González y Silva participaron del acto junto con la secretaria general de la ANEP, Virginia Cáceres; el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza; la subdirectora técnica de esa dependencia, Lourdes Salinas, y el titular de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), Marcio Dávila, entre otros representantes de las instituciones partícipes.
Las autoridades detallaron que las tareas no implicarán riesgos para quienes las realicen, por lo que, por ejemplo, no incluirán trabajos a gran altura. Entre las acciones posibles, mencionaron como las más frecuentes mantener espacios deportivos, limpiar y pintar los centros de enseñanza.
En conferencia de prensa, Mendoza explicó que la OSLA fue creada por decreto del Poder Ejecutivo como una unidad especializada y actúa bajo la dependencia de la Subdirección Técnica del INR. Esta dependencia coordina y realiza el seguimiento de las penas alternativas a la privación de libertad.
De las 15.800 personas que acceden a distintos grados de libertad, según dispuso la Justicia, están en condiciones de desempeñar trabajos comunitarios 3.000, con libertad asistida por infringir normas de la Ley de Faltas, y 2.300, remitidas a OSLA. Mendoza agregó que, de acuerdo al perfil y habilidades particulares, se les asigna trabajo en diferentes organismos.
Silva manifestó, en rueda de prensa, que las tareas comunitarias en los centros de enseñanza públicos les posibilitarán a los participantes adoptar una actitud positiva hacia la sociedad. “Vamos a coordinar la actuación, porque esto requiere una adaptación del sistema educativo a recibir esta colaboración”, aclaró.
Por su parte, González reiteró la premisa de que “el Estado debe colaborar con el Estado”, y reflexionó: “En este tipo de convenio, no solo va a ganar la persona que deba cumplir una carga horaria, por ejemplo, en la mejora edilicia de un centro de enseñanza. Se le dará un sentido en la ayuda al otro, es hacer devolviéndole a la sociedad por el error cometido”.
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