La tragedia del domingo pasado, sacudió al país. Tres infantes de marina muertos a mansalva, sorprendidos en la madrugada, convocaron la solidaridad nacional. Vidas jóvenes quedaban truncadas por un ataque cuyo origen -en aquel momento- no estaba claro.
La autoridades, con responsabilidad, dijeron de entrada que no descartaban ninguna hipótesis. Todo indicaba que esa violencia era la continuidad de otros episodios vinculados al narcotráfico. Por lo tanto, un desafío al Estado de Derecho y así lo entendimos, en ese momento, todos los actores políticos.
El episodio se esclareció rápidamente. Cuando la Policía arrastra fracasos tan notorios y recientes como el de la fuga del famoso mafioso italiano Morabito sin que nadie hasta hoy sepa nada, la rapidez de echar luz sobre este episodio, le da un crédito importante ante la opinión pública. Es necesario decirlo.
Investigados los hechos, las responsabilidades en el episodio pasaron a ser personales y no institucionales. La tragedia humana es la misma pero no se le añade a ella -meláncolico alivio- el desafío al Estado . Resultó un caso policial que en su raíz aparece, como se da cada vez con más frecuencia, la droga, la desesperación por el dinero para disponer de ella, la perturbación psicológica que borra todas las vallas de la moralidad y la mínima humanidad.
Desgraciadamente, nuestra sociedad, perturbada por las redes y su embrutecimiento simplificador, lleva a gente presumiblemente culta a las conclusiones más antojadizas. En ese domingo trágico, por ejemplo, recordé (como medio Uruguay) otro asesinato parecido, con militares de guardia asesinados, que producía una repercusión nacional análoga a la que estábamos viviendo en el momento. Aclaré, inequívocamente, que aquello había sido violencia política, que hoy felizmente no teníamos, así como que todo indicaba que este episodio era violencia proveniente del mundo del delito. Adosarle a ese comentario una insinuación de golpe pseudo guerrillero solo pudo nacer de la mente cargada de prejuicios de quien así piensa, no de mis palabras, que solo revivían un momento de emoción colectiva parecida. Tanto era así que los Senadores frenteamplistas corrían al Cerro a prestar solidaridad ante el crimen que producía tamaña repercusión y, por lo tanto, no lucía como un homicidio común. Si no, ¿qué hacían ahí? Desgraciadamente, ahora habría que cuidarse hasta de esta perturbación de cierta mentalidad, siempre pronta a sospechar y, por supuesto, a distinguir entre muertos de uno y otro valor y violencias menos o más malignas. Para ellos, recordar un crimen de la guerrilla -solo recordar- es tan horroroso como decir que Venezuela es una dictadura.
Volviendo al episodio criminal, éste parece asociado al consumo de drogas, porque tanto el asesino como sus cómplices -se informa- son adictos (y eventualmente vendedores). Y eso nos lleva, una vez más, a reclamar un análisis sereno de esa situación, no sólo en el terreno del gran narcotráfico sino también en el de los hábitos de consumo en el país. La legalización de la marihuana generó, incuestionablemente, un clima de permisividad frente al fenómeno de las adicciones que ha multiplicado su consumo y hasta le ha dado a nuestro país una imagen internacional de «paraíso» de las drogas. No podemos seguir soslayando la situación y pensando que la marihuana es «blanda» cuando la evidencia científica es muy dura sobre ella y tampoco hay debate sobre la influencia que tiene en la introducción a los consumos riesgosos.
Otra derivación insospechada: el Fiscal Diego Pérez, que investiga algunos episodios vinculados a la violencia, afirma que «personas o profesionales que forman parte de los cuerpos funcionales de esas dependencias, de alguna manera en su actividad, puedan asesorar o defender a integrantes de esas organizaciones delictivas, es un tema que se tiene que plantear y analizar». Añade que «acceden a información privilegiada», lo que es gravísimo. Tamaña afirmación, reiterada en diarios y radios por el Fiscal, no puede ser soslayada.
Cuántas aristas van apareciendo… La última década ha sido nefasta para el país, con una normalización del fenómeno de la droga que se asocia indisolublemente a una violencia agravada en su crueldad y en sus márgenes sociales. Realmente es un tema de fondo, de lo que ni las urgencias del momento pueden postergar.
