El expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, arremetió contra la Comisión Pro Referéndum que busca firmas para intentar derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Dijo que el país está «frente a un riesgo serio» y que desde el Frente Amplio y el Pit-Cnt se lanzó «una operación política que puede tener consecuencias muy dramáticas».
El exmandatario aseguró en su columna del «Correo de los viernes» que a los impulsores del referéndum «no les va bien, anuncian todos los días cifras publicitarias de presuntas firmas obtenidas». «Cada día está más claro que simplemente quieren hacer gimnasia opositora y eventualmente trancar al gobierno en su gestión, con daño muy severo para la ciudadanía», remarcó.
El pasado lunes, la Comisión Pro Referéndum anunció que se juntaron 445.526 de las 700.000 firmas necesarias e instó a redoblar esfuerzo.
Sanguinetti indicó que «la derogación de las normas sobre seguridad sería la mejor noticia posible para el mundo del delito y el crimen organizado».
«Festejaría el Frente Amplio por haber herido al gobierno y a su lado tirarían fuegos artificiales los narcos. Por supuesto no creo que esta sea una consecuencia querida, pero sí inevitable de tener éxito en esta absurda empresa», sostuvo.
«Cuando la Policía luce como la institución más respetada del país y los resultados de su lucha contra el delito son evidentes, ¿tiene algún sentido derogar las normas que le han permitido actuar con más eficacia? ¿No se advierte que derogar esas normas es un estímulo vigoroso a la delincuencia, paralelo al desaliento que se le genera a la Policía?», planteó.
El exmandatario hizo hincapié en que «por más esfuerzos que se han hecho para denunciar presuntos abusos policiales, lo que se observa es más patrullaje, más prevención y una persecución sin cuartel al narcotráfico, que se había adueñado del país».
«¿Está mal que se castigue la resistencia al arresto? ¿O que se permita el registro personal o de vehículos? ¿O que se presuma que es legítima la actuación policial, sin perjuicio de sancionarla cuando se prueba su abuso? ¿Estaría bien retornar al viejo sistema de que el policía que disparó cae bajo a misma sospecha que el delincuente? ¿No es lógico que sea un agravante el homicidio que se comete contra un funcionario policial o militar en el ejercicio de sus funciones? ¿No hay legítima defensa cuando el comerciante de barrio se defiende de un asalto a su negocio para robarle el fruto de su trabajo? ¿La evasión de la cárcel no debe sancionarse para que no se repitan casos como el de los presos que acompañaron al famoso mafioso italiano en su fuga?», preguntó.
Por otra parte, en materia educativa, Sanguinetti cuestionó: «¿Es insensato que el gobierno y el Codicen aprueben un Plan Nacional que establezca los fines y objetivos de su gestión? ¿Es tan malo que las ramas de la enseñanza sean conducidas por un Director General y no por aquellos «consejitos» deliberativos, en que los miembros gremiales tenían, de hecho, el veto para todo cambio?».
«Un histórico reclamo de los docentes es el de calificar para la calidad de títulos universitarios cuando han cumplido con una carrera académica de grado superior en el sistema educativo nacional. Por vez primera en la historia se logra esta conquista, luego de tantas frustraciones, como la que sufrimos nosotros mismos con un proyecto que no prosperó. ¿Por qué se deroga?», sumó.
Asimismo, en lo que refiere al derecho a huelga, Sanguinetti remarcó que «quizás hubiera sido mejor lisa y llanamente prohibir las ocupaciones, pero esta fórmula consagra el máximo respeto para todos los intereses en juego».
«¿Hiere el derecho de huelga asegurar el derecho al trabajo de quien no quiere acompañar la medida? ¿No son derechos equivalentes el de parar como el de querer trabajar?», manifestó.
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