por resolución firme de la Corte Electoral, la presente reforma entrará en vigor con fuerza obligatoria, a partir de ese momento.
Decláranse derogadas todas las normas legales y administrativas que se opongan a las modificaciones incorporadas por la decisión plebiscitaria”.


CONTRA LA BANCARIZACIÓN (PROPUESTA DR. SALLE)

Art. 1º.- Agrégase al final del Artículo 52 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay el siguiente texto:

“Está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria. Toda persona física o jurídica tiene derecho a operar con dinero en efectivo en todo tipo de transacción económica o financiera cualquiera sea su monto. Le está prohibido al Estado establecer ventajas o perjuicios en función de que la persona física o jurídica opte o no por operar con dinero en efectivo.”.

Art. 2º.- Agrégase al final de la Constitución de la República Oriental del Uruguay la siguiente DISPOSICIÓN ESPECIAL:

*) La presente reforma del Artículo 52 entrará en vigencia el día 1º de marzo de 2020. Tal entrada en vigencia dejará sin efecto cualquier precepto de carácter legal, administrativo, judicial, contractual o convencional que contravenga este nuevo texto del Artículo 52. Ninguna alegación sobre retroactividad tendrá validez para evitar la aplicación de este nuevo texto del Artículo 52 a cualquier caso. Las instituciones bancarias y/o de intermediación financiera y/o emisoras de dinero electrónico no tendrán derecho a reclamo sobre daños, perjuicios y/o lucro cesante alegando motivo en la presente reforma y/o en la entrada en vigencia de la misma.”

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