Hasta el último día, el Frente Amplio exhibe, incluso con grosería, su dogmatismo, su espíritu autoritario, esa sensación de que se siente impune para hacer valer su hegemonía política especialmente en el ámbito estratégico de la cultura.
Así se da el acto grotesco de cerrar apresuradamente el sumario en curso a los Inspectores y Coordinadores de Enseñanza Secundaria, despachándolo con tres días de suspensión cuando corresponde, «preceptivamente», la destitutión.
El hecho sin precedentes es que, en plena campaña electoral, emiten un comunicado proclamando su voto en favor del Ing. Martínez, bajo el rótulo de su condición funcional. Tanto es así que su proclama empieza diciendo: «Los Inspectores y Coordinadores del Consejo de Educación Secundaria constituimos el cuerpo técnico nacional de mayor jerarquía de nuestra institución». O sea que se actuaba abierta y desembozamente explicitando sus jerarquías, para que le quedara claro -incluso- a los profesores sometidos a su supervisión técnica.
Pues bien, ese acto choca frontalmente con las normas. Para empezar la constitucional (art. 58°) que, luego de afirmar que «los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política», prohibe toda actividad «proselitista de cualquier especie» en los lugares de trabajo y dispone luego que «No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones publicas o invocándose el vínculo que la función determine en sus integrantes».
Está claro que la norma alcanza a este grupo colectivo, que se congrega con un fin proselista por medio de una proclama.
La norma constitucional tiene un desarrollo aún más específico en el Estatuto del Funcionario Docente, cuyo artículo 3°, inc. e) establece entre los «deberes específicos», lo siguiente: «Abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes o el nombre del Ente sean usados con tales fines. La violación de este inciso será preceptiva causal de destitución».
Más claro, echarle agua. En el caso estamos ante una definición política que se hace con referencia específica al cargo jerárquico de la adminsitrción. Estamos hablando de Inspectores, cuya tarea es de gran responsabilidad, donde la imparcialidad del juicio se hace imprescindible. ¿Qué puede pensar un profesor de historia que tiene que dar «historia reciente» bajo la supervisión de un Inspector que ya ha proclamado su definición política?
Lo legal es clarísimo, pero tanto o más lo es lo ético, lo moral. Porque esta actitud es reveladora de un desprecio absoluto sobre los deberes de imparcialidad, aun de laicidad en un sentido amplio del concepto. Se trata de las mayores jerarquías del sistema docente; no son uno o dos profesores perdidos, que se extraliminaron de pronto en un momento de apasionamiento. Son 25 funcionarios de ese nivel que se agrupan para decir que votan a Martínez y hacen un largo alegato sobre la necesidad de que siga adelante el gobierno de la educación que ellos integraron.
Si flagrante fue el acto de los Inspectores, lamentable es la decisión del Codicen que ahora sale a defender su permanencia, con la payasada de una sanción de tres o cinco días. Se sabe que están haciendo lo mismo con otros episodios menores en que también buscan clausurar los sumarios para atar las manos del nuevo Codicen.
En aquel momento, aquella inmoralidad se acompasaba con la proscripcion del popular cantantes Lucas Sugo. Hoy -para completar el panorama de la intolerancia- se dispone en Canelones el cambio de nomenclator con un fin incuestionable de tergiversar la historia y agredir al Paritdo Colorado, sobre todo por lo que él representa.
Que en Shangrilá se cambie el nombre de «Batlle y Ordóñez» para poner el de Germán Araújo es un agravio a la razón. El más grande estadista del siglo XX uruguayo desplazado por el de un agitador de dudosa moralidad política, que incluso fue cesado de su cargo de Senador por su inconducta.Esta expulsión, propuesta nada menos que por el Dr. Enrique Tarigo, obedeció a la organización de una asonada, con agresiones físicas y graves a legisladores, en el Parlamento y aun en sus domicilios, como consta en la versión taquígráfica del parlamento del 22 y 23 de diciembre de l986. Sesión, además, en donde también se recuerda que este «campeón» de la lucha contra la dictadura, se arrastraba delante del general Iván Paulós, Director de Intgeligencia del régimen, para reclamar favores. En otro plano, desplazar del nomenclator de la rambla de la Ciudad de la Costa a «Tomás Berreta», el más célebre de los políticos de Canelones, es un error en cualquier caso. Aun en el de sustituirlo por una figura tan apreciada y respetable como la del general Seregni, que a pocos metros está más que homenajeado con su nombre en una principalísima ruta nacional como la Interbalnearia. Po último, ponerle Salsipuedes a la calle Bernabé Rivera es el mismo acto de «ignorancia y mala fe» de que hablaba Lincoln Maiztegui cuando aludía a la patraña del «genocidio charrúa», a la que tantas veces hemos referido.
La cuestión fundamental es que, una vez más, el Frente Amplio exhibe su irrespeto por la opinión ajena, el abuso de poder, la pretensión constante y desembozada de imponer su «relato», sea como fuere. Hasta el último día y a como dé lugar. Felizmente, esta vez perdieron.
Publicado en: Correo de los Viernes.
