Felipe Schipani, diputado de ese sector colorado, dijo que el episodio genera enormes interrogantes y “a priori” se advierte negligencia de las autoridades de la época.
El legislador informó que la intención de crear esta comisión ya le fue comunicada al Partido Nacional, por lo que en las próximas horas se resolverá al respecto.
Por otra parte, Schipani dijo que Ciudadanos decidió votar a favor del desafuero del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
Caso Gilberto Vázquez. En un Tribunal de Honor del Ejército conformado en 2006, el coronel retirado Gilberto Vázquez dio detalles sobre torturas, secuestros y ejecuciones cometidas durante la última dictadura.
También mencionó un supuesto plan del Ejército para asesinar a dirigentes de izquierda en 1989, ya en democracia, porque la “junta de generales” tuvo información de que iban a “haber atentados”.
Las actas de ese tribunal fueron divulgadas la semana pasada, luego de que el Ministerio de Defensa las entregara a la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que había realizado un pedido de acceso a la información pública.
Asimismo, se supo que el 28 de setiembre de 2006 el entonces presidente Tabaré Vázquez y la ministra de Defensa Azucena Berrutti homologaron el fallo de ese Tribunal de Honor.
Desde el Frente Amplio sostienen que los militares que integraron el tribunal que juzgó a Gilberto Vázquez no informaron a las autoridades de gobierno sobre las confesiones de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, el actual ministro de Defensa, Javier García, aseguró ayer lunes que el Poder Ejecutivo de la época tenía conocimiento de todas las actuaciones.
Desafuero de Manini Ríos. El fiscal Rodrigo Morosoli sostiene que Guido Manini Ríos no denunció, cuando era comandante en jefe del Ejército, que el militar retirado José «Nino» Gavazzo reconoció en abril de 2018, ante un Tribunal de Honor, que en marzo de 1973 buscó hacer desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro al arrojarlo al Río Negro.
Morosoli quiere imputar al general retirado basándose en el artículo 177 del Código Penal, que establece que el funcionario público que omitiera o retardare formular la denuncia de cualquier delito de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, de los delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente, será castigado con la pena de tres meses a dieciocho meses de prisión.
Manini, que niega la acusación del fiscal, pidió que el Senado vote su desafuero para poder defenderse ante la Justicia.
La comisión de Constitución y Legislación del Senado se encuentra estudiando el tema.
La votación estaba prevista para este martes, pero el Partido Nacional pedirá aplazar la instancia para seguir analizando el tema.
Una vez culminada esa etapa, el caso pasará al pleno de la cámara, donde la solicitud requerirá una mayoría especial de 21 votos para ser aprobada.