No se trata de buscar el aplauso fácil, ni de personalizar las cuestiones, ni de chicanas políticas. Como siempre, se trata de defender la institucionalidad que es -siempre- la garantía de todos.
El miércoles pasado se presentó ante la Comisión de Constitución el hoy Senador Guido Manini Ríos pidiendo que se trate cuanto antes el pedido de desafuero que pesa sobre él. Como es notorio, un Fiscal ha solicitado a un juez que sea formalizado por el presunto delito de no informar a la Justicia de la confesión del procesado y preso José Gavazzo, formulada en el transcurso de las sesiones de un Tribunal de Honor. Como es notorio, el expediente fue elevado al Ministerio de Defensa Nacional, el Ministro -como corresponde- lo llevó a la Presidencia y allí se aprobó, con la firma del Presidente de la República, el fallo del Tribunal. Sin más trámite. Hasta que un periodista hizo público el tema y allí se desató esa situación
Ante todo, hay que entender que el fuero parlamentario es un instituto jurídico de tradición universal y que no puede depender de la simpatía o antipatía que genere el legislador involucrado. Desgraciadamente, se ha visto con frecuencia en estos días, que se opina desde una actitud eminentemente política. El propio colega Mujica, que anuncia su voto en contra al desafuero, da algunas razones políticas que no hacen al caso, porque si esto favorece o perjudica al Senador Manini no es el asunto.
Lo que hay que entender es que el fuero se estableció para amparar la libertad del Parlamento, protegiendo a los legisladores de eventuales desbordes o persecuciones de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial. Por eso se dispone en la Constitución, desde 1830, que el legislador no puede ser arrestado ni acusado criminalmente, aun por delitos comunes, salvo que los dos tercios del total de componentes de su Cámara entienda que «hay lugar a la formación de causa» y lo declare suspendido en sus funciones. El fuero es de la Cámara, no del legislador individual.
Por supuesto, este no es un tema uruguayo sino universal. Y fue lo que protegió inicialmente a los legisladores venezolanos cuando los opositores obtuvieron la mayoría del Parlamento. Le costó mucho a Maduro llevárselos por delante y cuando al final violó ese fuero, se hizo absolutamente incuestionable su condición de dictador. Incluso un tirano desbordado tuvo que dar muchas vueltas para atropellar esas garantías que, aun inmateriales, le pesaban bastante porque dejaban al desnudo la naturaleza de su régimen.
El «fuero» no es un privilegio personal del legislador, sino una protección institucional de la Cámara de que se trate. Ella es la dueña del fuero. La que decidirá si expone a un juicio a uno de sus miembros.
Que el legislador cuestionado diga que no quiere la protección «porque no tiene nada que ocultar», no pasa de ser una definición personal, carente de todo valor para la institución. Lo ha explicado de un modo clarísimo Óscar Botinelli, Profesor Grado V de Sistemas Políticos en la Universidad de la República, en un artículo publicado en el diario «El Observador» el sábado 15 de febrero y cuya lectura recomendamos, no solo por su calidad intrínseca sino porque se trata de un especialista, insospechable -además- de complicidades con ninguna actitud de la derecha política.
Por tales razones, hay que estar, con seriedad, a los hechos. El Senado tendrá que examinar el expediente judicial y toda la tramitación adentro del Poder Ejecutivo. Tiene el Partido Colorado credenciales de actuar siempre de ese modo y el Frente Amplio recordará que cuando la Justicia pidió el procesamiento del entonces Vicepresidente Nin Novoa, se votó en contra. Había omitido -y se probó- declarar un bien en su patrimonio; sin embargo, se entendió que no había allí una intención delictiva y que su error no era suficientemente grave como para ameritar el desafuero. Esto ocurrió el 2 de agosto de 2011.
Como explicó entonces el diputado Ope Pasquet, el pronunciamiento tenía que referir a «si hay lugar a la formación de causa», por lo que hay que hacer una estimación de hecho y derecho, pensando en el fuero parlamentario.
Por eso decimos que de confirmarse el relato que se ha hecho público, es evidente que si el general Manini tuvo responsabilidades, mucho más las tuvieron el Secretario de la Presidencia y el propio Presidente de la República. En todo caso, la «demora» de Manini no era más que eso, una demora, no consumó un ocultamiento, y no tenía ninguna consecuencia porque Gavazzo estaba preso. Y llama la atención que se concentre en él toda la responsabilidad cuando la consumación del ocultamiento estuvo en el Poder Ejecutivo. Todo depende de una calificación racional de los hechos y juzgar si hubo o no una intención delictiva. Razón por la cual, en lo personal, no adelanto una posición definitiva, porque creo que son relevantes esos pasos a dar y no se puede hablar de antemano. Nadie con responsabilidad democrática puede dejar de actuar con esa objetividad. Con más énfasis -y sobre el fondo- lo dice el propio Botinelli: «la encrucijada del sistema político en este caso es si buscar el aplauso circunstancial de la tribuna o jugar a la defensa de las bases de la institucionalidad».
