A fines de abril, sentencias de juzgados de familia obligaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a brindar soluciones habitacionales a familias que habían sido desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo, en el barrio Santa Catalina de Montevideo.
Estas acciones legales habían sido promovidas por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El 5 de mayo, la Justicia sancionó con 3 millones de pesos al Ministerio por no concretar una solución habitacional.
El subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, señaló que los abogados de esa cartera entendieron que «había cierta parcialidad del juez en la toma de decisión».
Hackenbruch sostuvo que los derechos programáticos como el trabajo y la vivienda son una intención. «Todos tenemos derecho al trabajo, pero hoy hay niveles de desocupación alto, producto de la crisis y la pandemia», reflexionó a modo de ejemplo.
«El ministerio no tiene una cartera de vivienda que no entrega porque es malo», dijo. Subrayó asimismo que todos los gobernantes quieren que los ciudadanos tengan las necesidades básicas satisfechas y un hogar digno.
«Hoy arrancamos con 650 asentamientos y 60.000 viviendas de déficit», manifestó. Y añadió a continuación: «Eso no se arregla con una decisión judicial».
Consideró que el método de acción de amparo para personas desalojadas no es la forma de lograr una vivienda para las familias.
«Los convenios internacionales no obligan al Estado a entregar una vivienda», acotó.
Ley de Urgente Consideración
«La LUC, que ahora se quiere derogar, permite que se puedan rematar bienes en desuso del Estado y que esos recursos vayan al plan de Mejoramiento de Barrios.(…)Por esa vía estimamos recaudar entre 80 y 100 millones de dólares», sostuvo.
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