os senadores estaban reencontrándose en el ambulatorio de la cámara alta al cabo de las tres primeras horas del llamado a sala que se hizo ayer al ministro de Industria, Omar Paganini, y al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, por la cuestionada obra millonaria del Antel Arena durante los gobiernos del Frente Amplio. Es un clásico momento que se da siempre previo a las conferencias de prensa que los legisladores suelen hacer en el primer corte de las interpelaciones, y en el que las bromas suelen surgir para descomprimir.
Pero esta jornada parlamentaria, muy parecida a tantas otras, tuvo particularidades que el senador blanco Sergio Botana resumió en un chiste justo cuando su correligionario Jorge Gandini saludaba personalmente a Paganini: “¡Qué lindo es cuando un interpelante y un interpelado se dan las mano! ¡Esas cosas que tiene la República!”.
Es que la convocatoria fue realizada por la bancada oficialista a las autoridades de su propio gobierno, excepcionalidad que el Frente Amplio señaló para sostener su visión de que el objetivo era armar un “circo”, por lo que no se contó con ningún representante de la coalición de izquierda en la sala. Y esto motivó un especial cruce dialéctico sobre el mensaje o el valor simbólico de tal gesto político, que la oposición tradujo como “señal de protesta institucional”.
Pero eso no quitó que las acusaciones, vertidas en una sesión extraordinariamente más corta que lo que suelen durar las convocatorias de este tipo, no fueran graves, agudas y pronunciadas con la vehemencia de quien enfrenta al interlocutor más duro.
En espacio de pocas horas, luego de repasar las pérdidas que tuvo la obra -un sobrecosto de US$ 63 millones-, las irregularidades en el proceso de inversión y ejecución del emprendimiento encontradas por la auditoría que encargó Antel a la consultora Ecovis, y el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública -que entre otras cosas definió que hubo “violación a principios y normas de conducta”-, Gandini acusó al FA directamente de haber cometido “corrupción” y el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, reveló dos hechos que debilitaron dos argumentos de peso usados por el FA para defender la legalidad de la construcción del Antel Arena.
De todos los ejes abordados, Gandini subrayó especialmente dos, que son, dicho por el propio Gurméndez, “noticias” aportadas a lo que ya era de público conocimiento.
La primera fue la alusión a la otra auditoría al respecto, que había encargado la última gestión del FA, y que el Partido Comunista había indicado como uno de los elementos ignorados en el fallo de la Jutep sobre este tema, uno de los motivos, además, por los que le pidió la renuncia a Jorge Castro -el frenteamplista que hasta ese momento estaba en la Junta y puso su firma avalando el fallo. Pero Gurméndez la desacreditó. Aseguró que se la encargó “cuando ya se advierte que va a haber un giro político en la administración de gobierno” y que solo se dedicó a “verificar la integridad de la formación de los procesos de compra”. Y apuntó también contra la funcionaria responsable de ese trabajo al señalar que hoy se encuentra realizando “tareas de confianza en la secretaría general de la Intendencia de Montevideo”.
El otro hecho noticioso referido por Gurméndez es que nunca existió un informe jurídico de la Facultad de Derecho que avalaba la constitucionalidad de la inversión, algo que sostuvieron Cosse y el FA en su momento. “Nos dirigimos por oficio al Instituto de Derecho Penal hace algunas semanas y recibimos una respuesta importante: (…) en ese informe no luce la firma del secretario de la época, y no existen actas de que se haya analizado la constitucionalidad del Antel Arena”, dijo Gurméndez. Ese informe, concluyó por tanto el oficialismo, se trató de un análisis que el catedrático Roberto Pérez hizo a título individual.
Todo esto fue lo que llevó a Gandini a afirmar en el Senado que fueron “engañados”. Que en definitiva entendía que hubo delitos en todo el proceso y que con la declaración de reserva que hizo la gestión frenteamplista de todos los procedimientos se intentó “proteger a los que desviaron los recursos de Antel”. “En mi barrio estas cosas se llaman corrupción. (…) La suma del secretismo, con todos los desvíos, las adjudicaciones directas y los sobrecostos que se generaron por tres veces lo presupuestado es un hecho de corrupción que ocultó el interés político de una fuerza política para promover la imagen de la presidenta de Antel”, gritó sobre el final. Ante los medios, resumió así su postura: “La diferencia (del sobrecosto) está en algún lado y la Justicia deberá averiguar a qué bolsillo llegó”.