La situación del ex Ministro Adrián Peña, se ha dado vuelta: luego de haber dicho que le faltaba un curso para la Licenciatura, la Universidad Católica ahora, formalmente, reconoce que completó sus estudios y que no le falta nada. O sea ya está licenciado y la Universidad inició el trámite del título. Ya puede ejercer si lo quisiera.
El daño ha sido grande, porque el gobierno perdió un buen Ministro y él padeció una tremenda tortura moral, que enfrentó con transparencia y valentía. Él tenía la idea de que ese curso práctico de solo una semana lo había cumplido, pero no la certeza. Cuando Búsqueda da la noticia de que invocaba un grado universitario que no tenía y que le faltaba esa prueba, consultó a la Universidad y como no apareció el registro de su cumplimiento, renunció al Ministerio, reconoció públicamente su error y se presentó inmediatamente a la Comisión de Ética del Partido para que lo juzgara. Esta Comisión escuchó sus descargos, evaluó con ponderación todos los elementos en juego y emitió un fallo considerando «impropia» su conducta y haciéndole un «apercibimiento«.
El Partido, que sufrió el episodio, actuó con limpidez. No barrió hacia adentro, como suele decirse en estos casos. No hizo lo del Frente con la decena de episodios en que se abroqueló detrás de los infractores. Igualmente hablaban de que este caso era igual al de Sendic, que cayó por otras circunstancias y no por la carrera inexistente. En todo caso, la situación era absolutamente incomparable, porque en el caso de Peña la carrera existía, los exámenes estaban dados, la tesis aprobada y solo faltaba para la Licenciatura, aparentemente, un pequeño curso práctico. Había un error, sin duda, pero la atribución de su título no le había significado ningún beneficio y tampoco perjudicado a nadie. Cayó en un pecado muy uruguayo, porque nuestra aristocracia son los títulos, como es natural en un país republicano y de inmigrantes. «Mi hijo el doctor«, lo escribió Florencio Sanchez hace 120 años, aludiendo a ese sueño profesional de los inmigrantes.
La Universidad muestra dos hechos: un error burocrático y la honradez de investigar a fondo hasta aclarar la situación. Nos consta que fue una disposición del Rector, Padre Julio Fernández Techera, que lo enaltece. La Universidad ha explicado que el error obedecía a que no figuraba la inscripción de Peña en el citado curso, aunque luego se encontró en la libreta del profesor su escolaridad y en el acta final su cumplimiento. La verdad es que Peña siempre nos dijo que él estaba convencido de haber cumplido ese curso, pero habiendo llevado adelante la carrera a lo largo de varios años e interrupciones podía estar equivocado como surgía de la Bedelía universitaria.
No han faltado, como es habitual, voces draconianas reclamando «sanciones ejemplarizantes» y es bueno recordarlo en esta hora, no para reprochar, pero si para aleccionar. Ante todo, entender que todas las sanciones, sean penales o morales, tienen grados, porque no es lo mismo una falta que otra y la del caso, si bien grave, no era extrema. Eso es justicia y no venganza, como ocurre cuando se responde al griterío del momento. Bien sabemos también, que estas cosas desatan sentimientos escondidos, muchos oscuros, y que del árbol caído es fácil hacer leña. Hasta algunos preguntaban públicamente si esto no ameritaba la pérdida del estado parlamentario, cuando es un cargo elegido por la ciudadanía y que solo en casos graves de delito puede estar en juego. Aquí, además, no había ningún delito, ni grande ni pequeño, porque no había ejercido la profesión, no había actuado en ese carácter, no lo precisaba para ser Ministro o Senador, de modo que estábamos ante una posible falta, pero no un delito.
Al final de cuentas, una reivindicación oportuna, que lejos de quedar como una mancha, luce como lo contrario. La cicatriz del padecimiento siempre queda, pero es una honrosa cicatriz hija del siempre duro oficio de la política.
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