La prioridad mayor de la sociedad uruguaya es y seguirá siendo, por un cierto lapso, el manejo de la pandemia y sus consecuencias sobre el empleo. Está pasando, sin embargo, el período más crítico del contagio y comienza a redibujarse en el horizonte la prioridad mayor, hoy algo desvanecida: la seguridad ciudadana. El tema vuelve al debate porque está en el núcleo esencial de la ley de urgente consideración y fue definida desde la campaña electoral como el primer y mayor desafío.
Cuando desde el Frente Amplio resuenan las voces críticas contra la ley de urgencia se entra en una suerte de mundo surrealista. Quien venga de afuera y escuche pensará que es un partido ajeno al poder y que en nombre de los derechos humanos trata de controlar los excesos de un gobierno conservador con antecedentes inmediatos de abuso. Hablan como si no hubieran estado en el gobierno hasta hace dos meses, dejando una herencia sin precedentes: 400 homicidios al año, 30 mil rapiñas, bandas armadas disputándose los territorios de venta de droga, circulación ilícita de grandes cargamentos internacionales bajo la conducción del crimen organizado, una policía acosada y agredida por la impunidad de una delincuencia vernácula ensoberbecida.
¿Qué es la ley de urgencia? Justamente una definición programática de esa prioridad. Una primera respuesta legal contra la impunidad delictiva y las resultancias de la descomposición social. Al mismo tiempo que un patrullaje intenso y más policía que nunca en la calle, da la señal, a la ciudadanía (y a los delincuentes) que el Estado está jugado en el tema.
Se procura, entonces, corregir los «procesos abreviados» para evitar que la pena de un delito termine en transacciones entre fiscales y particulares, como un negocio privado; superar la suspensión condicional de la pena y las libertades vigiladas, que se se habían transformado en un símbolo de benignidad ante el delito, desacreditando peligrosamente a una Justicia que la sociedad uruguaya también debe cuidar celosamente. Cuando en San Ramón a un ciudadano que había comprado objetos robados y lo mandaron a hacer 100 tortafritas o a un delincuente que había robado un local de Farmashop se le «condeno» a no entrar el mismo Farmashop por seis meses, o mil casos parecidos, la ciudadanía sintió que estaba indefensa y que no había real conciencia de lo que estábamos viviendo.
Del mismo modo se trata de proteger el andar policial, para que pueda operar con algo más de tranquilidad. Bien se sabe que su profesión es de riesgo y que los últimos tiempos han agravado peligrosamente su ejercicio. Razón de más para presumir que su actuación es -en principio- siempre legítima, salvo prueba en contrario y no lo que ocurre hasta ahora, en que el policía que enfrentó una situación difícil y disparó e hirió a alguien soporta la misma sospecha judicial de un delincuente. Del mismo modo, ¿por qué no facilitar los procedimientos de identificación y conducción de las personas? ¿Por qué no proponer, como se hace, un delito específico de la resistencia al arresto, más allá del tradicional y limitado desacato? ¿Por qué no establecer claramente que es un agravante del homicidio el que se comete contra un funcionario judicial, policial o militar en el ejercicio de su función? ¿Por qué no flexibilizar y ampliar el uso de loss agentes encubiertos y los colaboradores en tiempos en que la presencia del narcotráfico ha cambiado completamente la naturaleza de los procedimientos?
Hasta el tema de la evasión del delincuente requería correcciones. Cuando el famoso episodio de la espectacular fuga de un célebre mafioso italiano, recapturados que fueron sus colegas de operación, no tuvieron sanción por la «evasión» porque no había mediado violencia sobre las cosas…
Mucho se ha discutido sobre la legítima defensa y su ampliación más clara a la idea de que no solo refiere a «reprimir» sino aun a «impedir» la agresión. Y que ella también incluye la defensa del patrimonio personal o el establecimiento del que es titular quien se defiende. Los hechos, nuestra realidad, han llevado a un clamor sobre la materia. Basta leer los diarios para que la crónica cotidiana registre al pobre comerciante de barrio teniendo que defenderse a tiros y muchas veces pagar con su vida la defensa de lo que es su modo de vida y el resultado de su esfuerzo.
No escribimos como especialistas en derecho penal sino como ciudadanos responsables que pensamos que la sociedad democrática se defiende adecuadamente o abre el camino a los pujos autoritarios. ¿Alguien cree que el voto a Bolsonaro fue un acto de seducción personal o de adhesion a un «duro» que prometía dureza y represión violenta? La sola presencia de la policía en la calle ha concitado ya aplauso y mayor tranquilidad de la gente, aunque los resultados demoren. Y esto también hay que decirlo claramente: no hay milagros en la materia. Lo que hay y habrá es una acción sostenida que, a lo largo del período, esperemos que logre primero detener el crecimiento delictivo de los últimos años y luego comience un efectivo proceso de reversión. De eso se trata, porque a tanto llegó el desastre de estos años, que costará mucho poder superarlo.
