Por estas horas “estamos en una situación límite”, alerta Tabaré Viera, senador colorado y exintendente de Rivera. Se refiere a la caída de la venta de los free shops de frontera, cuya facturación se desplomó 48% a nivel nacional en los últimos ocho meses, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas a los que accedió El País.
La caída principal en la facturación, en términos porcentuales, se produjo en Aceguá, donde alcanza el 70%, y la menor en Rivera, con el 33% de reducción si se compara el período marzo-octubre de 2019 con igual lapso de 2020.
Sin embargo, en términos absolutos, la principal caída se da en Rivera, donde se pasó de una facturación superior a US$ 62 millones a US$ 41 millones. A pesar de este derrumbe en las ventas, Rivera sigue siendo la principal ciudad en términos de ventas, seguida por Río Branco, donde facturaron US$ 11,5 millones entre marzo y octubre.
El senador Viera, que junto a los tres diputados de Rivera está pidiendo al gobierno medidas para paliar la situación de los free shops, informó que a nivel nacional estas empresas generan 4.000 empleos directos y otros 3.000 indirectos, motores esenciales de la economía de las seis ciudades fronterizas en las que existen estos comercios: Bella Unión, Artigas, Rivera, Aceguá, Río Branco y Chuy.
“El 65% del personal está en seguro de paro”, sostiene el senador, quien agrega que en algunas ciudades la situación es aún más crítica. “En Chuy y Río Branco, locales de 50 empleados están funcionando en este momento con 10. Es un sector que no ha recibido ningún aliento para sostener. No podemos dejar que cierren los free shop”, reclamó Viera.
Medidas para revertir la situación.
El senador de Batllistas planteó su inquietud al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y trasladó las propuestas que los free shops presentaron a fines del mes pasado en el Parlamento. La primera solicitud es que el gobierno autorice “con carácter excepcional una cuota para ciudadanos uruguayos durante el cierre de fronteras”.
“Esta medida permitiría a nuestros comercios una mínima facturación y están asegurados los controles fiscales de la misma, dado que nuestros comercios disponen de sistemas informáticos y de facturación electrónica. Cabe recordar que una cuota de este tipo es usual para los tránsitos aéreos o fluviales desde los países vecinos”, sostiene la Cámara de Empresarios de Free Shops en un documento.
Si bien la caída de las ventas de los free shops fue visualizada por los empresarios y por Viera, quien impulsó este régimen comercial en 1986, nadie preveía un derrumbe de la actividad como el ocasionado por la pandemia. El senador destaca que la instalación de free shops en la frontera pero del lado brasileño ya había golpeado a los instalados en Uruguay y lo seguirá haciendo, principalmente porque pueden vender tanto a nacionales como a extranjeros y cualquier tipo de artículos, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, donde solo pueden vender una lista determinada de productos.
En 2019, las bebidas con y sin alcohol, y los productos cosméticos representaron el 53% de las ventas. La facturación de bebidas cayó 48% este año y los aceites esenciales y resinoides, 58%.
Diferentes alternativas.
Ante este escenario, la Cámara de Empresarios de Free Shops está solicitando que si no se autoriza la venta a ciudadanos uruguayos de forma presencial, se les habilite “la venta electrónica de una cuota para nacionales”. Estos comercios, por ley, solo pueden venderles mercadería a extranjeros.
“Si las empresas no acceden a clientes para poder comercializar sus stock, en muchos casos perecederos, resulta imprescindible: A) se extiendan los seguros de paro totales y parciales hasta la apertura de fronteras; B) se corra el vencimiento de las obligaciones tributarias y bancarias sin multas, recargos, mora, ni que implique cambio de categorías; C) se suspenda el cobro de anticipos de IRAE y Patrimonio y en caso de que corresponda el pago de sueldos al cierre del ejercicio no se apliquen multas ni recargos; D) se otorguen préstamos blandos a 180 días para pago de aguinaldos, contra instrucciones de transferencia a la cuenta de los empleados, independientemente de la categoría”, agregan los comerciantes en la solicitud presentada ante legisladores y gobernantes.
Además, piden exoneraciones en los aportes patronales a la seguridad social y beneficios en los cargos fijos de UTE, OSE y Antel o que en su defecto “se apliquen tarifas residenciales hasta la apertura de fronteras”.
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