Destacamos asimismo que se invite al Ministerio de Ambiente como también propusimos. Uno de los asuntos que reiteraremos mañana en la negociación, refiere a la necesidad de prorrogar el plazo que vence el próximo 17 de febrero a fin de negociar sin apuros.

Lo haremos con el espíritu constructivo de siempre, buscando las mejores soluciones para mejorar la calidad de vida de los montevideanos.

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1. Su preocupación ante la falta de garantías electorales que se constató en el Centro Comunal Zonal 3, negando información en tiempo real y arrojando a la basura sobres de votación de urnas (Nº 309, Nº 314, Nº 319) aun no cerradas.
2. Enérgico rechazo de los hechos anteriormente descriptos, dada la falta de transparencia al momento del escrutinio final.

Por lo expuesto, SOLICITA:

1. La más pronta resolución de la investigación administrativa, que aclare los hechos denunciados oportunamente y eventuales responsabilidades en las elecciones llevadas a cabo el pasado domingo 12 de diciembre.
2. Que se levante la suspensión del escrutinio de las urnas afectadas, con la debida transparencia y las garantías correspondientes a nuestras mejores tradiciones electorales, evitando así que los vecinos y candidatos del CCZ3 queden rehenes de la situación.
3. De entenderse pertinente la anulación de las elecciones del CCZ 3, se convoque a una nueva elección teniendo como padrón electoral únicamente a las personas que hayan votado en los circuitos Nº 309, Nº 314, Nº319 el día domingo 12 de diciembre.
4. La resolución del episodio con la mayor agilidad, sin desatender las responsabilidades que caben sobre los hechos en la línea Municipal y Departamental.

Montevideo, 24 de diciembre de 2021

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El expresidente Julio María Sanguinetti y actual secretario del Partido Colorado fue el principal orador.

«Llevamos un año y medio de aplicación de la ley. En materia de seguridad se podrá decir lo que se quiera, pero lejos de retroceder hemos avanzado. La Policía está en otra actitud, milagros no hay, tampoco hay aquellas barbaridades que iban a venir, que esto se iba a transformar en el ‘far west’. Sí hay una policía más activa», aseguró Sanguinetti.

«Lo mismo hablamos de la educación. Las corporaciones gremiales que tenían el control de la administración hoy no lo tienen y por algo están lanzando eslóganes tan alejados de la realidad. No se puede decir que se privatiza la educación, porque son cosas tan groseramente falsas que no tienen sentido», agregó.

Por su parte el ministro de Ambiente Adrián Peña dijo que la Ley de Urgente Consideración es la primera expresión política de la coalición y hay que defenderla.

«La defensa de este instrumento es tan importante en el entendido de que estamos defendiendo un gobierno del que somos parte. Y una ley que sentimos muy nuestra, porque es una ley que el Partido Colorado trabajó muchísimo, que hizo muchísimos aportes aún antes de ingresar al Parlamento», afirmó el ministro Peña.

«Necesitamos salir con la espalda ancha de ese referéndum de forma tal de profundizar los cambios que son aquellos que la gente eligió en octubre de 2019», indicó.

En tanto el representante Felipe Schipani aseguró que la campaña se iniciará a mediados de enero.

«Estamos planificando la realización de varios puerta a puerta en distintos barrios de Montevideo para ir a hablar directamente con los vecinos a sus casas. Estamos planificando tener una fuerte presencia en el Carnaval, en el Teatro de Verano, el Velódromo y en otros tablados importantes. Estamos pensando en tener una presencia en las playas. Vamos a trabajar en aquellos lugares donde la gente va a estar en estas vacaciones porque no podemos tener mucho tiempo», aseguró.

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Según se informa en un comunicado emitido este jueves, el órgano va a tener como objetivo generar propuestas que sirvan de insumos para la tarea del Comité Ejecutivo Departamental (CED).

Asimismo, «tendrá comisiones de trabajo que colaboran y asesoran en la tarea». También «mantendrá un régimen de reunión ordinaria bimensual y será presidido por el secretario general departamental. La coordinación técnica estará a cargo de un representante del Instituto Joaquín Suárez y la coordinación política a través de la prosecretaría de Asuntos Políticos del CED», añade.

¿Quiénes van a integrar el gabinete?

El gabinete está «integrado por destacados especialistas en cada una de las áreas de la gestión departamental», afirma el Partido Colorado.

La lista de los participantes es la siguiente:

– Movilidad: Jack Mayes
– Desarrollo sostenible e inteligente: Martín Bueno
​- Desarrollo ambiental: Marcos Fernández
– Desarrollo urbano: Lucio Cáceres
– Recursos financieros: Eduardo Rodríguez
– Desarrollo económico: Julio De Brun
– Desarrollo municipal y participación: Mario Linzo
– Planificación: Mario Barbato
– Gestión humana: Dianne Martínez
– Montevideo rural: Martín Aguirrezabala
– Limpieza: Ricardo Rachetti
– Saneamiento: Carlos Introini
– Artes y ciencias: Eliane Castro
– Políticas Sociales: Jorge Delgado
– Salud: Alvaro Dendi
– Trasporte: Carlos Pereira
– Turismo: Susana Loedel
– Espacios públicos y edificaciones: Cecilia Agós
– Planificación territorial: Augusto Alcalde
– Tierras y hábitat:. Daniel Lanata
– Igualdad de Género: Virginia Cáceres
– Seguridad y convivencia ciudadana: Andrés Ojeda
– Diversidad: María Noel Campos
– Jurídica: Elena Grauert

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La Dra. Reta fue una personalidad de prolongada y proficua labor, tanto en su aspecto académico y profesional como en la actividad pública. Fue la primera mujer en obtener por concurso la cátedra de Derecho Penal Parte Especial en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, participó como delegada de nuestro país en la Comisión Interamericana de Mujeres, fue en diversos momentos Presidenta del Consejo del Niño y la primer mujer en ser designada Ministra de la Corte Electoral. También fue Ministra de Educación y Cultura y Presidenta del Consejo Directivo del SODRE, de cuyo auditorio impulsó la reconstrucción.

Asimismo, tuvo destacada participación en ámbitos artísticos, como fundadora y codirectora del Teatro Universitario, miembro de la Comisión de Teatros Municipales y de la Junta Directiva de la Fundación de Cultura Universitaria. Su nombre representa: Libertad, Democracia, Feminismo, humanismo, ética, servicio público, solidaridad, entereza, inteligencia y valentía.

Por impulso de la ex Edila Fátima Barrutta quien como mujer colorada generó este reconocimiento en la legislatura pasada presentando un proyecto para incluir el nombre de Adela en el Nomenclator capitalino, y por las exitosas negociaciones que hemos desarrollado en este período los Ediles actuales es que se ha llegado a buen puerto con este más que merecido reconocimiento para una persona que ha dejado bien en alto a la República y a nuestro Partido.

Su homenaje será en el tramo Norte de la Circunvalación de la Plaza Cagancha, partiendo de Avda. Rondeau, donde se sitúan el Ateneo de Montevideo y el Museo Pedagógico, símbolos de la Cultura y la Educación del País, donde además se hallan edificios ricos desde el punto de vista arquitectónico, y finalizando en la principal Avenida del Departamento como lo es 18 de Julio, generando un abrazo simbólico Republicano con otra figura importante de la recuperación democrática como lo fue el Dr. Enrique Tarigo.

Tulio Tartaglia          Matías Barreto          Gustavo Facciola          Leonel Aguirre

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La Convención Departamental de Montevideo del Partido Colorado se reunió este sábado y, entre otros temas, trataron lo que concierne a la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El diputado Felipe Schipani contó a Telenoche que resolvieron iniciar una fuerte campaña en defensa de los 135 artículos que se buscan derogar y el texto en general de la ley.

«La tarea central del Partido Colorado en los próximos meses en Montevideo y en todo el país es la defensa de la LUC, una ley que entendemos que es muy importante para el país, una ley que introdujo cambios profundos en áreas sensibles», apuntó.

Schipani explicó que se llevarán adelante distintos eventos y actividades donde le explicarán a los uruguayos el contenido de la LUC y para qué sirven los cambios introducidos.

«La mejor forma de defender la Ley de Urgente Consideración es explicar su contenido», expreso el diputado colorado.

En ese sentido, el legislador aseguró que la LUC es la gran responsable de la baja en los delitos «luego de 15 años donde no paró de subir el delito».

«Si realmente lo que queremos que esos cambios avancen tenemos que defender este instrumento, porque la derogación de la LUC supone volver atrás, a la gestión de Bonomi en seguridad», subrayó.

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En el diálogo que mantuvo con su conductor Jorge Bresler se refirió al presupuesto presentado por la comuna y a un eventual llamado a sala de la intendenta Carolina Cosse.

¿Cómo analiza el presupuesto presentado por la intendencia?

En el tratamiento del presupuesto que nosotros no votamos, porque el Frente Amplio terminó votando en la junta, veíamos en todos los programas y los subprogramas que tiene la Intendencia determinadas transferencias a organizaciones sin fines de lucro y se repetía transferencia tras transferencia, eso nos empezó a llamar la atención porque cada vez estaba como difuminado por distintos lugares y parecían montos relativamente chicos, pero, en algunos lugares aparecían motos muy grandes.

Empecé a preguntar a algunos directores y muchos de ellos no sabían qué responder, así fue que empecé a notar que algo no estaba cerrando.

Me senté a ver a lo largo de todo el presupuesto cuáles eran los montos totales, empecé a sumar en los distintos programas y los distintos subprogramas qué montos de transferencias a organizaciones sin fines de lucro se hacía. Para el año 2021 está previsto un gasto de 17 millones y medio de dólares y para el año 2022 me dio más de 21 mil millones de dólares.

Decidí presentar un pedido de informes en el cual básicamente lo que consulto es cuáles son aquellas organizaciones que reciben dinero, porque nosotros en el presupuesto nos aparece que se van a hacer transferencias pero no se nos dice a quién ni para qué.

Como ediles cómo podemos controlar lo que la Intendencia hace con el dinero si está este montón de plata que va a diferentes ONG y ni siquiera sabemos cuáles son ni qué hacen.

Se pregunta cuáles son las organizaciones, cuáles son los fines y los objetivos de esas organizaciones que reciben transferencias, cuál es el convenio que habilita a esa transferencia, porque tiene que haber un convenio por parte de la Intendencia, qué plazo tiene ese convenio, quiénes son los responsables de las organizaciones sin fines de lucro que reciben las transferencias, qué salario cobran los representantes de esas organizaciones sin fines de lucro, cuál es el mecanismo de contralor que tiene la Intendencia, cómo la Intendencia controla que se cumpla con los fines y los objetivos, cada cuánto se hacen inspecciones, porque también nos interesa saber si la Intendencia está haciendo las instrucciones correspondientes a estas organizaciones para saber si la plata de los montevideanos está siendo utilizada para lo que se pretende.

También ver si los representantes de las organizaciones tienen vinculación con la Intendencia, que sean funcionarios de la Intendencia o funcionarios de otro organismo del Estado.

Lo que llama la atención es no tener la transparencia de saber a quién va el dinero y sobre todo para qué va ese dinero.

¿El tribunal de cuentas también tiene que tener injerencia en todo esto?

Sí. El presupuesto después va a pasar por el tribunal y ahí se verá, la realidad es que el presupuesto no dice a dónde va el dinero.

Es uno de los motivos principales por los cuales no voté el presupuesto, no puedo estar votando algo que no conozco, no puedo votar algo que no sé a dónde va la plata y no tengo forma de controlarlo.

Uno de los dos roles principales que tengo es el de controlar la administración de la Intendencia y yo no puedo controlar algo que no conozco.

Estoy seguro que muchas de las cosas para las que se le transfiere dinero a las ONG es para hacer tareas que le corresponden a la Intendencia y no entiendo porque la Intendencia tiene que tener una especie de tercerización encubierta a través de las ONG para llevar adelante las tareas que les son propias.

¿De cuanto dinero estamos hablando?

Son 40 millones de dólares en 2 años, probablemente con las ONG se hagan muchas cosas pero me gustaría saber cuáles son y quiero saber si todas son necesarias.

¿Cuál es el propósito de ocultar?

Estoy seguro que transparencia en esto no hay, acá hay algo grande que se viene repitiendo administración tras administración.

Esperaré que la respuesta al pedido de informe poder tener la información que pido porque ya es costumbre que no se responda a lo que se pide. Cuando tenga la información la analizaré y en caso de que no se me responda señalaré que la administración está optando no ser transparente y seguir encubriendo gastos millonarios que los pagamos todos y que no se quieren rendir cuentas de para qué es ni qué se hace con ellos.

La Intendencia tiene el plazo legal para responder de 30 días, si no lo hace tengo la posibilidad de reiterar mi pedido de informe y en caso de que no lo haga puedo hacer un llamado a sala.

Con este tema voy a ir hasta las últimas consecuencias, mi idea es que los respondan ahora y tener la información cuanto antes.

En última instancia hablaré con el resto de la bancada de ediles para pedir un llamado a sala y tener la presencia de la Intendenta para preguntarle todas estas cosas.

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VISTO:

• La aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y el eventual referéndum para derogar 135 artículos de la misma.
• La responsabilidad que tenemos los ediles en materia departamental.

CONSIDERANDO:

• La influencia que la Junta Departamental de Montevideo tiene en dicho territorio.
• El debate que se ha suscitado en la sociedad montevideana y en todo el país, desde las tratativas de la ley hasta la actualidad.
• La importancia y significación que tiene el intercambio de ideas en los ciudadanos uruguayos.
• Las dificultades que podíamos soslayar y remarcar en el contexto previo a la publicación y promulgación de la ley, y haciendo un análisis actual de la puesta a punto de la misma con los resultados positivos para la sociedad uruguaya que ya hemos podido observar.
• Que en el tratamiento de la ley en el Parlamento se contó con los aportes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y se convocó a más de 120 organizaciones, lo que hace que la misma sea producto del dialogo y la pluralidad de ideas.
• Que la Suprema Corte de Justicia declaró que la LUC es constitucional, despejando cualquier duda que surja al respecto.

La bancada de Ediles del Partido Colorado reunida en asamblea DECLARA:

1. Que esta ley emana del Poder Legislativo y consta de carácter democrático, no dejando lugar a duda en esta característica, comprendiendo que nuestro sistema de gobierno se rige por la democracia representativa.
2. Que el conjunto de artículos de la ley en cuestión es la voluntad de quienes pretendimos un cambio considerable a nivel nacional, siendo la misma la herramienta fundamental que ha permitido llevar adelante rápidamente ese cambio y que hoy ya podemos visualizar su resultado positivo hacia todos los ciudadanos uruguayos.
3. Que toda falacia e interpretación voluntariamente errónea de lo que la ley plasma, no contribuye al debate ciudadano, ni es reflejo del republicanismo que históricamente ha caracterizado al pueblo uruguayo.
4. El total y pleno apoyo a la Ley de Urgente Consideración Nº 19.889, entendiendo que la misma proyecta cambios sustanciales en la realidad uruguaya, motivo por el cual, resulta esencial afirmar el avance que ya se ha constatado en la implementación de la ley en su primer año.
5. Nuestro total compromiso a la defensa de la Ley de Urgente Consideración, en el entendido de lo expuesto anteriormente, considerándola necesaria para que Uruguay pueda volver a ser un país de progreso y avance, de futuro y no de pasado. En definitiva: que sea aquello que los uruguayos deseamos de nuestro pequeño gran país.

Matías Barreto – Gustavo Facciola – Tulio Tartaglia – Leonel Aguirre

Daniel González –  Deborah Hollander – Agustina Vila – Gianella Maffi – Luis Gorriaran – Walter Alfaro –  Verónica Fabricio Lludgar

La entrada Declaración de la bancada de Ediles del Partido Colorado de Montevideo en referencia a la LUC se publicó primero en Partido Colorado.

Un informe de la asesoría jurídica de la IM señaló que la renuncia a cobrar la deuda de Portell -embajadora en China y Vietnam durante los gobiernos del Frente Amplio-, podía hacerse solo como una medida “discrecional”.

Desde el ejecutivo de la IM, fuentes que prefirieron no ser nombradas justificaron la decisión y la consideraron justa, ya que Portell desistió de llevar adelante el proyecto que generó la deuda.

Además, Portell pretendía que la IM le devolviera un dinero ya pagado, lo que no fue aceptado por las autoridades de Montevideo.

La IM comunicó que canceló la deuda de la exembajadora mediante una resolución enviada a la Junta Departamental de Montevideo el 12 de mayo. Allí se señala que se “resolvió dejar sin efecto el convenio de `reconocimiento de deuda’ (…) celebrado el día 6 de octubre de 2017 entre la Intendencia de Montevideo y la señora María del Rosario Portell Casanova”.

La situación derivó en un pedido de informes del edil Leonel Aguirre, del Partido Colorado, a la intendenta Carolina Cosse.

Aguirre preguntó a la jefa comunal “las razones por las cuáles se deja sin efecto el convenio de reconocimiento de deuda” y “por qué razón la Intendencia accede a renunciar a su derecho a percibir el saldo aún pendiente de pago”.

La Intendencia le respondió enviándole copia del dictamen de la abogada y escribana Verónica Morales, de su Asesoría Jurídica.

Del escrito de Morales queda claro que Portell pidió cancelar un convenio de pago que tenía por un trámite de “mayor aprovechamiento” de un padrón, “en virtud de que no realizará la obra” que había proyectado. La exembajadora, además, pedía que se reconociera como un crédito a su favor lo que ya había pagado.

El “mayor aprovechamiento” es el incremento del valor económico de los inmuebles que se origina “por la autorización que la Intendencia confiere para una intervención en el territorio departamental” que se aparta de las normas de construcción vigentes para ese sector de la ciudad.

Portell había obtenido una autorización de la Intendencia para construir un edificio en régimen de propiedad horizontal “con determinados apartamientos normativos en carácter de modificación cualificada con mayor aprovechamiento”. Entre otras excepciones, Portell pretendía construir un edificio de 11,70 metros, que llegaba a los 14,5 metros con su “coronamiento”, cuando el máximo habilitado en esa cuadra es 9. Por ello debía pagar un precio compensatorio de 1.727.569 pesos, de acuerdo la tasación del Servicio de Catastro y Avalúos de la IM.

El padrón adquirido por Portell es una subestación de UTE, en la calle Tabaré, en Punta Carretas, entre bulevar Artigas y Zorrilla de San Martín.

Portell aceptó el pago compensatorio establecido y el 6 de octubre de 2017 abonó el 10% del precio, o sea 172.756,90 pesos. Quedó un saldo de 1.554.813 pesos que “se abonaría en cuatro cuotas mensuales reajustables por IPC”.

Casi dos años después, el 30 de julio de 2019, Portell pagó la primera cuota por 409.156 pesos.

Tras recordar todos estos antecedentes, la doctora Morales analizó el pedido de Portell de que la deuda se cancelara y que lo pagado pasara a ser un crédito a su favor.

La abogada de la Intendencia recordó que el “pago compensatorio” no es un tributo, sino un precio. Agregó que Portell lo había consentido. Y que la Intendencia había otorgado las ventajas pedidas por Portell, “dependiendo de la propia interesada su concreción”.

La obra se había iniciado el 19 de diciembre de 2018 y de las normas vigentes “no surge elemento alguno que permita ligar el cobro del precio compensatorio a la efectiva finalización de la obra”, afirmó Morales. Y agregó que el hecho de que las obras hayan sino iniciadas pero no terminadas, por el contrario, podría dar lugar a sanciones.

Hoy el predio adquirido por Portell está cercado con chapas azules. Además, se construyó, invadiendo parte de la vereda, un precario muro de bloques para colocar los medidores de consumo. La subestación de UTE sigue en pie, y a su alrededor, oculta por el cerco de chapa azul, se acumulan desechos varios y basura.

Morales analizó luego en su dictamen todas las eventuales razones que podrían esgrimirse para revocar el convenio firmado, y una a una las fue descartando por improcedentes: “No existe en la situación de análisis causa alguna para solicitar la anulación del convenio, en tanto se firmó válidamente”.

“Por lo expuesto –continúa- la única vía de acceder a lo solicitado sería en el marco de lo dispuesto por el artículo 1294 del Código Civil, que establece con carácter general la posibilidad de que las partes por mutuo consentimiento extingan las obligaciones creadas por un contrato, mediante el otorgamiento de un nuevo convenio que así lo dispone y que se denomina de ‘mutuo disenso’. (…) En atención a que el mutuo disenso requiere la voluntad de ambas partes, la administración debe decidir si accede o no a otorgarlo de acuerdo a lo peticionado, y al no existir razones de legitimidad, el fundamento estará constituido por razones de mérito”.

En conclusión –señala Morales- “en opinión de la suscrita no existirían razones de legitimidad para acceder a lo solicitado, puesto que el convenio suscrito es válido y eficaz, estando la Administración facultada para perseguir el saldo todavía pendiente de pago. Sin perjuicio de ello y con carácter discrecional, la superioridad podría evaluar dejar sin efecto el convenio por razones de mérito, la prosecución de valores de oportunidad, conveniencia, utilidad o justicia en la realización de los fines públicos”.

Esto último fue lo que decidió la intendenta Carolina Cosse: renunciar al cobro.

“Decisión razonable”

Fuentes oficiales de la Intendencia de Montevideo consultadas por El Este señalaron que el proyecto que Portell había presentado para el predio de la subestación “era viable y correspondía aceptarlo y aplicar el cobro del mayor aprovechamiento”.

La resolución que fijó el precio de “mayor aprovechamiento” que debía pagar Portell –agregó la fuente oficial de la IM- le fijó un plazo de dos años para construir, a partir del 21 de agosto de 2017. Por ello la autorización de construcción caducó el 22 de agosto de 2019.

“La interesada se presentó luego del plazo de dos años, el 26 de diciembre de 2019, a decir que no construyó y por tanto no usufructuó del mayor aprovechamiento. La Intendencia resolvió no devolver lo ya pagado por la interesada, y no cobrar el resto. Esta decisión es razonable en razón de que el beneficio que concedió la IM y el uso económico del mayor valor del suelo surgido de la edificabilidad agregada no se concretó, ya que no se construyó la obra, ni se vendieron las unidades”, agregó la fuente oficial de la IM, que prefirió no ser nombrada.

“El privado no se benefició, y la IM no cobró el saldo”, agregó.

La doctora Morales, en su escrito de asesoramiento jurídico, había señalado que en caso de que se optara por perdonar la deuda, el “mutuo disenso” no podía tener efectos retroactivos, por lo cual era imposible devolver lo ya abonado.

En ese aspecto Portell no logró su objetivo y lo pagado con anterioridad no se le reconoció como un crédito.

La situación ya provocó polémica en la Junta Departamental de Montevideo. En la sesión plenaria del miércoles 4, cuando se aprobó el presupuesto municipal, el edil Aguirre, electo por el sector del diputado Gustavo Zubía, cuestionó a la bancada oficialista por lamentar la falta de fondos para atender proyectos varios y al mismo tiempo perdonar la deuda a Portell.

Desde la bancada oficialista se le recriminó al edil colorado que “embarrara” la discusión con un tema no incluido en el presupuesto a consideración.

“Yo no soy jurista, pero el informe jurídico de la propia Intendencia es claro en cuanto a que no hay ninguna razón para quitarle la deuda a Portell”, dijo Aguirre a El Este. “Si hubiera sido yo, ¿me cancelaban la deuda?”, se preguntó.

“Como una hormiga”

Portell es una militante frenteamplista, muy cercana al matrimonio de José Mujica y Lucía Topolansky. En la segunda presidencia de Tabaré Vázquez fue nombrada embajadora en Vietnam, a sugerencia de Topolansky y con el voto contrario de la oposición. El propio presidente Vázquez la había cesado con anterioridad dos veces, de otros dos cargos. El 24 de setiembre de 2008, en su primer gobierno, Vázquez cesó a Portell como subdirectora de Asuntos Económicos de la cancillería, cargo que se desempeñaba desde 2005. En 2010, durante el gobierno de Mujica, Petrell fue designada embajadora en China. Al llegar por segunda vez a la Presidencia, Vázquez cesó nuevamente a Portell, el 6 de julio de 2015.
El pasaje de Portell por China fue polémico, por decir lo menos.

Leonardo Traversoni –el segundo de la embajada– señaló en el Observador: “No ha habido jamás una embajadora tan incompetente, arbitraria y corrupta como la señora Portell en la China. Era el hazmerreír porque creía que hablaba inglés y decía cualquier cosa y exigía volar en primera, en fin, y cosas peores”.

Cuando se discutió en el Parlamento su designación como embajadora en Vietnam, el entonces senador Mujica señaló: “Puede ser que esta señora no tenga mucha capacidad, pero puede ser que sea una hormiga trabajadora”. Mujica también señaló que Portell era una “vieja militante comunista” de origen muy humilde, a la cual se la estaba haciendo pagar “cierto precio” por esos “pecados originales”.

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Los legisladores argumentaron que se «aumenta el gasto de funcionamiento un 16%, mientras disminuye la inversión en valores reales un 29%».

Además, criticaron en particular que se «prioriza un gasto de US$ 5,5 millones por año para un canal de televisión».

«Un presupuesto que mira los intereses de cierto status quo, entendido como tal el beneficio de una persona o un grupo determinado y no vela por los intereses más generales que le competen a un gobierno departamental. Piensa en una plataforma política y no piensa en obras, no piensa en recolección de residuos, no piensa en alumbrado público, no piensa en los cementerios departamentales, no piensa en que la situación actual de crisis y pandemia va a llevar una recuperación al largo plazo con consecuencias realmente desconocidas y sigue gastando en lo que no tiene que gastar», complementaron los ediles.

En esa línea, señalaron que a pesar de haber participado en las instancias de debate sobre el presupuesto con «espíritu constructivo», se «encontraron con otra realidad».

«Nos encontramos con una realidad que se viene repitiendo en los últimos gobiernos departamentales, es un presupuesto que piensa en la candidatura presidencial futura, porque no nos engañemos que este presupuesto a nuestro entender es eso, una campaña política anticipada para que la intendenta (Carolina) Cosse el día de mañana sea candidata presidencial», aseguraron, y recordaron a su vez los casos de Tabaré Vázquez y de Daniel Martínez.

Y agregaron: «Es un presupuesto que se mira para sí mismo, en el que se prioriza el cambio de la imagen Institucional de la intendencia por una nueva ¿es realmente necesario eso?».

Según los ediles, la gran mayoría de los objetivos y actividades establecidas «son genéricas y es imposible determinarlas».

Critican que aquellas actividades que están identificadas, no están cuantificadas: «Se dice qué se va a hacer pero no se dice cuándo o cómo. Nunca sabemos cuánto salen a ciencia ciertas esas actividades».

«Si la administración no es capaz de construir con cristalinidad un plan de Metas y Objetivos, le hace falta su propia hoja de ruta para controlarse; demuestra la falta de concreción que hay en los planes de la Intendencia y hace imposible el control por parte del cuerpo de ediles y de la ciudadanía de manera objetiva. Esto conlleva después a una discusión en la Rendición de Cuentas que solamente queda basada en aspectos políticos y subjetivos y no en las necesidades reales del departamento», apuntaron.

Señalan que se encontraron en el presupuesto «con muchas «palabras lindas, muchas palabras políticamente correctas».

«Algunas de ellas repetidas hasta el cansancio, que a veces se intentan usar como comodín para todo: política transversal, solidaria, participativa, democrática, productiva, integrada e integradora, inclusiva, pero que carecen en su mayoría de contenido cuando vamos a lo concreto», apuntaron.

Y agregaron: «Los montevideanos queremos más pragmatismo; no queremos que nos digan conceptos abstractos, que nos digan en concreto que el camión de la basura va a pasar todos los días; que el que limpia el contenedor va a pasar cada dos días, que los barrenderos van a pasar tres veces por semana».

Además, apuntan que si bien es cierto que los aportes del gobierno central en el quinquenio disminuyen, se pasa de inversiones por un 23% del egreso total en el período anterior, a un poco más del 14%».

El documento que señala no se votará el presupuesto fue firmado por cinco ediles del Partido Colorado: Gustavo Facciola, Matías Barreto, Leonel Aguirre, Daniel González y Tulio Tartaglia.

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