La historia no es nunca pasado muerto. La llevamos con nosotros mismos, hasta en nuestra mentalidad, nos guste o no, lo advirtamos o no. Cuando ella, por reciente, sigue proyectando su luz directa sobre los acontecimientos del presente, adquiere una acuciante actualidad. Si siempre es relevante hacerla con verdad, al estar palpitando se hace más cercana. Quizás haga más difícil la apreciación histórica, más polémica, pero esa contemporaneidad la hace imprescindible.
Estos días, se cumplen 50 años de los episodios que, en febrero de 1973, marcaron el comienzo de la dictadura militar. Si por ésta entendemos la subordinación del poder civil al castrense, parece indudable que ese fue el comienzo, especialmente por lo que vino después, al ratificarse en junio con el cierre del Parlamento. Si hubiera sido otro el derrotero político posterior a febrero, otra también podría haber sido su interpretación, pero dados los hechos como fueron, no hay duda de que allí estuvo el comienzo del fin. En todo caso, no fue algo imprevisible, porque existían antecedentes de una larga secuela de episodios que habían generado un protagonismo militar creciente en la vida pública del país.
Como se sabe, todo se precipitó el 1º de febrero, cuando el Dr. Amílcar Vasconcellos hizo una declaración por CX 16 Radio Carve y denunció la existencia de una prédica golpista, que venía creciendo, al compás de desbordes en la acción militar. Se produce entonces una respuesta del Presidente Bordaberry, afirmativa de las instituciones pero que no satisface a los mandos militares. Reclaman hablar ellos y luego de intensos cabildeos, la respuesta militar se hace pública. Es una durísima declaración acusando a Vasconcellos de llevar adelante una «concertada maniobra» política de desprestigio de las Fuerzas Armadas.
El mando militar entra en tensión, cuando se hace público que el Comandante en Jefe de la Armada, el Contralmirante Juan José Zorrilla, se ha negado a firmar la declaración. Se produce entonces la caída del Ministro Dr. Malet y el llamado del Presidente al General Francese, como hombre de emergencia, dado su generalizado respeto. Los mandos no acatan la designación y allí se produce la gran pulseada, con la Armada de un lado, defendiendo la institucionalidad, y el Ejército y la Fuerza Aérea del otro, desconociendo al nuevo Ministro. El Ejército saca los tanques a la calle. La Armada le responde con una audaz operación: clausura la Ciudad Vieja, con barricadas levantadas con automóviles y ómnibus, para ofrecerle al Presidente un espacio de fuerza a fin de negociar en mejores condiciones. Se está al borde de un enfrentamiento armado.
El Presidente hace un llamado popular, que logra una modesta convocatoria, aunque recibe el apoyo personal y expreso de las agrupaciones coloradas principales (Unión Colorada y Batllista, el pachequismo; Unidad y Reforma, el quincismo) y las nacionalistas que estaban integrando ya el gabinete, o sea los independientes de Washington Beltrán y los herreristas de Mario Heber, Echegoyen y don Alberto Gallinal.
El wilsonismo propiciaba la renuncia de Bordaberry y que Sapelli convocara a una nueva elección. Se lo propone incluso al Almirante Zorrilla, quien lo rechazó, afirmando que no se apartaría de la solución constitucional: apoyar al Presidente, y si este voluntariamente renuncia, al Vice, y si éste no asume, al Senador que le sigue, como manda la Constitución. En la misma línea, se instala el Vicepresidente Sapelli.
En medio de esa tensión, la Junta de Comandantes en Jefe emite el llamado Comunicado 4 y al día siguiente otro, el número 7, que configuran una suerte de programa de gobierno militar, con su insistencia en el desarrollo nacional, la moral pública y un fuerte tono antipolítico. Insisten siempre en la idea de que no «serán brazo armado de grupos económicos y/o políticos». Hubo un matiz en los dos comunicados, el primero hablando de algunas propuestas «hacia la izquierda», como la redistribución de la tierra, y el segundo descartando, por expreso, toda influencia marxista. El primero se atribuyó a los llamados «peruanistas» y el segundo a los generales más tradicionalistas.
Importa señalar aquí que el Frente Amplio, el mismísimo 9 de febrero en que se emitía el comunicado militar, realizó un acto en la Unión, en el que el propio General Seregni se afilia a la tesis, ya sostenida por otros voceros partidarios, de que debe renunciar el Presidente para establecer la «interacción fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas». Tanto «Ahora», vocero del Partido Demócrata Cristiano, como «El Popular», del Partido Comunista, desarrollan rotundamente la tesis de que el conflicto no es entre Constitución y dictadura sino entre «pueblo y oligarquía». Insisten en un gobierno de «civiles y militares honestos». El mismísimo Comité Central del Partido Comunista llega a decir que «no compartimos afirmaciones tales como que es mejor el peor gobierno que el mejor gobierno militar, porque ellas dejan de lado las clases sociales y la posibilidad de desenvolvimiento de una acción independiente de la clase obrera por una definición democrática avanzada». «Los comunicados 4 y 7 han abierto una esperanza», dice Juan Pablo Terra, el líder demócrata-cristiano, seducido, como la dirigencia del CNT con la posibilidad de un «gobierno peruanista», o sea en la línea de la dictadura del General Velásquez Alvarado, que lideró en Perú un régimen nacionalista y marxista. La única voz de la izquierda que alertó sobre la era militar que se avecinaba fue, solitariamente, la de Carlos Quijano en «Marcha«.
El Presidente siente que no tiene apoyo suficiente y le pide a la Armada que levante el bloqueo ante la posibilidad de un derramamiento de sangre. Lugo termina pactando con los mandos militares en Boiso Lanza la instalación de un Consejo Nacional de Seguridad, como órgano asesor del gobierno en las más amplias materias y otras medidas de tono menor como el cese de algunos diplomáticos. Por ejemplo, el Dr. Augusto Legnani, acreditado en Naciones Unidas, luego de haber sido Ministro de Defensa, renunciado en fuerte discrepancia con los mandos militares que se habían negado a cumplir un mandato judicial. Las consecuencias de una sublevación tan estentórea parecen mínimas, pero el hecho es que el Presidente no pudo nombrar su Ministro de Defensa y eso marcó un punto de inflexión.
Fue un tiempo muy difícil. De enorme tensión. Todo ocurría, además, en medio de la guerrilla y una desatada desestabilización sindical, que rebasaba desde hacía tiempo sus reclamos gremiales para sumarse a la tesis revolucionaria de los tupamaros. Es más, la presencia pública de la fuerza militar era la consecuencia de esa acción directa que, paso a paso, le había alfombrado el camino a su avance.
Nuestro Partido fue claro. No puede negarse que comenzó allí una división, pero institucionalmente el Partido, como tal, tuvo una claridad institucional que le singularizó. Su Convención estuvo a la altura de las circunstancias y sus principales figuras lo mismo. Por eso, el próximo lunes, con toda justicia, el Comité Ejecutivo Nacional realizará un homenaje al ex Vicepresidente Jorge Sapelli, al Dr. Amílcar Vasconcellos y al Contralmirante Juan José Zorrilla, simbólicos representantes del institucionalismo esencial a nuestra colectividad.
50 años después, sin claudicaciones. No todos pueden decir lo mismo.
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