Integrantes de la Prosecretaría de Políticas de Género del Partido Colorado, Dra. Walkiria Olano e Ing. Andrea Maddalena se reunieron con el Fiscal General de la Nación Dr. Jorge Díaz a efectos de intercambiar opiniones sobre la implementación de la Ley 19580 aprobada el 9/1/2018. Dicha ley otorgó nuevamente competencia a Fiscalía en los expedientes civiles de situaciones de Violencia de Género. La Fiscalía General envió a la Rendición de Cuentas la solicitud de recursos para poder implementar de manera integral la ley (procesos penales y civiles). De lo contrario planteó la derogación de los artículos 60-64-67 de Sección IV, que le otorgan competencia en materia civil, especialmente éste último que incluye las medidas de protección a las víctimas como pensiones alimentarias, visitas, tenencias, etc.
El Fiscal Gral. Dr. Díaz sostiene que se deben definir roles de los operadores que tienen responsabilidad directa en situaciones de Violencia de Género y realizar un protocolo que determine criterios que tipifiquen los delitos y midan los riesgos. Sin recursos no es responsable asumir garantías desde la presencia de los fiscales en todo el país porque no cuenta con los recursos humanos.
La Ing. Maddalena, manifestó su profunda preocupación entendiendo un significativo retroceso en la aplicación de la ley, en relación a la 17514 del 2002. Además, la imposibilidad de instalar los juzgados de familia especializados por falta de presupuesto sigue exponiendo de manera irresponsable a las víctimas en situaciones cotidianas donde no hay delito pero si prevención del mismo, fundamentalmente de la pérdida de una vida.
La Dra. Olano reiteró la necesidad que la Fiscalía debe dar instrucción general a los Fiscales para que delimiten un delito de un proceso civil. Quién dispondrá de las medidas cautelares? quién proveerá de las pruebas para prevenir la violencia intrafamiliar?
Una realidad que nos preocupa y ocupa históricamente. Mientras tanto la Ley está vigente. Una herramienta que no se puede implementar, una forma más de violencia de parte de este gobierno progresista. Creer que tenemos una ley que nos protege contra la violencia, en papeles y grandes titulares, para distraer a las organizaciones sociales y a la sociedad toda, como un gran logro frentamplista.
