Cuando la última campaña electoral llegamos al escándalo de que el cuerpo técnico de mayor jerarquía en la Enseñanza Secundaria, invocando esa condición, propiciaban el voto al candidato del Frente Amplio, extendiéndose en una larga explicación de su posición. Violaban todo lo que expresamente condena la Constitución para los funcionarios del Estado. Realmente fue muy revelador: no era un gremio en conflicto, no era un par de profesores iracundos, era un conjunto de veinticinco Inspectores y Coordinadores abiertamente reclamando el voto para un partido.
El episodio fue muy revelador, por la jerarquía funcional de los docentes involucrados y el testimonio irrefutable de impunidad que significaban.
Su conducta caía claramente en lo que el Estatuto del Funcionario sanciona como causal «preceptiva» de destitución. Como esto era insoslayable, las autoridades salientes les aplicaron unas suspensiones irrelevantes, para intentar cerrar el capítulo, hoy felizmente reabierto.
La derrota electoral del Frente Amplio no ha amenguado ese ánimo abusivo y totalitario, de llevar un proselitismo descarnado a los centros de enseñanza. Los carteles de «No a la LUC» y los consiguientes tapabocas, fueron una renovada expresión. Parecida a la que se había producido, en su tiempo, con el plebiscito propiciado por el Dr. Larrañaga sobre la edad de la imputabilidad penal, por la que fueron sancionados quince profesores fotografiados adentro de un liceo con un cartel propagandístico.
Todo esto es sabido, conocido y reiterado. Ahora se ha añadido otro factor de relevancia gigantesca: la absoluta inmoralidad de la dirigencia sindical de FENAPES en la falsa declaración de presuntas horas gremiales para no concurrir a trabajar. El mismo gremio de Secundaria que hasta llegó a declarar persona no grata al entonces miembro del Codicen en representación de los profesores, Dr. Robert Silva; el mismo gremio que ordenó a sus afiliados parar el liceo y retirarse cuando entrara al establecimiento una autoridad legítima, ese mismo gremio es el que falsificaba horas para justificar su irresponsabilidad docente y su falta de ética como gremialistas.
El pedido de informes del Diputado Felipe Schipani ha sido una verdadera bomba. No solo se desnudó que el vicepresidente del gremio había declarado falsamente 200 horas gremiales, además de las que les correspondían legalmente, sino que las autoridades de la época eran conscientes de la delictiva falsa declaración y la encubrieron. La divulgación de las actas del Consejo de Secundaria es algo tan espantoso que todo calificativo es pálido. Un Consejero dice que hay que tapar todo porque «si se llegara a filtrar esta información sobre las inasistencias, los docentes caerían bajo el escarnio público, por ser un tema tan sensible y es necesario protegerlos».Y otra Consejera docente justifica que se le paguen horas docentes a un profesor ocupante de un liceo; dice que con el paro solidario «los chicos van a perder clase», pero como se trata de un dirigente sindical nacional hay que justificarlo. No conocemos precedentes análogos.
La propia Directora General de la época, Prof. Celsa Puente, reconoce que no son uno ni dos los dirigentes los que incurrieron en la declaración falsa. Y el presidente del Codicen de la época, Prof. Wilson Netto, claramente reconoce que era todo ilegal y que así lo hizo saber en su tiempo al Consejo de Secundaria.
Si horrible es todo esto, no lo es menos la actitud de FENAPES y de la cúpula de PIT CNT, que por más solidaridad gremial que pueda sentir, debería ser consciente del atropello legal y moral delante del que estamos. Y de que no se trata de un episodio u otro sino de un clima generalizado de usar la educación como instrumento de adoctrinamiento y aprovechar la jerarquía sindical para abusar. En el próximo paro se incluye la protesta ante la sanción a los profesores que hacían proselitismo adentro de un establecimiento liceal. Se aplaude el atropello. Y todavía se habla de José Pedro Varela, que vivió y murió construyendo el principio de laicidad que ha sido pilar de nuestra vida democrática.
Realmente estamos ante un serio problema. En Uruguay no hay modo de hacer algo serio en educación si no es en medio de una especie de guerra. No hay modo de generar un clima creativo y esperanzado en las aulas cuando el abuso proselitista no se termina de erradicar. Las sanciones son inevitables, hay que aplicarlas, pero bien se sabe que ellas solas no resolverán el tema. Es más amplio y profundo. Si el Frente Amplio como partido y el propio PIT CNT no entienden que ha llegado la hora de reaccionar, el país está ante un verdadero dilema existencial. Tenemos discrepancias filosóficas de fondo con los jerarcas del PIT CNT, Pereira y Abdala, pero les respetamos por la convicción con que actúan. ¿Como pueden pensar en que construiremos una educación de futuro para un mundo que ha cambiado su matriz de riqueza y comunicación si tenemos que luchar aún con estas expresiones irracionales de un mundo primitivo de confrontación, propias de los tiempos de la guerra fría? ¿Qué empleo nuevo se va a generar cuando vivimos enredados en estos conflictos que degradan el clima de convivencia?
Ese es el problema: la degradación de los conceptos básicos de la función del Estado. Si eso está en la educación, la sociedad entera está entrando en eclipse.
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