El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, dijo estar de acuerdo con el fideicomiso para financiar la regularización de asentamientos con fondos del Instituto Nacional de Colonización (INC) tal como está planteado en el proyecto de Rendición de Cuentas que se aprobó en Diputados. En la sesión del martes de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, el jerarca afirmó que incluso destinando parte de sus fondos al Fideicomiso Integración Social y Urbana “los recursos para su actual funcionamiento están asegurados”, y planteó aprovechar la instalación del tema en la opinión pública para “rediscutir el rol” del instituto.
“No pretendo clarificar aquí la vedette de la rendición de cuentas, pero por lo menos puedo aportar alguna visión y posición al respecto”, dijo Mattos tras ser consultado por el senador frenteamplista Alejandro Sánchez sobre el asunto, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. Acto seguido, el titular de Ganadería señaló que “obviamente” respalda la iniciativa del Poder Ejecutivo “en cuanto al objetivo de generar los recursos necesarios para disminuir la incidencia o la existencia de los asentamientos o –ojalá que así sea– para financiar un fideicomiso destinado a su erradicación”, y agregó que tener “200.000 uruguayos viviendo en estas condiciones” a “todos nos preocupa y nos interpela como sociedad”.
Mattos aseguró defender “la existencia” del INC y sostuvo que “los recursos para su actual funcionamiento están asegurados”. Afirmó que le sobran entre 5.000.000 y 6.000.000 de dólares y remarcó que tiene una deuda pendiente del Ministerio de Economía y Finanzas y “tierras que no son aptas para colonización, de alto valor inmobiliario, que puede vender” y utilizar ese dinero “para alimentar el fideicomiso de tierras que está aprobado”, que calificó como “un buen mecanismo”. Con las modificaciones realizadas en Diputados, se estableció una reasignación de lo recaudado por el impuesto a las transmisiones patrimoniales sobre los inmuebles rurales por un monto de hasta 85.800.000 unidades indexadas (cerca de nueve millones de dólares), además de lo recaudado en virtud “de la enajenación de inmuebles rurales”.
Por otro lado, Mattos dijo que es importante ir a las “causas estructurales” de la generación de asentamientos para erradicar por completo el fenómeno, y dijo que este tema se vincula con “el tema rural o del campo” a partir de que “mucha de la gente que está allí proviene del medio rural”. En ese sentido, consideró que si no se trabaja en esas causas, “estaremos abordando un problema para que dentro de unos años se vuelva a generar y tendremos nuevamente que destinar recursos para solucionar este tema”.
“Muchas veces decimos que queremos afincar a la gente en el medio rural, pero si no analizamos o detectamos perfectamente las causas de por qué acumulamos tantas personas en los asentamientos, es evidente que nuestro intento habrá fracasado”, analizó el jerarca, y sugirió que “muchas veces” las condiciones que llevan a la gente de la campaña a vivir en asentamientos es la falta de “condiciones mínimas de infraestructura que el Estado debe proporcionar” como “el transporte colectivo, el servicio de salud, la educación, la señal de internet y la luz”.
Aggiornar la ley
Luego de responder a la consulta de Sánchez sobre su posición respecto del fideicomiso, el ministro expresó que el alcance que ha tenido la discusión puede ser “una oportunidad para rediscutir el rol” del INC. “¿Qué instituto queremos? ¿Será que con algo más de 100 hectáreas de fracción nosotros podemos viabilizar la vida de una familia rural para que sea sostenible a lo largo del tiempo? ¿Es una unidad socioeconómica factible para que la persona se pueda desarrollar?”, se preguntó Mattos, y aunque apuntó que el INC “es un factor de acceso a la tierra y de gran entusiasmo para la gente, como puerta de entrada”, opinó que “todos sabemos que con 100 hectáreas es imposible subsistir, fundamentalmente si se trata de áreas donde las condiciones del suelo determinan que la productividad tenga una limitante”.
Para el jerarca, es momento de “tener una discusión general” del papel del instituto, teniendo en cuenta que es una ley con más de 70 años de antigüedad “y que debemos adecuarla a los nuevos tiempos”.
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