Hemos transitado el 2017 con importantes titulares, instalados en la agenda política nacional del Uruguay. Crisis en el sector de las agroindustrias, particularmente las vinculadas al sector lechero; acuerdo con UPM; reforma del BROU; irregularidades en el área de la salud, más concretamente en ASSE; la renuncia de Sendic; las tarjetas corporativas; el ADN de la educación; cincuentones; el ajuste fiscal con tarifazo incluido y la violencia social, donde la violencia de género fue protagonista indiscutida.

Nos importa entender algunos datos significativos que nos describen una realidad que muchos, aún, se niegan a entender, a escuchar y a transformar como parte de la sociedad.

Delitos por Violencia de Género y asociados (incendios, lesiones, amenazas, otros) 31854

104 denuncias por día, cada 14 minutos, 89,9% son por violencia doméstica

Víctimas: 72.8% mujeres y 27.2% varones. Indagados: 77,8% varones y 22,2% mujeres. El 98.8% de las denuncias se judicializan,  en el 50% de los casos se dictan medidas cautelares.

El 56.1% de los agresores representan a parejas, ex parejas o familiares. Las formas de violencia manifiestan son 44% física; 43% emocional; 10% patrimonial y 3% sexual.

Femicidios, fueron 23 mujeres asesinadas en los diez meses del 2017 por sus parejas o ex parejas, una cada 13 días.

Considerando las tentativas, cada 8 días se intentó cometer un femicidio íntimo o familiar. Había denuncia previa sólo en el 21,7 % de los casos., el 82% convivía con el agresor. El 48% tenía hijas o menores a cargo; en el 91% de los hechos ocurrieron en la residencia de la víctima; 35% fueron asesinadas con armas de fuego; 70% de los agresores fueron procesados por la justicia; 78,3% de ellos no presentaban antecedentes penales. El 30% de los agresores se suicidaron después de cometer femicidio.

En los últimos 3 años y 10 meses hubieron 109 femicidios; actualmente hay 526 tobilleras en funcionamiento (en 2013 eran 97). El 98% de las víctimas son mujeres y el 98,5% de los ofensores son varones.

En relación al abuso y explotación sexual de niños/as y adolescentes, durante el 2017 se registraron 1011 víctimas, 39,5% niñas; 18% varones; adolescentes mujeres 37% y adolescentes varones 5,5%. Fueron asesinados dos niños y dos niñas. Tres de ellos fueron previamente abusados sexualmente.

Las estadísticas elaboradas por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, muestran que la mayoría de las víctimas de violencia de género son mujeres, niñas y adolescentes. Esta forma de analizar la realidad, incluyendo la perspectiva de género, permite visualizar lo que pasa y por qué pasa. Las asimetrías de poder quedan evidenciadas en los números oficiales de la violencia de género de los primeros diez meses del año.

Desde la reapertura democrática a la fecha se han implementado políticas de Estado con perspectiva de género. A finales de la década de los 80 se creó la primera Comisaría de la Mujer en Montevideo (actuales UEVD) que se fueron descentralizando a todo el país; también se instala el Instituto de la Mujer en el ámbito del MEC (actual Inmujeres en MIDES). Como sistema de cuidados a la infancia, se crearon los CAIF (Centros de Asistencia a la Infancia y Familia).

En los 90 se tipifica la VD como delito y pasa de estar en la órbita privada a la pública. Se implementan capacitaciones en género a nivel del funcionariado policial. Se crean áreas especializadas en la temática en todas las estructuras del Estado.

En el 2002 se aprueba la Ley 17514 contra la Violencia Doméstica, primer logro legislativo que jerarquiza la problemática de la violencia de género en la historia del país. En 2004 se aprobó la Ley 17815 contra la violencia sexual, comercial o no comercial contra niños, niñas, adolescentes e incapaces.

Se comienzan a promover proyectos de ley que incluyen viviendas para víctimas de violencia de género, la utilización de tobilleras, acoso sexual a nivel laboral, entre otros. En estos últimos años se han ido mejorando las herramientas legislativas como las judiciales, entendiendo que el flagelo de la violencia social debe enfrentarse sin postergaciones ni excusas. Con más educación, mayor involucramiento social, más y mejor eficiencia a nivel del Estado para proteger y prevenir, con una justicia agiornada a los nuevos tiempos y con adecuado presupuesto para jerarquizar los recursos humanos para este tipo de problemática social.

La ideología de género no es el problema, ella visibiliza la realidad de la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, además de procurar desnaturalizarla y ayudar a erradicarla.  Hace 30 años que existen las políticas con perspectiva de género, hemos avanzado en instalar la importancia de este tipo de violencia en la agenda política partidaria, en la ciudadanía toda. Comencemos a admitir que tenemos el problema, y comenzarán a surgir las posibles soluciones. El nivel de violencia de una sociedad nos indica la calidad democrática de la misma, entre tantas otras calidades.

¿Qué parte, aún, y a pesar de las estadísticas, no se entiende?

Ing. Andrea Maddalena

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