La campaña opositora ha sido algo muy triste. Para el país, para su democracia. Desde los primeros pasos hablando de privatización de la educación o la conjura contra Antel, todo han sido falsedades, alarmismos, anuncios apocalípticos.
Estamos en el final y en actos inexplicables de desesperación y arrogancia, el Frente Amplio «emplaza» al gobierno a que en 30 días le responda por 50 presuntos abusos policiales.
No escarmentaron con la derrota electoral, en la que su espantosa conducción en el tema seguridad fue un factor muy relevante. O sea que carecen de toda autoridad política para enjuiciar a nadie, cuando en sus gobiernos se pasó de 7 mil a 30 mil rapiñas. Igualmente insisten en el tema, a los gritos, como si estuvieran parados sobre el pedestal de un éxito.
Naturalmente, hay una acción concertada y generalizada. La intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a 15 días del referéndum, cuestionando tres artículos de la LUC, es realmente un atentado. Un instituto del Estado impugna una ley cuyo destino está en manos de la ciudadanía. Realmente, han conducido a la institución a un desprestigio casi terminal.
Al mismo tiempo, toda gremial o entidad donde el Frente Amplio tiene influencia, se ha sumado a los cuestionamientos que se hacen a la acción policial. El propósito es obvio: el gobierno está logrando resultados en ese tema que fue uno de sus mayores fracasos y tratan de contrarrestarlos intentando crear un inexistente clima de abusos policiales. No hay límite. Hasta una extraña iglesia casi desconocida ha salido a confundir con un sacerdote, ataviado de un particular hábito, denunciando de modo burdo un acción agresiva contra una mujer.
La verdad es que abusos policiales siempre hubo, hay y seguirá habiendo. En esa actividad tan riesgosa, siempre está esa posibilidad, pese a la instrucción realizada para que un profesional no se exceda. Es así aquí y en el mundo entero. Se trata, entonces, de saber si esas situaciones han crecido y si no han sido atendidas.
Y allí es donde está la mentira. Según la información oficial, las denuncias han bajado. En el 2021 hubo 134 denuncias cuando en 2019, tiempo en que reinaba el Frente Amplio, fueron 152.
En cuanto a las formalizaciones, o procesamientos, como decíamos antes del nuevo Código, también.
Las 100 denuncias de los defensores de oficio, no tuvieron -según lo dicen ellos mismos- ningún andamiento judicial. Las 50 que aparecen ahora son una ensalada en que, mayormennte, delincuentes con antecedentes formularon denuncias que se tramitaron. Algunas se desecharon en la vía judicial de modo rotundo y otras están en trámite. Unas son de 2020, otras del año pasado. En cualquier caso, sugerir que hay una multitud de denuncias superior a lo habitual es falso y decir que se ignoran sistemáticamente aún más.
El otro gran capítulo de la ofensiva es el apoyo del Ministro Heber a policías enjuiciados por la muerte de una persona que se negó a detenerse ante una orden policial, aceleró su motocicleta para huir, fue perseguido y en esa acción chocó contra un árbol y falleció. Por supuesto, tristísimo accidente. Los policías están acusados de homicidio. ¿Mataron a alguien o fue una conducta irresponsable la que llevó a la muerte al infortunado muchacho? Si hubiera atropellado a un peatón, en la calle, ¿eran los policías los responsables? El Ministro fue a saludar a sus subordinados, preocupado, simplemente para que sientan que no están solos y que tendrán las mayores garantías. Es obvio, además, que si estos policías terminan condenados, no habrá más persecuciones policiales aunque se trate de un delincuente que mató a cuatro personas. No es una anécdota lo que está en juego. En todo caso, ¿cuál es la presión? ¿En qué inhibe a un juez que el Ministro haya visitado a sus subordinados? Lo ha dicho con claridad el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, respondiéndole a Fernando Pereira, Presidente del Frente Amplio, que ha abandonado su espíritu de componedor sindical para mutar hacia un iracundo político.
Estamos ante el final lamentable de una campaña entristecedora para la democracia. Después de todas las falsedades y disparates, se culmina con este acoso a la Policía, no importando si se desmoraliza en su lucha contra el delito. Es algo muy serio. Nuestro Estado de Derecho por supuesto que garantiza todos los procedimientos para enjuiciar a alguien sospechado o acusado de un delito. Pero también está en juego algo tanto o más importante que la protección a la sociedad, agredida por una delincuencia ensoberbecida que recién en estos dos años retrocede en algo.
La conferencia de prensa del Frente Amplio con esas denuncias lanzadas al barrer es el acto final de un largo extravío.
Derogar la LUC solo recibirá el festejo del mundo del delito. Hay que saberlo. Y actuar responsablemente en consecuencia.
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