Luego de un largo trayecto de análisis, información y deliberación, tenemos un proyecto de reforma de la seguridad social. Como es notorio, la LUC creó una Comisión de Expertos, con el fin de trabajar en el tema. En noviembre de 2020 se integró con sus 15 miembros, representativos de todos los partidos políticos y corporaciones gremiales principales.
Se recibió a todo el mundo y se produjeron informes copiosos. Sin excepciones se reconocía que algo había que hacer hacia el futuro, para no caer en la insustentabilidad del régimen, o -lo que es lo mismo- en el desarreglo fiscal de un Estado, que ya en 1995 tuvo que hincarle el diente cuando se hacía ya insostenible. Al final, en octubre de 2021, la mayoría de la Comisión, 9 sobre 6, hizo una propuesta general. Y el gobierno formuló un anteproyecto que, sometido a la consideración del Frente Amplio y de los partidos de la coalición, luego de numerosas modificaciones, se ha transformado en proyecto formal.
El Frente Amplio recibió el texto de manos del propio Presidente de la República. No presentó ninguna alternativa. Guardó estratégico silencio mientras se negociaba en la coalición, para acordar un texto. Finalmente, esta semana se resolvió presentar el proyecto definitivo, cumpliendo así, la Coalición, el compromiso asumido públicamente antes de la elección.
Por supuesto ya hay voces muy representativas del Frente Amplio que están planteando suprimir el ahorro voluntario y las AFAP. No lo hicieron en 15 años de gobierno, pero levantan ahora esa presunta «bandera» con la misma falsedad con que anunciaban las catástrofes que iba a producir la LUC.
Como bien se sabe, el sistema fue reformado en profundidad en 1995, cuando había llegado a la insustentabilidad. Allí fue, cuando, justamente se creó ese «segundo pilar» del sistema. Desgraciadamente, en 2008, cuando eran notorios los resultados alcanzados, en nombre de una euforia fiscal basada en la bonanza de los precios internacionales, se presentaron generosas modificaciones. Se afirmaba, cálculos en mano, que sobraba el dinero y de un día para el otro, en pocos meses, se añadieron no menos de 50 mil jubilados sin aportes suficientes y se abrió la compuerta de las jubilaciones probadas por testigos, que otrora desfondaron las viejas Cajas con historias laborales fraudulentas. El hecho es que así se llegó a una situación en que los Presidentes Vázquez y Mujica, tanto como el Ministro Astori, rector económico en el período frentista, afirmaban categóricamente que había que hacer una reforma y ajustar las edades de jubilación a la nueva realidad demográfica. Por eso insistimos desde el primer día en que este es un tema ético de todo el sistema político, que demostrará estar a la altura de sus responsabilidades hacia las nuevas generaciones o rehuirá el desafío.
Desde 1985 hasta hoy, la expectativa de vida al nacer de un uruguayo aumentó 7 años, de 73 a casi 80: felizmente vivimos más años y además mejores. Al mismo tiempo, ha caído la natalidad: en solo 24 años, pasamos de 60 mil nacimientos en 1996 a 40 mil en 2020.
Para encarar esa realidad insoslayable, la reforma propone un sistema de prolongada gradualidad: el nuevo sistema entra en vigencia recién en el 2036 paras los nacidos antes de 1973, o sea quienes hoy tienen solo 49 años. Son los primeros uruguayos que necesitarán 63 años para jubilarse. Hasta entonces, todos quienes se jubilen lo hacen por el sistema actual, de modo que amenazas, alarmas de catástrofes y toda clase de mentiras ya en marcha son eso: desesperados intentos de un Frente Amplio que parecía que no piensa retornar al gobierno.
El primer uruguayo que se jubilará a los 65 años, verá pasar cuatro elecciones y cinco campeonatos mundiales.
¿Por qué tan gradual? Porque hoy, todavía, podemos. Porque el gobierno hoy tiene un razonable equilibrio fiscal, pero no puede ignorar que la demografía nos va llevando a un régimen que llegará a la crisis. Hoy podemos hacerlo con parsimonia. Lo contrario sería, como lo ejemplifican dramáticamente, la Caja de Profesionales y la Caja Bancaria, seguir tirando el tema hacia adelante y llegar al borde de la cesación de pagos, como están esas dos instituciones.
¿Qué se gana entonces? Que hay un horizonte definido. Que desde ya se hace legal la posibilidad de estar jubilado y volver a trabajar. La creación de un suplemento solidario que se añade a toda jubilación menor a 42 mil pesos. Se ganan más derechos para las mujeres, que computarán un año más de trabajo por cada hijo. Se gana que un sistema reformado les ofrece seguridad a todos los trabajadores del país y prioriza a los más necesitados.
De este modo, el conjunto de nuestra sociedad ratifica el inconmensurable valor de la certeza, de la credibilidad, de la demostración de un gobierno que mira hacia adelante, que, sin ningún apremio financiero, podría distraídamente no hacer nada, pero asume la responsabilidad de apuntar hacia los necesarios cambios estructurales.
El mundo está en medio de la incertidumbre. El Fondo Monetario anuncia que económicamente «lo peor está por venir». Este país, nuestro país, ha demostrado capacidad para enfrentar la pandemia y el primer choque de la guerra europea. Podrá capear el próximo temporal si preservamos esa credibilidad para defender el empleo genuino y financiar las reformas educativas y de infraestructura en marcha.
¿No vemos lo que pasa a nuestro alrededor? ¿No observamos el drama que significa ver caer la moneda nacional como se sufre en la Argentina?
Este ha sido siempre un país en serio. Y este es un paso en serio de un gobierno en serio.
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