La oposición frentista, que se lanzó contra la LUC en un movimiento reflejo de su clásica actitud de gimnasia política, ha logrado abrir un nuevo frente de batalla. Con gran publicidad y movilización de medios, engañando y confundiendo, hasta pretendiendo que una ley democrática de un gobierno democrático se emparentaba con la dictadura, parecen haber llegado al número necesario de firmas para provocar la consulta popular.
Han presentado tal cantidad que de ser el descarte tan fuerte como para que no alcanzaran, sería un papelón incomensurable, una expresión gigantesca de la pretensión fraudulenta. Partamos, entonces, de la base de que las firmas están y que hay que actuar en consecuencia. En una palabra, asumir que tenemos por delante un desafío mayor para el gobierno y la sociedad uruguaya.
Sería muy conveniente que la revisión de las firmas y la eventual convocatoria al referendum se hiciera este año, pero todo indica que lo más probable es que recién el año que viene, pasado el verano, estaríamos ante la definición. Lo que lleva a pensar que la oposición pretenderá que, como en las discutidas elecciones de mediano término de los países que las realizan, se transforme en una suerte de gran encuesta sobre el gobierno: a favor o en contra, Coalición sí Coalición no, Lacalle sí Lacalle no… todo blanco o negro al compás de los eslóganes.
Se hace imprescindible desde ya, por lo tanto, entender que esta ley es una suerte de programa de gobierno, que ya viene dando resultados y sería nefasto revertir. Es el caso de la seguridad ciudadana. No hemos caído en ninguna situación autoritaria como se anunciaba, sino que, por el contrario, estamos viendo más patrullajes, más prevención y una persecución al narcotráfico que se había adueñado del pais. Es evidente que bajo la conducción de Larrañga y con el aliento de esta herramienta legal, las fuerzas policiales crecieron en presencia y eficacia. Naturalmente, no pueden hacer milagros, pero nadie con un mínimo de buena fe puede desconocer el cambio de clima que se ha dado. Si algo faltaba, los números del semestre, publicados esta semana, son concluyentes.
Dar un paso atrás sería algo muuy penoso. ¿Está mal que se castigue, con prudencia como ha ocurrido, la resistencia al arresto? ¿Está mal que se pueda registrar un vehículo? ¿No es sano y lógico presumir que -salvo prueba en contrario- el policía actúa conforme a la ley y no seguir, como pasaba, que el agente que disparó era tan sospechoso como el delincuente? ¿No es legítima defensa que el modesto comerciante de barrio, una de las víctimas más comunes, se defienda del asalto a su negocio para robarle el fruto de su trabajo?
Estas normas son fundamentales, por sí mismas y por lo que ya han representado como apoyo moral y psicológico a las fuerzas del orden.
En la educación tenemos otra situación muy trascendente. Se viene de presentar el Plan Nacional de Educación, mientras se avanza, pese a las enormes dificultades generadas por la pandemia, en cambios curriculares y metodológicos que actualizarán una educación para el mundo digital que ha irrumplido con velocidad avasallante. Las Direcciones Generales de las cuatro ramas del sistema, vienen trabajando con eficacia y la prueba es que la excepcionalidad de estos meses, no nos ha significado una caída en los rendimientos escolares. Como bien se ha dicho, es la primera vez que permanecer igual es una buena noticia.
¿Podemos imaginar lo que sería reimplantar un Consejo de Secundaria, con la Fenapes adentro? Las revelaciones de los abusos de los dirigentes gremiales y la debilidad de los Consejos frente a ellos, son terminantes para demostrar que la educación no era gobernada por quienes eligió la ciudadanía sino por corporaciones solo representativas de intereses particulares. Las actas publicadas, donde los Consejeros oficiales procuraban, acosados, ocultar los desvíos probados de los dirigentes, son testimonios irrefutables.
En el Codicen están representados los profesores por dos miembros electos por ellos, como hasta hace poco lo fue el propio Presidente Dr. Robert Silva. No se ha silenciado la voz docente ni se desconoce su opinión. Por el contrario, está donde importa y no en una administración a la que tergiversaron con su abuso. Esa situación no daba para más. Había que rescatar para el Estado la capacidad de administrar y gobernar un servicio de tanta importencia.
Lo indiscutible es que hoy ya el país tiene una perpectiva en la aplicación de la ley. Ninguna de las tragedias anunciadas han ocurrido. Por el contrario, los ciudadanos pudieron usar su portabilidad numérica en el celular. Y los consumidores sabemos que el precio del combustible se compara con el internacional. Y los números de estos meses sobre seguridad hacen verdaderamente irresponsable cuestionar la ley. Tenemos por delante, entonces, un compromiso ciudadano. De todos y cada uno de nosotros. Hay que prepararse para enfrentarlo.
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