El diputado colorado Conrado Rodríguez está promoviendo una iniciativa que permita ofrecer la ciudadanía uruguaya a algunos opositores nicaragüenses al régimen de Daniel Ortega.
Las autoridades nicaragüenses han decidido retirar la nacionalidad “por traición a la patria” a tres centenares de personas entre opositores y críticos con el gobierno de Ortega.
Rodríguez promoverá en el Parlamento una acción legislativa para que la Asamblea General brinde una gracia especial para permitir la ciudadanía a los nicaragüenses.
“En esa situación realmente desesperante donde se le quita la nacionalidad a muchos nicaragüenses, la comunidad internacional ha reaccionado y algunos países se han ofrecido para darle la ciudadanía a estas personas. Yo entiendo que Uruguay que siempre ha estado a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y de la democracia en toda la región, sería fundamental la posibilidad de otorgarle la ciudadanía a aquellos que tengan méritos relevantes”, explicó Rodríguez a Canal 5 Noticias.
Cabe recordar que el artículo 75 de la Constitución establece que “los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial por servicios notables o méritos relevantes” tienen derecho a la ciudadanía legal.
Chile y Argentina también se suman al ofrecimiento de la nacionalidad
Por un lado, el Gobierno argentino afirmó este martes que está en condiciones de otorgar la ciudadanía argentina a cualquiera de los nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad por la administración de Ortega.
La afirmación realizada este martes por el canciller argentino, Santiago Cafiero, fue en respuesta a la declaración del escritor nicaragüense y premio Cervantes de literatura Sergio Ramírez, quien indicó que si Argentina ofreciera la nacionalidad, él se haría argentino.
Por otra parte, el Gobierno de Chile informó este martes que ofrece la residencia y la nacionalidad chilenas a los más de 300 opositores injustamente expatriados en Nicaragua, entre los que se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
“El Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena, según las normas constitucionales y legales que la regulan”, indicó la Cancillería chilena en un comunicado.
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