Hace unos días, se desató en la Argentina un debate cuando la empresa Toyota dijo que no encontraba, para su fábrica de la localidad de Zárate, 200 trabajadores con la Secundaria completa.
La patria de Sarmiento, en los nuevos tiempos históricos de la sociedad posindustrial, digital o del conocimiento, como queramos llamarle, no puede proveer, en una zona relativamente desarrollada, empleados con esa formación mínima.
En la República de José Pedro Varela, las personas ocupadas hoy en Uruguay solo terminaron Secundaria el 26% si son hombres y el 41% si son mujeres. Esos números alarmantes reflejan el pasado, pero el presente no es mejor, porque hoy estamos en un promedio de 40% de aprobación y una situación claramente deficitaria en los adolescentes de contextos más desfavorecidos.
La batalla empieza entonces desde el principio. Cuando creamos los CAIF, allá por 1988, en el Ministerio de Trabajo de Hugo Fernández Faingold, visualizábamos la necesidad de comenzar a luchar contra las desventajas desde el principio, en los menores de 3 años, edad a partir de la cual el sistema de educación comenzaría a hacerse cargo. Tres décadas después la herramienta ha demostrado eficacia: ha llegado, en un trabajo asociativo de Estado y sociedad civil, a enfrentar las carencias de los más desvalidos.
A la inversa, 15 años de política asistencialista (y clientelística) en el Mides frentista, mostraron su fracaso. Se gastó mucho y repartiendo dinero simplemente se congeló la pobreza. No siempre la ayuda llegó realmente a los niños y no se avanzó en la formación de los necesarios hábitos de pensamiento y conducta imprescindibles, para que la educación formal pueda cumplir su labor en condiciones razonables de equidad y eficacia.
Por esas razones, hemos apoyado calurosamente -en lo personal y como Partido Colorado- el Programa de Primera Infancia que se elaboró en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en colaboración con el INAU. Así lo expresamos cuando nos lo planteó el Ministerio de Economía, informándonos que la Rendición de Cuenta de este año solo ampliaba el gasto público en la aplicación de ese programa y el programa de erradicación de asentamientos. La base de esa idea era repotenciar los CAIF, ampliarlos no solo cuantitativamente sino cualitativamente, al fortalecer la capacidad de evaluación y focalización del INAU.
Todavía hoy el porcentaje de niños de esa edad que no asisten a ningún centro educativo es enorme, especialmente en los pertenecientes a los dos quintiles más deprimidos de la sociedad.
Se procura un aumento de los recursos para focalizarlos precisamente en ese sector más necesitado de atención, al que hay que llegar con más y mejores CAIF. Al mismo tiempo, armar un sistema de evaluación del “desarrollo integral” del niño y su familia para poder monitorear su evolución. Eso requiere, por supuesto, un INAU fortalecido en su capacidad de información y coordinación de los servicios involucrados (Mides, ASSE, Trabajo, Vivienda).
Generado un auspicioso consenso sobre este particular, se ha planteado últimamente la idea de un bono en dinero, $ 2.500, que llegaría a los sectores carenciados con niños menores de 3 años. El Presidente de la República, como lo ha hecho con otras necesidades producto de la pandemia, la acogió y nos parece una respetabilísima reacción solidaria. Del mismo modo que se plantearon los jornales de trabajo a término con las Intendencias u otros beneficios transitorios incluidos en el Fondo Covid. No creemos, sin embargo, que la contribución propuesta pueda ser un programa permanente: la experiencia del Frente Amplio ha demostrado que esa distribución de dinero, no incide en quebrar el círculo vicioso de la pobreza.
La acción de promoción social es la adecuada distribución de bienes públicos, para actuar directamente sobre ese niño necesitado de cuidados, alimentación, atención y formación. Del mismo modo que sus padres, normalmente sus madres, muchas de ellas jefas de hogar, necesitan, justamente, que alguien los ayude en su crianza, les dé tiempo para trabajar y les apoye con sus hijos. Es a estos, directamente, a quienes tiene que llegarse.
Se sabe que las desventajas en esos tres años iniciales, difícilmente se recuperan. Es la misma idea con la cual en su día se desarrolló la educación preescolar, los viejos “jardines de infantes”, para que el niño que llegara a los 6 años a la escuela estuviera en condiciones de absorber la educación. Así universalizamos la prestación a los de 5 años en nuestra Reforma de 1995 y comenzamos el avance sobre los de 4 años, hoy también muy avanzado.
Estamos entonces ante una real apuesta al futuro social y económico del país. El trabajo es cada día más exigente en calidad. Quienes no asisten a un centro educativo antes de los 4 o 5 años, difícilmente terminen Secundaria. Está estudiado y demostrado. Allí está el núcleo duro de la pobreza y ese es el que nos desafía. No podemos resignarnos a que esos niños no tengan lugar en esta nueva economía y, por lo tanto, dejen de ser auténticos ciudadanos para quedar marginados de la sociedad. Seguirá habiendo gente más acomodada o más pobre, pero esta debe tener su oportunidad en la vida. El intento de dársela siempre valió la pena en nuestro país. Desde las escuelas de Varela, las preescolares de Enriqueta Compte y Riqué, los talleres de Pedro Figari o los establecimientos de tiempo completo de Germán Rama. Hay que seguir sus pasos.
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