Hace pocos días, la arbitraria Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria, autoerigida desde hace algunos años en un tribunal oficial de justicia histórica, colocó una placa en el lugar que se supone ocurrió el combate de Salsipuedes, o -como dice el historiador Acosta y Lara- la «guerra de los charrúas».
Podemos aceptar que el hecho mereciera recordarse porque es uno de los últimos episodios de los choques entre la sociedad hispano-criolla y los retazos remanentes de la etnia charrúa, disminuida desde hacía muchos años. Luego de las persecuciones sufridas en Entre Ríos y dos siglos de asimilación de la mayoría indígena, de origen fundamentalmente guaraní, poco quedaba de esa primitiva tribu charrúa.
Con todo, el episodio no fue el último, porque bien podría añadírsele el del cruel asesinato de Bernabé Rivera, ocurrido poco después en Yacaré Cururú a manos de los remanentes grupos charrúas que, como se advierte, no habían desaparecido en ese presunto genocidio del que falsamente suele hablarse.
La cuestión merecería un tratamiento serio y honesto, sin anacronismos absurdos, porque tan falso como decir que entonces «masacraron a gran parte de la nación charrúa», asesinando «ancianos», es lo que afirmó uno de los oradores del acto, añadiendo que Salsipuedes es «evidencia histórica de un proceso continuo de violación que se perpetúa hasta nuestros días». ¿Hasta nuestros días, etnias indígenas sometidas?
Por supuesto, una vez más se responsabiliza al Presidente de la República General Fructuoso Rivera, a quien por unanimidad la Asamblea General le había encargado la restauración del orden en la región y la preservación de la vida de los habitantes constantemente amenazados, saqueados, raptados y asesinados. Según la crónica de «El Telégrafo» de Paysandú tampoco faltó, para nosotros en lo personal, algún cuestionamiento por sostener lo que sostienen todos quienes se han asomado al tema, seriamente, desde la historia o la antropología.
Es realmente increíble que en una sociedad como la nuestra, amalgama de gente de los más diversos orígenes, se hable de pueblos sometidos, como si tuviéramos todavía poblamientos indígenas. En la estructura biológica de un uruguayo contemporáneo hay rastros de los más diversos orígenes, europeos, africanos, asiáticos, como lo han venido demostrando los recientes estudios del ADN. Eso, sin embargo, no es lo importante para quienes, desde una visión humanista, impugnamos toda concepción racista, porque lo que importa es la cultura, los modos de pensar y vivir, la lengua, los sistemas de valores. En esa dimensión nuestra sociedad es, felizmente, un ejemplo de integración, más allá de las diferencias sociales, económicas y políticas propias de una vida democrática y plural.
Como dice Lincoln Maiztegui, destacado historiador de origen blanco, hablando de Salsipuedes, «en realidad nadie saber con certeza lo que aconteció. Lo único indiscutible es que el país entero -indios asimilados incluidos- en 1831 pedía a gritos una acción drástica porque la amenaza que constituían era pavorosa». Quizás la más clara prueba de ese espíritu, es la orden que Juan Antonio Lavalleja, por entonces Gobernador Provisorio, le da la orden a Fructuoso Rivera, Comandante de la Campaña y poco después Presidente, de «proceder con mano de hierro» frente a los «excesos cometidos por charrúas». Dispone, en febrero de 1830: «…para contenerlos en adelante y reducirlos a un estado de orden y al mismo tiempo escarmentarlos, se hace necesario que tome las providencias más activas y eficaces… Dejados estos malvados a sus inclinaciones naturales y no conociendo freno alguno que los contenga, se librarán sin recelo a la repetición de actos semejantes al que nos ocupa».
Podríamos seguir acumulando claros testimonios de la insostenible situación que se vivía y del ánimo humano del Presidente Rivera, que, como dice José Enrique Rodó, en su larga trayectoria militar, nunca derramó sangre que no fuera en combate. Que fue lo que pasó allí. Rivera quería la pacificación y creía que era posible. No lo fue, se trabó ese combate, hubo desgraciadas muertes de ambos lados, pero 300 prisioneros hablan del ánimo magnánimo de quien no caía nunca en la tentación de la venganza.
Lo inaceptable es que instituciones del Estado se crean en el derecho de retorcer la Ley No. 19.641 que cometió establecer sitios de Memoria Histórica sobre el «pasado reciente» para llevarla hasta un episodio de abril de 1831. Así lo entendió oportunamente la Fiscalía de Gobierno y así lo dice la intención inequívoca de la norma. Desgraciadamente un «charruismo» trasnochado y antihistórico no ceja en su empeño de denostar al caudillo más popular de la revolución de la independencia, instalando además en la sociedad uruguaya una suerte de culpa colectiva que intenta herir nuestra identidad nacional. Lejos de ello, nuestra nación, oriental primero, uruguaya más tarde, es el resultado exitoso de un largo proceso de construcción social, en que se mezclaron los españoles y portugueses con la escasa población indígena, al tiempo con el aporte africano y más tarde con los aluviones inmigratorios que a finales del siglo XIX y comienzo del XX de algún modo lo refundaron con gente de los más diversos orígenes. Naturalmente, son procesos complejos, nunca lineales, a veces se generan rezagos pero nuestras instituciones republicanas amparan a todos bajo sus leyes.
Es triste tener que estar en estos debates antihistóricos, cuando tantas causas nos convocan desde el pasado para entender el presente y seguir mirando adelante. En cualquier caso, no cejaremos en nuestro empeño.
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