El pintarrajeo agresivo del domicilio particular del Dr. Robert Silva, marca un punto de inflexión en los debates que se vienen realizando en torno a la Transformación Educativa. Decimos «debates» como una expresión genérica porque realmente no hay debate: se discuten presuntos «recortes» presupuestales que no existen, se habla de la falta de diálogo, pero cuestionamientos sustantivos a la propuesta oficial no aparecen y muchos menos otras ideas alternativas.
Hay quienes han ido quitando relevancia al tema, como que se trata de una pintada más. Naturalmente, la distorsión conceptual en la materia ha llegado a tal punto que la gremial estudiantil del Instituto de Profesores considera que pintar su fachada es el ejercicio de la libertad de expresión. Da vergüenza tener que explicar que dañar un edificio público está castigado por la ley o que etiquetar su fachada con consignas particulares, sean pintadas o carteles, está también prohibido, al punto que median claras sentencias judiciales.
Esa distorsión, sin embargo, no es casual. Son años y años de violar la Constitución y la ley, de reírse de la laicidad en los centros de enseñanza. Recordemos que, durante la última elección, 25 Inspectores de Secundaria, invocando esa condición, emitieron una larga declaración proponiendo el voto al candidato presidencial del Frente Amplio. Es más, hasta la Institución Nacional de Derechos Humanos, entidad que en los últimos años han sido un modelo de irrespeto a los límites de la acción del Estado, emitió un bando defendiendo la cartelería en los centros de enseñanza, a raíz de la sanción que recibieron varios profesores por fotografiarse en su liceo con carteles contrarios a la propuesta de referéndum que había formulado el Dr. Jorge Larrañaga.
Es mucho tiempo, la gota va horadando la piedra. El propio Dr. Vázquez tuvo un día que recurrir a declarar la «esencialidad» de los servicios educativos y el Presidente Mujica llegó a afirmar que a los gremios de la educación había que «reventarlos».
Si los gremios docentes sostienen tamaños criterios, a nadie puede asombrar, que los estudiantiles se sientan autorizados para lo mismo y así nos vamos despeñando en el camino de la degradación democrática. Porque de eso se trata.
Más de una vez hemos dicho que estas acciones son típicamente «fascistas», recogiendo toda clase de vituperios por lo que sería la intolerancia de nuestra expresión. Hoy sentimos el deber de volver a decirlo: ir al hogar de un jerarca democrático, institucionalmente elegido, para enchastrar su casa es una actitud estrictamente fascista. Es el sistema que usaron los totalitarios de los años 30 en Europa. Apostrofar, insultar, descalificar, y hacerlo además en el fuero íntimo de su hogar para que esté instalada la amenaza, para que le quede claro al funcionario que saben dónde vive y que no respetarán ni su casa ni su familia.
No faltan los que hablan de la entendible travesura juvenil, de una simple pintada que no lesiona a ninguna persona.
Nos rebelamos ante esos razonamientos y por eso nos parece más que oportuno que el Dr. Robert Silva haya denunciado la situación ante la Fiscalía. Aquí no hay ninguna travesura. Tampoco nada inocente. Se encuadra en un modo de operar que incluye a las gremiales de profesores, que han reivindicado su derecho a adoctrinar. La desprestigiada Fenapes, la de los profesores que mienten para cobrar horas que no trabajaron, ahora no tuvo más remedio que condenar el episodio, pero al mismo tiempo reiterar la retahíla de excesos que incitan a estas acciones radicales.
Las propias ocupaciones son peligrosas prácticas. Son ilegales y todos lo sabemos. Lo sabe este gobierno y lo supieron los anteriores. La policía viene actuando estos días con toda prudencia, con una paciencia ejemplar, desocupando y yendo de nuevo a desocupar, una y otra vez. Da la impresión que se está buscando la provocación para que un desliz, un pequeño error, un empujón inoportuno, desaten todas las tormentas.
Protestas habrá siempre y bienvenidas en cuanto sean la natural expresión de la libertad de agremiarse, de expresarse, de manifestar y reclamar. Esa es la democracia. Pero agraviar, enchastrar edificios, ocupar ilegalmente y llegar luego hasta la descalificación personal, en el terreno considerado «sagrado» del hogar, como dice la Constitución, no tiene otro calificativo que el que empleamos. Es un acto fascista. Quizás los responsables no se den cuenta de que es así, como el burgués gentilhombre de Moliere, que hablaba «en prosa» y no lo sabía…
Cuando el Presidente dijo que el agravio es un buen testimonio de la necesidad de la reforma, no han faltado quienes le cuestionaron, como si el primer magistrado del país no tuviera no solo el derecho sino el deber de defender el clima de tolerancia del país y el ejercicio normal de los poderes públicos.
Le damos mucha importancia al episodio. E insistiremos.
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