La semana pasada la ONU publicó un contundente informe acerca de la violación de DDHH en Venezuela. El lunes pasado presenté, en mi condición de Prosecretario Nacional de Derechos Humanos del Partido Colorado, el informe de la Misión. Allí el Partido manifestó su preocupación por el tema.
En septiembre de 2019 el Consejo de DDHH de la ONU estableció una Misión independiente a los efectos de analizar la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Tras el primer informe de la Misión en septiembre de 2020, en el que se señaló la violación de DDHH y los delitos en contexto de represión política selectiva, el Consejo resolvió extender la Misión durante dos años más, tras considerar motivos razonables para que existan crímenes de lesa humanidad. La Misión continuó investigando desapariciones forzadas, tortura, y resoluciones extrajudiciales. En su segundo informe en septiembre de 2021, concluyó que el sistema de justicia contribuía directamente a perpetuar las violaciones de derechos humanos.
El nuevo informe, que fue publicado la semana pasada, señala que: «las investigaciones de la Misión demuestran, con motivos razonables para creer, que varias personas que ocuparon y ocupan cargos en las jerarquías de la DGCIM y el SEBIN cometieron violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad, como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno».
«El presidente y otras autoridades de alto nivel participaron en las reuniones de coordinación y, posteriormente, ordenaron directamente la realización de acciones contra objetivos específicos por parte de las dos agencias de inteligencia». El perfil de los objetivos era claro: opositores al gobierno. Los arrestos y detenciones son acompañados de graves irregularidades como colocación de pruebas falsas, y manipulación de los sistemas de justicia a los efectos de desarrollar detenciones arbitrarias. Estas detenciones, señala el documento, implicaban importantes recursos logísticos y humanos coordinados desde el más alto nivel del gobierno. Los funcionarios posteriormente son premiados con ascensos.
El documento finaliza afirmando: «La Misión insta a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a que continúen prestando especial atención a los acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela y monitoreando si se están realizando progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos».
Mientras tanto, en Uruguay, existen quienes defienden el gobierno de Venezuela, cómo lo hace el Frente Amplio, cuyas destacadas autoridades han concurrido a importantes reuniones y eventos en Venezuela. Y por otro lado estamos quienes, sostenemos lo evidente, que en Venezuela hay una dictadura. No es casualidad que el Presidente Sanguinetti durante la pasada campaña determinara que la elección iba a ser entre quienes entendían que Venezuela era una dictadura y quiénes no.
Apostamos por la libertad, la justicia social, y la defensa de los Derechos Humanos.