La ineficiencia del gasto público forma parte de la pesada herencia que el Frente Amplio le dejó a la coalición multicolor. Y donde ello se torna más evidente es en la Educación, donde la ineficiencia deviene en una pavorosa injusticia social.
Abierto el debate sobre el presupuesto del quinquenio que comienza, el nuevo gobierno tiene que remontar una economía que venía estancada, con enormes déficits, caída de empleo y una deuda pública pesadísima, a la cual se le ha agregado el efecto de la pandemia: menos recaudación y más gasto. En materia de educación, el impacto es parecido. La herencia marca los peores resultados en décadas, una educación con bajísimos aprendizajes y pruebas de evaluación muy negativas, pese a que en los años del Frente Amplio se invirtió más dinero. Una vez más, la ineficiencia del gasto, que reconoció Astori en abril del año pasado, se hizo evidente en este ámbito, con más recursos y peores resultados. Por supuesto, todo esto ahora se agrava con la pandemia, porque la paralización ha generado un inevitable daño pedagógico y un desafío económico multiplicado.
El único dato que, según se mire, no empeora en la perspectiva del quinquenio, por lo menos financieramente, es la demanda de educación, porque se estima que las tendencias demográficas actuales aseguran que caerá en 47 mil el número de los educandos. 20 mil en inicial y 12 mil en primaria, nos hablan de una natalidad bajísima del país. Este tema da para otra reflexión, porque en la otra punta de las generaciones, nos encontramos con que todos los años mueren 24 mil personas de más de 65 años y se jubilan 35 mil, lo que desafía a los sistemas de seguridad social de modo contundente. Pensemos que cuando se hizo nuestra reforma en 1996, la expectativa de vida al nacer era de 73,9 años y hoy está en 78 años y para quienes lleguen a los 60 años, la edad de jubilación, nada menos que 85. Dicho de otro modo, nacemos menos y vivimos más años. Como no somos pesimistas, podemos decir también que los vivimos mejor, porque ese aumento de expectativa de vida revela progresos en la alimentación, la medicina y las condiciones de vida, más allá de las conocidas inequidades y sectores desprotegidos que la pandemia ha puesto en rotunda evidencia (para vergüenza de un Frente Amplio que ha despilfarrado la bonanza de la década iniciada en 2004, sin mejorar a los más necesitados).
Retornando a la educación, nos encontramos con pésimos resultados, que las evaluaciones disponibles nos han mostrado. Las últimas pruebas PISA , que llevan ya siete ediciones y evalúan a los alumnos de 15 años en 71 países, nos dicen que apenas nos hemos mantenido en matemáticas y hemos bajado los puntajes en lectura y ciencias. Como comenta Renato Opertti, países de poblaciones también reducidas, como Estonia, muestran avances extraordinarios, con presupuestos 30% menores que el promedio de los países de OCDE.
Si vamos a la equidad, los resultados son terribles. En lectura tenemos 427 puntos, cuando en la medición anterior eran 437. Pero ese promedio esconde que, en el quintil de estudiantes de sectores más desfavorecidos, el puntaje es 339, mientras que, a la inversa, los del sector más acomodado están en 490, o sea más o menos el porcentaje de los países europeos. Luego de 15 años de gobierno frenteamplista, cantando himnos a la solidaridad y a la equidad y poniendo más dinero, nos encontramos con una injusticia social cruda. La ineficiencia del sistema es rotunda.
Si miramos por su lado las pruebas Aristas, que hace el Instituto Nacional de Evaluación Educativa entre alumnos de 3er. año de educación media y que el gobierno trató de ocultar todo lo posible antes de las elecciones, los resultados son penosos. La evaluación se hizo en matemática y lectura y de allí surgió que la UTU es peor que los liceos públicos y que éstos arrojan resultados por debajo de los privados. El 80% de los alumnos de UTU no puede hacer un promedio, como tampoco lo logra el 66% de los liceos públicos y el 31% de los privados.
Para completar el panorama desolador vuelve a comprobar el Monitor Educativo, presentado esta semana, que el segundo ciclo solo lo terminó el 34% de los estudiantes de 18 a 20 años. En los estudiantes de 18, específicamente, solo el 25% culminó sus estudios en el sistema educativo. Y el Ciclo Básico, solo el 64% de los de 15 a 17 años, o sea que un tercio de esa generación ni siquiera llegó a ese nivel.
Podríamos seguir amontonando cifras, pero todas son coincidentes. El sistema educativo uruguayo ha retrocedido en estos 15 años del Frente Amplio, que se dedicó, con prolijidad de guillotina jacobina, a destruir todo lo posible aquello que venía de aquel tiempo fermental y creativo que abrimos en 1995, con el Codicen que presidió Rama (y del que Robert Silva fue Secretario General). Se cambió el programa de la enseñanza media para volver a lo antiguo, se desdibujaron los CERP, se cambiaron programas sin evaluar antes los resultados y se montó una gran máquina de adoctrinamiento. Los jóvenes han oído machaconamente que los tupamaros luchaban contra la dictadura, cuando notoriamente no es así, y que Pacheco inició la dictadura cuando terminó su mandato ganando democráticamente las elecciones (a las que, por otra parte, se presentó el entonces flamante Frente Amplio). Estas son apenas anécdotas de un clima educativo en que todo confluye, desde la geografía a la historia nacional, a mostrar las inequidades del ominoso sistema capitalista del mundo y las desgracias que trajeron a este país los colorados y los blancos. Se salva Don Pepe Batlle, a quien tratan de usurpar. En esta labor se suman núcleos representativos de profesores y algunas entidades gremiales cuyo nivel de dogmatismo asombra. Tanta es la sensación de impunidad para el flechamiento ideológico que, en la última campaña electoral, 25 Inspectores de Educación Secundaria, de la mayor jerarquía e invocando esa condición, hicieron un llamado público para votar a Martínez, cayendo en una ilegalidad castigada con la destitución.
El desafío es ahora intentar la reversión de este proceso de decadencia, iniciado cuando la economía mostraba índices de crecimiento formidables que impulsaban los precios internacionales de las materias primas. Los lineamientos ya anunciados por el Codicen que preside el Dr. Robert Silva van en la línea adecuada para modernizar esas estructuras y permiten pensar que, a cinco años de plazo, mejorará la situación y sobre todo el rumbo general.
No dudamos que la mayoría de los docentes sentirá en su fuero íntimo el llamado de conciencia para servir a la niñez y juventud del país del mejor modo. El problema está en esos sectores organizados corporativamente que actúan, desde afuera y desde adentro del sistema, para mantenerlo siempre al borde del conflicto en medio de consignas agraviantes pero que mil y una vez repetidas terminan haciéndose creíbles para mucha gente. Es la misma gente que en 1995, cuando lanzábamos aquella reforma de impulso a la enseñanza pública, hablaban de que estábamos «privatizando» por un «impulso neoliberal». La misma estupidez que ahora.
Siempre hay que pensar que la razón predominará y que se podrán hacer los cambios de un modo razonable. El mayor obstáculo sin duda serán esas mentalidades ancladas en la «utopía regresiva» de un sueño cubano-venezolano que se les desvaneció en la realidad, pero que aún les alimenta una vagarosa ilusión. Pese a todo, la claridad del propósito, si la sostenemos en una paciente firmeza de la administración, podemos mirar hacia el futuro.
Hay esperanzas.
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