De acuerdo a cómo se viene manejado el Partido Nacional en la discusión de la Ley de Urgente Consideración (LUC) “creo que aquello en lo que no hay acuerdo no se mantendrá “, dijo en Puntos de vista el Senador Adrián Peña, coordinador de la bancada parlamentaria del Partido Colorado. Los artículos sobre telecomunicaciones y los de la desmonopolización de los combustibles son algunos de los que quedaran afuera, confirmó. También están en ese grupo algunos referidos al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y al de Vivienda, agregó.
Puntualizó que los partidos integrantes de la coalición están comprometidos a votar aquellos artículos de la LUC que establecen puntos que ya se habían acordado en el documento de base del conglomerado, Compromiso por el País. Hay propuestas de la ley que no están allí sobre las que hay matices que se están tratando, agregó. “Habrá cosas que cambien”, apuntó.
Una de las discrepancias del Partido Colorado con la LUC está dentro del capítulo referido con menores infractores, señaló. “El artículo que tiene que ver con las posibilidades de acceder a libertades anticipadas nos parece que se restringe mucho, uno entiende que el sistema tiene que estar pensando para la rehabilitación”, dijo y apuntó que ese espíritu se pierde un poco al endurecer tanto las penas.
Otra de las áreas en las que se había marcado diferencias es la de la gobernanza de la educación, apuntó y dijo que se alcanzó una redacción transaccional en la que se logra mantener, como quería el Partido Colorado, la representación de los docentes con voz y voto en el Consejo Directivo Central. A la vez se accedió a eliminar los consejos desconcentrados y crear direcciones generales para cada área del sistema de educación —a excepción del de formación docente—, una propuesta que era muy importante para el Partido Nacional, acotó.
La propuesta de los colorados de que, si no hay acuerdo, fuera el trabajador el que eligiera como cobrar su salario fue una en las que se perdió, comentó Peña. Se atendió a señalamientos de empresarios de que en el caso de que el trabajador eligiera cobrar en efectivo y no por el sistema bancario se complicaría una operativa ya automatizada.