Fue creada por resolución de la Presidencia de la República N° 858/000 del 9 de agosto de 2000.
Estuvo integrada por:
- Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo;
- José Claudio Williman, abogado y político del Partido Nacional;
- Gonzalo Fernández, abogado penalista, representante del Frente Amplio y asesor de Tabaré Vázquez;
- Carlos Ramela Regules, abogado representante del Partido Colorado y asesor del presidente Jorge Batlle;
- Luis Pérez Aguirre, sacerdote jesuita fundador de la sección uruguaya del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ);
- José D’Elía, sindicalista de larga trayectoria y ex Secretario General de la central sindical PIT-CNT.
Los cometidos de la Comisión para la Paz eran:
- Recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la ultima dictadura.
- Recibir documentos y testimonios, debiendo mantener estricta reserva sobre sus actuaciones y la absoluta confidencialidad de las fuentes de donde resulte la información obtenida.
- Elevar la información recibida a la Presidencia de la República, en la medida que entienda que son necesarias actuaciones tendientes a verificar y/o precisar su contenido, para que ésta disponga las averiguaciones que considere pertinentes.
- Elaborar un informe final con sus conclusiones, que debía incluir sus sugerencias sobre las medidas legislativas que pudieren corresponder en materia reparatoria y de estado civil, así como un resumen individual sobre cada caso de detenidos-desaparecidos que fuera puesto a su consideración.
Esta Comisión elaboró un informe sobre 260 denuncias de uruguayos detenidos-desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Dicho informe fue presentado el 10 de abril de 2003 y confirmó la gran mayoría de las denuncias recibidas sobre situaciones ocurridas en Uruguay y buena parte de las denuncias referidas a situaciones ocurridas en el exterior.