El Poder Ejecutivo resolvió este jueves «mantener sin cambios» el precio de los combustibles, «incluso cuando la brecha entre las tarifas locales al público y la referencia determinada por los Precios de Paridad de Importación (PPI) se amplió durante el último mes», informó el Ministerio de Industria (MIEM).
Según los cálculos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), si se considera la proyección al surtidor y si la referencia del PPI se trasladara a los precios finales al público, las naftas deberían haber subido $ 8,34 por litro y el gasoil unos $ 11,01 por litro aproximadamente. Eso reflejaría una variación del 10,3% y 16,9%, respectivamente.
Actualmente las tarifas al público no están alineadas con el PPI, dado que la decisión de las autoridades en los últimos meses ha sido la de ajustar las tarifas parcialmente, es decir, sin trasladar la totalidad del aumento que indica Ursea.
Es decir que actualmente hay un desfasaje de $ 8, 34 en naftas en comparación con la referencia internacional y de $ 11,01 en el gasoil. Actualmente, el litro de gasoil 50S cuesta $ 64,99. Si se trasladara toda la suba que indica el PPI más las otras variables que considera el MIEM, el precio en el surtidor debería aumentar a $ 76 por litro y en el caso de la nafta súper 95 la nueva tarifa sería de $ 89,22 (actualmente el litro cuesta $ 80,88).
Tras la no modificación de las tarifas, los precios del litro de combustibles a partir del 1 de julio serán los siguientes: nafta super 95 tendrá un costo de $ 80,88 el litro; la nafta premium 97 $ 82,85; el gasoil 50 S $ 64,99 y gasoil 10 S $ 75,3.
«El Gobierno continuará atento a la situación internacional, apoyando la competitividad de las empresas uruguayas y evitando aumentos al consumidor», remarca el comunicado de Industria.
Además, se señala que la situación financiera de Ancap «permanece controlada», lo que «permite beneficiar a la población sosteniendo el precio de los combustibles, a pesar de los nuevos aumentos en el mercado internacional».
El informe de Ursea es uno de los insumos -junto con un informe financiero de Ancap que no es público- en los que se basa el Poder Ejecutivo, desde junio de 2021, para definir mes a mes el ajuste al alza o a la baja de las tarifas de los combustibles.
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