Este martes 8 de Julio, la Cámara de Diputados sesionará a partir de las 10 horas y se descuenta que terminará votando la investigación parlamentaria de inasistencias presuntamente irregulares de sindicalistas de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes). El diputado Álvaro Viviano (Partido Nacional) confió a La República «hubo conversaciones entre los legisladores y, seguramente, vamos a votar el informe en mayoría todos los legisladores de la coalición de gobierno».
Durante los días 1 y 2 de junio, funcionó una comisión preinvestigadora de la cual emergieron dos informes; el mayoritario fue redactado por el diputado Ope Pasquet (Partido Colorado) y recomienda la investigación parlamentaria de los sindicalistas. El minoritario lo escribió Felipe Carballo (Frente Amplio) y plantea rechazar el pedido de una investigadora. Viviano adelantó a LA REPÚBLICA que la comisión investigadora tendrá siete miembros, de los cuales cuatro serán de la coalición de gobierno y tres de la oposición según lo que se analiza dentro del Palacio Legislativo.
Los cuatro integrantes de la comisión oficialistas serán dos blancos, un colorado y un cabildante. Los blancos serán los diputados Alfonso Lereté (Canelones) y Carmen Tort (Cerro Largo). Como adelantó LA REPÚBLICA el Jueves 3 próximo pasado, Diputados realizará una investigación parlamentaria que carece de antecedentes en tanto que el contralor de las inasistencias en Secundaria implica indagar a sindicalistas.
Informe en mayoría
Sindicalistas y autoridades de la educación pueden tener responsabilidad penal
El informe en mayoría de la Comisión Preinvestigadora por las denuncias de uso irregular de días de licencia por parte de dirigentes sindicales de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria presentadas por el diputado colorado Felipe Schipani será presentado al Cuerpo por el representante Ope Pasquet (Ciudadanos). Recomienda la investigación parlamentaria del gremio. El siguiente es un resumen del informe que fuera votado el miércoles pasado por Pasquet y la representante de Paysandú Nancy Núñez (Partido Nacional).
El pasado 31 de mayo el Representante Nacional Felipe Schipani presentó a la Cámara una denuncia según la cual un profesor de Educación Secundaria y dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) habría omitido reiteradamente el cumplimiento de sus obligaciones como profesor de Historia en el Liceo No. 1 de San José durante los años 2016 y 2017, sin ser sancionado ni dejar de percibir su remuneración por ello, para lo cual indujo en error a la Dirección del liceo, presentándole documentos que le hicieron creer que las inasistencias estaban amparadas por un convenio entre el sindicato docente y las autoridades de Secundaria que en realidad no existía.
También expresa el diputado Schipani en su denuncia que en la misma práctica habrían incurrido otros docentes y dirigentes de Fenapes y que el Consejo de Educación Secundaria de la época tomó conocimiento de los hechos, pero no sólo no los sancionó sino que procuró que no llegaran al conocimiento público, para evitar el desprestigio de los involucrados en la maniobra. Los hechos señalados perjudicaron evidentemente a los estudiantes del liceo de San José que no tuvieron clases como consecuencia de la inasistencia contumaz de su profesor, quien no sólo faltaba sino que además lo hacía sin dar aviso con la anticipación necesaria para que fuera posible convocar a un suplente.
También se perjudicó el Estado, en cuanto pagó por servicios que no recibió, sin causa que lo justificara. Una de las pruebas presentadas por Schipani fue un expediente del Consejo de Educación Secundaria (CES), obtenido por el legislador mediante un pedido de informes, incluyendo el informe jurídico de la Sala de Abogados del Consejo de Educación Secundaria, el cual afirma que no existía fundamento para justificar las inasistencias del profesor. Otras pruebas consisten en las actas de las sesiones del CES celebradas en el año 2017 en las que se trató el asunto y las actas de las reuniones entre el CES y los dirigentes de Fenapes en las que se abordó el mismo tema.
De las actas surge con claridad que no sólo el profesor de Historia del liceo de San José registraba gran cantidad de inasistencias sin justificar, sino que lo mismo sucedía con otros profesores y dirigentes de dicho sindicato. Surge asimismo de la documentación referida que dos de los tres integrantes del Consejo de Educación Secundaria de la época expresaron su voluntad de justificar las inasistencias en consideración, pese a la inexistencia de norma alguna que las amparara, así como su preocupación ante la posibilidad de que los hechos llegaran al conocimiento público, exponiendo al «escarnio» a los docentes involucrados. Uno de los integrantes del Consejo llegó a decir que la justificación de las inasistencias era un acto «político», por lo cual se debía ser «discreto» en el manejo del asunto.
Estamos ante hechos que emergen probados de expedientes y actas oficiales y que sólo pueden calificarse de graves: profesores que, invocando su calidad de dirigentes sindicales, pretendían ampararse en un convenio inexistente para justificar el contumaz incumplimiento de sus obligaciones funcionales y, lo que es aún más grave, un CES que, en conocimiento de tales hechos, no sólo no quiso sancionarlos sino que pretendió ocultarlos del conocimiento público para evitar el desprestigio de los involucrados en la maniobra.
Empleamos deliberadamente el término «maniobra», porque maniobra o artimaña era la presentación ante el liceo de San José de formularios con membretes de Fenapes y del PIT-CNT, firmados por el presidente de Fenapes, en los que se invocaba un convenio inexistente para justificar inasistencias, induciendo así en error -es decir, engañando- a la Dirección del liceo. Esta conducta puede tener, obviamente, relevancia penal, como también podría tenerla la omisión de los miembros del CES en denunciarla. La oportunidad de la investigación parlamentaria no podría discutirse, invocando que las actuales autoridades de la Educación Pública han dispuesto una investigación administrativa en la materia.
Además, las investigaciones administrativas y parlamentarias tienen fines distintos, que pueden perseguirse independientemente. La investigación administrativa puede conducir a la imposición de sanciones de ese carácter. La investigación parlamentaria, en cambio, procura hacer efectivas las responsabilidades políticas que puedan corresponder (Ley Nº 16.698, artículo 21).
El Parlamento uruguayo acoge un criterio amplio de lo que es la «responsabilidad política», entendiendo por tal no sólo la que se hace efectiva por la aplicación de los artículos de la Constitución referidos a los ministros sino también la que se hace efectiva por el juicio de la opinión pública acerca de los hechos que se investigan y se dan a conocer. Ese juicio puede alcanzar tanto al ministro que se encuentra desempeñando el cargo al tiempo de la investigación, como a quien lo desempeñó en el pasado, cuando ocurrieron los hechos objeto de la investigación. Si no fuera así, sería muy fácil eludir las investigaciones parlamentarias: bastaría con cambiar a tiempo los ministros.
Comentarios