Llegó la hora del Presupuesto en los tiempos de la pandemia. El país tiene que definir los grandes rumbos del Estado y los medios para solventarlos. Como decía nuestro viejo amigo Don Juan Pivel Devoto, «el mejor presupuesto es el que se puede pagar». Y para llegar a lo que los economistas llaman «sustentabilidad» hacia el futuro, no podemos desconocer las cuentas que se reciben en el presente.
No se pude ignorar tampoco que transitaremos una situación mucho peor que la posterior a la crisis de 2002. Aquella fue una crisis bancaria, que impactó en la economía general, pero era solo rioplatense; y después de que heroicamente se salvara al país del default, el mercado internacional estaba normal, de modo que la exportación nos dio la respuesta (por eso el Frente Amplio encontró un país que crecía a más del 4%). Hoy la crisis es global. A partir de un fenómeno pandémico, el impacto no solo es mundial sino que afecta a toda la sociedad en su conjunto, hasta planteando un desafío estructural en el empleo, hoy más digitalizado que nunca. O sea que nuestra exportación se encuentra con una actividad económica que caerá este año a más del 5% en el mundo, la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 en que disminuye el producto per capita de todos los países. Estamos también ante la primera contracción del producto en las economías emergentes, en las que China ha sido la vanguardia del crecimiento en los últimos treinta años.
En ese contexto, quienes administraron el país en estos últimos años, nos proponen aumentar más el déficit que ya tenemos, con la misma liviandad con que en el 2002 pedían que el país se declarara en quiebra. Y bien: el déficit que dejaron es del 5% del PBI y porque este gobierno tuvo que enfrentar la pandemia, y lo hizo con responsabilidad social, este año estaremos, según señala la señora Ministro de Economía, en un 6,5%. Todos somos conscientes de que esto ha sido excepcional pero también debemos saber que no podemos seguir ilimitadamente desfinanciando al Estado, porque al final lo pagarán quienes más necesitan de él.
Esto nos lleva a preguntarnos cómo es que se llegó a ese desbalance del orden de 2.600 millones de dólares, luego de que entre 2004 y 2014 se viviera la mayor bonanza de precios internacionales que se recuerda en un siglo. Y la respuesta es simple: porque se derrochó, porque se gastó a tontas y a a locas, porque entre el Gas Sayago, y Aratirí y el agujero de Ancap, entre tantas otras cosas, tiramos por la boda esos ingresos extraordinarios. No lo decimos nosotros. Lo reconoció el Ministro Astori el 23 de abril del año pasado, cuando dijo: «No hemos sabido manejar la calidad del gasto público lo cual –en un país que tiene un desequilibrio fiscal importante– es una falta que tenemos que corregir. No hemos avanzado suficientemente y el pueblo lo reclama con justicia, en materia de seguridad pública y educación. Los temas de vivienda son fundamentales, porque alli hay todavía, y lo vemos todos los días quienes vivimos en este país, deficiencias fundamentales que hay que superar».
Ese déficit que hoy nos hipoteca se configuró, paso a paso, por exceso de gasto. No es una consecuencia de la situación regional, como ahora tratan de explicar los voceros frentistas. Tampoco es la caída de la recaudación, porque salvo un año, 2015, en todos los demás creció. Lo que ocurre es que el gasto la superaba ampliamente. Y ese aumento no estaba en educación o vivienda, en reales objetivos sociales, sino en general.
El único gasto de naturaleza social fue el de la ley de jubilaciones de 2008, que se basó en cálculos errados y llevó a una llamada «flexibilización» que solamente ambientó las falsas declaraciones, las jubilaciones sin sustento y las certificaciones masivas que llevaron a aumentar las transferencias hacia el BPS en un orden del 84% en términos reales. Fue gasto social, sí, pero profundamente injusto. Como lo fue también buena parte del reparto al boleo del MIDES, en esa nube de onegés que le han rodeado.
Todo este despilfarro de la bonanza llevó al atraso cambiario (calculado entre 27% y 36%) y al estancamiento de la producción. En estos cinco años la economía se estancó. Y si le quitamos al cálculo las telecomunicaciones (que fueron solo aumento del tráfico) y los productos del papel, hay una caída promedial del 0,2%. Hasta la construcción cayó un 3,1% anual durante el período.
Así fue como se triplicó la deuda pública. En plena bonanza internacional, el Frente Amplio llevó la deuda de 11 mil millones de dólares a 37 mil. Esto equivale a un pago de intereses de 1.500 millones, o sea, más o menos un 10% del presupuesto general. Cuando había medios para alivianar la carga de intereses, se la triplicó. Hoy tenemos que apelar al endeudamiento para reencauzar la actividad económica, con los límites impuestos por esa realidad.
No es extraño, entonces, que se destruyeran 54.730 empleos. Como ocurrió también con las horas trabajadas, que cayeron de un nivel de 39 horas promedio en 2014 a 37 semanales en 2019. Y esto golpeó especialmente a los jóvenes, cuya tasa de empleo cayó de un 39% a 31,1%.
Detrás de esta pesada herencia, el gran telón de fondo es la caída en la inversión: 26% en el periodo. Y este es el gran desafío hoy. Para hacer sustentable el Presupuesto que se está empezando a considerar, para que se pueda reactivar la economía y mejorar el empleo, debemos revertir esa situación y eso solo ocurrirá si generamos confianza. Y solo habrá más confianza si quienes invierten, uruguayos o extranjeros, observan a un gobierno enfrentando la realidad con seriedad y no haciendo malabarismos irresponsables.
¿Se podrá generar confianza llevando el déficit a un 10%? ¿Se logrará sin atender el déficit de la seguridad social? ¿Sin mejorar la productividad? ¿Cuánto nos puede costar, en términos de confianza, que podamos perder el grado inversor por un gasto irresponsable? Hasta hemos oído el delirio de que habría que emplear las reservas del Banco Central, ignorando el porcentaje de encajes que son de los bancos y olvidando que el aumento imprescindible del crédito y la confianza en los bonos del Estado, se sustenta justamente en mantener esa posición.
El país tiene un amplio horizonte. El gobierno ha ganado credibilidad interna y externa. Ella es el sustento de las necesarias acciones que deben tomarse para esa recuperación de confianza. Si hacemos lo contrario y malgastamos ese crédito respondiendo a reclamos de momento, hipotecaremos un futuro de crecimiento que a mediano plazo es más que posible.
El griterío de quienes nos llevaron a esta situación suena a hueco. Es la hora de la responsabilidad. De hacer lo que hay que hacer.
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