El directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)solicitará al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) una serie de auditorías en el organismo, tras detectar presuntas irregularidades durante la pasada gestión. Estas comprenden desde adjudicaciones de obras por contrataciones directas a deudas impagas de vehículos que ya no son utilizados.
En uno de los casos, el vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, encontró que las autoridades de la anterior administración adjudicaron en 2016 la construcción del Centro de Control de la nueva terminal a través de una compra directa. Se trató de un gasto de más de $ 5 millones. La destinataria fue una empresa de la que es propietario el exconcejal de “Compromiso Frenteamplista”, de la Lista 711 de Libertad (San José), Fabio Reyes.
Lo que alerta el actual jerarca es que para hacer la adjudicación de la obra a la firma de Reyes, lo que hicieron sus antecesores fue valerse del numeral 22 del literal C del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), el que define que “los entes autónomos y servicios descentralizados podrán contratar bienes o servicios bajo cualquier modalidad destinados a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en el régimen de libre competencia”. Lo que Osta sostiene es que AFE no está en régimen de libre competencia, porque es la única que presenta un tipo de servicio en Uruguay.
Osta dijo a El País que lo que busca “mejorar la gestión y detectar situaciones que puedan ser irregulares para corregirlas y actuar”. Incluso contó que tuvo dificultades para acceder a la información, pero que “hay un tema político-institucional de compromiso con la ciudadanía que se está cumpliendo aún con dificultades”.
En caso de confirmarse que hubo irregularidades, el jerarca no descarta denunciar los casos en la órbita civil o penal.
Osta consideró que “no se trata de una caza de brujas”, aunque añadió: “Si hay brujas se van a cazar”.
Investigación
La decisión del directorio de elevar sus hallazgos al TCR ocurre luego de que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) respondiera en agosto que AFE “no estaría comprendido en el alcance de sus actuaciones” dado que las mismas “se vienen realizando en función de la priorización dada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.
En su lugar, la AIN ofreció asesorar a los auditores internos de AFE, pero como la institución no cuenta con una unidad específica para hacer auditorías, sus autoridades resolvieron el jueves pasado pasar todas las actuaciones a la órbita del TCR.
En una nota del directorio a la que accedió El País, las autoridades solicitarán en una primera etapa una serie de auditorías vinculadas a los sistemas de compras y de liquidación de haberes desde 2016 a 2019 -y no descartan incluir luego años anteriores. Y pidió que “se formulen las recomendaciones que el TCR entienda pertinentes”.
Es que el caso de la compra directa adjudicada al empresario vinculado a la lista 711 no es el único aspecto a investigar. Osta también quiere que el TCR indague por dos camiones que AFE presentó en 2015, que son “inutilizables” pero siguen generando deuda de patente. En este caso el directorio señaló que está trabajando para recuperar los vehículos.
Otro de los temas que el directorio busca “corregir” es la adquisición de dos equipos para desmalezar que fueron comprados por el organismo en 2013 por US$ 569.266 y que presentaron inconvenientes. Por ejemplo, la Gerencia de Infraestructura de la Regional Sur de Sayago detalló en un informe que los operarios de los equipos “detectaron pérdida de potencia”, lo que hizo que queden fuera de servicio en la estación Nico Pérez en Florida. Entre otras cosas la maquinaria había sido adquirida para aplicar herbicida en la línea de Río Branco.
DATO
También hizo obras en OSE, ANEP y cárceles
La oferta de la empresa de Reyes -que luego fue adjudicada por compra directa- fue la “más conveniente” desde el punto de vista de su precio ($5.052.988), por debajo de Tresor ($6.214.797) y de Nueva Hidráulica ($6.525.401). Sin embargo, un equipo de técnicos advirtió antes de su adjudicación al directorio que si se la contratase, “se puede generar un riesgo para la ejecución dada la alta exigencia que imponen los plazos de obra”. Y advirtió que si bien era la oferta más competitiva, “no resalta por su prolijidad” dado que los detalles en cada ítem fueron escritos a mano, algo que constató El País. Reyes explicó que “las otras dos empresas no supieron interpretar la obra por el tema del monto imponible que es lo que se aporta al BPS”, dado que “las obras en seco siempre llevan mucho menos jornales”. El exconcejal contó que la oferta a AFE “fue algo puntual” y que “no se presentó más porque era complicado estar y que te estuviesen con una lupa” por ser de la Lista 711. Detalló que su empresa realizó trabajos para el Ministerio del Interior, OSE y ANEP. En sus antecedentes, indicó que trabajó en los baños de la cárcel de Canelones y también en la “ampliación de la revisoría y el tinglado para espera de visitas” en la cárcel de Las Rosas.
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