Nuestro país tiene una fecunda historia social cuyas raíces se hunden en la prédica de Artigas y el caudillismo popular de Rivera para alcanzar su mojón esencial en la escuela vareliana.
Desde entonces, el Estado uruguayo asumió, tempranamente, un rol integrador de una sociedad que en la segunda mitad del siglo XIX se refundó cuando al mundo hispano-criollo se le sumó el aluvión inmigratorio. Esa escuela “laica, gratuita y obligatoria” pasó a ser el ámbito de tolerancia, en que el crisol de gente de diversas creencias y orígenes transformó en “uruguaya” la original “orientalidad”. Bien sabemos que nació envuelta en ardorosas polémicas, que el tiempo fue desvaneciendo bajo el manto amplio de la laicidad.
Una protectora y precoz legislación social, humanista, feminista, afirmó ese clima de amalgama en que se sustentó una cultura democrática que ni una dictadura militar debilitó. Argentina, que también disfrutó de una escolaridad temprana con el liderazgo de Sarmiento (inspirador también de nuestro Varela), se rezagó en la cuestión social y generó el ambiente en que germinó la semilla peronista.
Todo esto viene a cuento del debate que se ha producido sobre las asignaciones familiares, para darle un real marco al análisis de situaciones que van mucho más allá de la particularidad. Comencemos entonces por recordar que esas asignaciones nacieron en el progresista gobierno del Dr. Juan José Amézaga, brillante jurista, que contó con un gran gabinete, integrado por batllistas y nacionalistas independientes. Luego del período de Terra, había sido un gran candidato de conciliación, ya que no siendo colegialista tampoco se había alejado del Batllismo ni se había arrimado a la dictadura. Su Vicepresidente fue Alberto Guani, el gran diplomático de la Sociedad de Naciones en los tiempos de Woodrow Wilson y Canciller en el célebre episodio del acorazado alemán Graf Spee.
En su gobierno se crean los Consejos de Salarios, que entonces se elegían por voto secreto, y también las asignaciones familiares. Habían sido promovidas por los movimientos católicos bajo la idea del “salario familiar”, que propició el Papa Pío XI, como estímulo a la natalidad. Los movimientos liberales y socialistas, en cambio, la miraban como un complemento salarial destinado a atender la carga de la educación de los hijos. Por esa razón, se estableció como una asignación al niño mismo, con la carga para sus padres de que estuviera integrado a un centro educativo. Se concibió entonces como una prolongación del concepto de obligatoriedad y en ese sentido fue una exitosa experiencia, de más de ocho décadas. No tuvo relevancia, en cambio, en el tema de la natalidad, que continúa disminuyendo peligrosamente en nuestro país.
Las asignaciones fueron en su tiempo una estructura independiente, regida por un Consejo Central, que coordinaba a su vez estructuras por ramas, hasta que en la Constitución de 1967 se incorporó al Banco de Previsión Social.
Históricamente el sistema funcionaba sobre la base de la información que los centros de educación ofrecían y tuvo un eficaz funcionamiento. En los últimos años, tanto los gobiernos del Dr. Vázquez como de José Mujica suspendieron la prestación a los padres que no enviaban a sus hijos al sistema educativo. En 2013 hubo 32 mil bajas, en el 2014 nada menos que 51 mil. En 2016, 16.000. En esta oportunidad, han sido 11.500 pero felizmente ya se han revinculado 2.200, luego de un trabajo de seguimiento hecho por el Mides, que es quien actualmente administra la prestación. La sirve el BPS, la ANEP ofrece la información pero es el Mides el que decide y, en ese caso, como en los anteriores, ha hecho muy bien en la suspensión.
La asignación, desde que nació, es del niño o adolescente. Sus padres o tutores son los administradores. Si éstos no cumplen con su deber de padres hasta un punto de no aplicarse a que sus hijos alcancen el mínimo de la formación, no hay modo de atribuirles el dinero. Ellos administran el dinero de sus hijos. Si no lo emplean en el cumplimiento de su primer deber, primero por las leyes y segundo por razones morales, carecen de toda capacidad ética.
La orfandad educativa cada día es más trágica en sus consecuencias. En su tiempo, la falta de especialización no impedía obtener una tarea mínima para el sustento. “Cargar bolsas en el puerto”, como decía un viejo tango, era una opción última pero a la vista. Hoy ya no existe. El desarrollo mecánico, la digitalización, imponen un mínimo de formación sin el cual entramos en la marginación, en la inempleabilidad.
Naturalmente, suspender la asignación no resuelve el tema de una estructura familiar precaria, pero da la oportunidad de una revisión, de un intento de recuperación que siempre algún resultado puede lograr. En un plano más general, por lo menos el Estado ofrece una señal del compromiso frente a los hijos y no se hace cómplice del abandono. Porque de eso se trata: seguir repartiendo dinero a quien incumple un deber primario, lejos de ser una norma de protección social es la peor de las pedagogías.
Comentarios