El senador del Partido Colorado Germán Coutinho presentó un pedido ante la Cámara Alta para que el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) cesen los remates e intimaciones de regularización de adeudos hasta tanto el Poder Ejecutivo defina la prometida solución definitiva a la situación que atraviesan unos 23 mil deudores, que alegan ser los «rehenes» de la unidad reajustable (UR)
Se trata de una «minuta de comunicación» que el legislador presentó ante el Senado que fue conversado con sus socios de la coalición de gobierno, con la aspiración de que el gobierno tome en cuenta esta aspiración.
En su escrito, al que accedió El País, Coutinho hace referencia que todas estas familias, que se endeudaron ante el banco para adquirir una vivienda en algunos casos hace más de 30 años, vienen reclamando desde hace más de una década una solución al «aumento desmedido» que ha tenido la UR, lo que ha hecho que la ecuación de sus créditos de vea muy alterada y los ha obligado a continuas refinanciaciones que hacen imposible una certeza de cuándo se terminará de pagar ese crédito.
El senador recordó el «compromiso cierto» de una solución, expresado por el presidente Luis Lacalle Pou el pasado 2 de marzo en su discurso ante la Asamblea General . Sin embargo, apunta, antes de que esa solución llegue un «número importante» de familias estarán perdiendo sus viviendas. Según advirtió, dada la cantidad de años que hace que se suscribieron sus contratos, en muchos casos se ha finalizado de pagar el préstamo inicial. Ahora, dice el senador, se los intima para el pago de los «colgamentos» pendientes. De no hacerlo, dice, se les realizará el remate administrativo. En otros casos, afirma el senador, estos deudores se ven obligados por su edad a pagar los «colgamentos» en plazos muy breves, ya que la ANV y el BHU no aprueban fórmulas de pago a los que excedan los 75 años de edad, «por lo que las cuotas serían impagables».
Así, dijo, los afectados se ven enfrentados a que si no firman esas fórmulas se quedarán sin casas, y de firmarlas se verían exceptuadas de la solución legislativa que llegará a corto plazo. «Estamos hablando de personas que llevan 30 o 40 años pagando y que, a poco de alcanzar una solución, ven peligrar su casa de toda su vida por un remate», dijo Coutinho.
El senador sostuvo que tanto la agencia como el banco tienen conocimiento de estas situaciones, pese a lo cual no muestran disposición a suspender los remates por un plazo prudencial hasta que llegue una solución legislativa, haciendo de sus clientes «rehenes de las demoras burocráticas, de estudio y legislativas a las que son ajenos».
La fórmula de solución para estos deudores viene de generar un choque entre la presidenta del BHU, Casilda Echevarría, y un grupo de legisladores de la coalición.
La promesa realizada por el presidente se verá demorada ya que, según el senador nacionalista Sergio Botana, el banco carece de información sistematizada sobre esas deudas en los últimos 15 años, lo que impide al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuantificar el costo de la fórmula que ofrecerá para superar definitivamente el tema.
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