Una resolución de la Justicia condenó al Estado a pagar multas a familias que habían sido desalojadas de un predio que ocupaban en la zona de Santa Catalina. El subsecretario de vivienda, Tabaré Hackembruch, dijo en Informativo Uruguay que el Ministerio cumpliendo con esa resolución judicial vulnera el derecho de las personas que por medio de los programas oficiales esperan el acceso a una vivienda.
“Hay un mal mensaje” si quienes primero, ocupando, actuaron ilegítimamente, luego, a través de una resolución judicial, acceden antes a las viviendas, afirmó. Puntualizó, además, que el Estado no dispone de un stock de viviendas con el que solucionar de inmediato la situación habitacional de quien eventualmente es desalojado por estar ocupando, sino que va desarrollando planes para generarlas.
Agregó que si bien se aspira a que todas la familias tengan vivienda, la normativa no establece la obligatoriedad de que el Estado se las proporcione. “Ojalá pudiéramos”, afirmó.
El Estado va a cumplir con la Justicia, pero va apelar las instancias necesarias, adelantó Hackenbruch. En su opinión no hubo una mirada global del tema.