Los partidos que componen la coalición de gobierno se pusieron de acuerdo ayer en los cambios que harán al proyecto de ley de urgente consideración en su capítulo de seguridad.
Los partidos que componen la coalición se pusieron de acuerdo en los cambios que harán al proyecto de ley de urgente consideración en su capítulo de seguridad. Se aumentará la pena por agravio a la autoridad policial que pasará a ser de tres a 18 meses de prisión y no 12 como estaba planteado inicialmente.
Las modificaciones en el proyecto de 501 artículos están siendo negociados desde la semana pasada por el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente. Incluso el 1° de mayo hubo una reunión en el Ministerio del Interior para terminar de ajustar detalles de lo que será el nuevo texto de la iniciativa.
Ayer, el ministro Jorge Larrañaga compareció ante la comisión especial de 15 miembros que analiza la iniciativa en el Senado. Allí la exposición del jerarca dejó plasmada la diferente visión que existe con el Frente Amplio en materia de seguridad.
De acuerdo con el nuevo articulado -al que tuvo acceso El País- se modifica la pena máxima para el delito de agravio a la autoridad policial, que pasará a ser de 18 meses (y no de 12 como estaba redactado inicialmente) para dejar el texto en concordancia con el art. 173 del Código Penal (delito de desacato). Mientras que la mínima se mantiene en tres meses de prisión.
Como agravio policial se entiende la actitud de obstaculizar, menospreciar, agraviar, atentar, arrojar objetos, amenazar o insultar a un funcionario policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas. No será castigada la manifestación de mera discrepancia, aclara la norma.
A su vez, se cambia la redacción del artículo 16, que establece penas de diez a 18 meses de prisión y multas de hasta un millón de pesos (900 UR) para los que rompan tobilleras electrónicas.
Si bien las penas no varían, se agrega que lo recaudado por este concepto será percibido por el Ministerio del Interior y destinado a la reparación y sustitución de los medios o dispositivos electrónicos.
Por otro lado, se amplía -a pedido del diputado Daniel Peña del Partido de la Gente- a los trabajadores del transporte, el artículo que castiga con una multa de hasta 80 UR la agresión a maestros y funcionarios de la salud.
Las acciones comprendidas por este artículo son: hostigar, insultar, atacar físicamente o verbalmente, maltratar, menospreciar o perturbar emocional o intelectualmente a los trabajadores de la educación, de la salud y el transporte cuando se produzca en ocasión de su trabajo.
En tanto, en el artículo 27 se agrega a texto expreso que “no se aplicará el proceso abreviado cuando el delito imputado sea el homicidio intencional establecido en el artículo 310 del Código Penal”.
Asimismo, en el capítulo referido a la gestión de la privación de libertad y la obligatoriedad de los reclusos de trabajar, se agrega que el incumplimiento “no será sancionado con la pérdida de derechos, pero será causal de reducción de beneficios, en la forma que determine la reglamentación” de la ley.
Más adelante el mismo artículo precisa que “el trabajo penitenciario no será forzado ni tendrá carácter aflictivo”, ni se someterá a los reclusos a un régimen de esclavitud o servidumbre. “Ningún recluso será obligado a trabajar en beneficio personal o privado de ningún funcionario del establecimiento penitenciario”, asegura el proyecto de ley.
Menores
En tanto, los artículos referidos a la minoridad infractora siguen generando diferencias en la interna de la coalición y la vicepresidenta Beatriz Argimón está negociando con los diferentes senadores. Tanto dentro del Partido Nacional, como del Partido Colorado hay dudas con el artículo 76 (prisión preventiva preceptiva para algunos delitos). Se entiende que el régimen propuesto termina siendo más duro del que tienen los adultos hoy, por lo que el tema sigue abierto y no se descartan modificaciones.
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