El diputado colorado Ope Pasquet redactó la iniciativa para que los médicos puedan asistir la muerte de enfermos terminales o con «sufrimientos insoportables.
Cinco diputados del sector Ciudadanos del Partido Colorado presentaron este miércoles un proyecto de ley redactado por el legislador Ope Pasquet para legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.
El proyecto, firmado por Pasquet, Felipe Schipani, María Eugenia Roselló, Laura Baccino y Walter Cervini, establece en su artículo 1° que «está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayude a darse muerte».
El diputado Ope Pasquet escribió que el proyecto se basa «sobre la base de la dignidad y la libertad de la persona» compredidos en los artículos 7 y 72 de la Constitución.
«La realidad muestra que hay situaciones en las que quien quiere consciente y deliberadamente dejar de vivir para dejar de sufrir, necesita ayuda para hacerlo, sea porque le resulta físicamente imposible suicidarse, sea porque no quiere emplear métodos violentos para hacerlo y no tiene acceso a otros, sea porque quiere que la ayuda médica le dé la absoluta certeza de lograr el fin perseguido, sea por cualquier otra razón de similar naturaleza», dice la exposición de motivos.
«La respuesta mínima que el Estado debe dar a estos casos de dolor y angustia consiste en no castigar a los médicos que libremente acepten ayudar a quienes en las circunstancias y con arreglo a los procedimiento que la ley determina, les piden asistencia para dejar de vivir», señala el documento.
El artículo 315 del Código Penal (Determinación o ayuda al suicidio) indica que «el que determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si ocurriere la muerte, será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría». El proyecto no propone la exoneración de la pena sino eliminar «la antijuridicidad de la conducta», que dejaría de constuir delito, de la misma forma en que la legítima defensa (artículo 26° del Código Penal), el estado de necesidad (artículo 27) y el cumplimiento de la ley (28°) también suponen «causas de justificación».
El procedimiento
El articulado del proyecto de ley presentado por los diputados de Ciudadanos desarrolla los pasos a seguir durante el proceso tanto por la persona que cursa la solicitud como por los médicos.
Según el articulo 2° de la inicativa, el médico actuante deberá solicitar una segunda opinión profesional al respecto, mientras que el 3° describe la serie de pasos a cumplir las partes para actuar conforme a la ley, incluyendo dos entrevistas con el paciente. «El médico cuya intervención se solicite dialogará con el solicitante para cerciorarse de que conoce y comprende su situación y de que la voluntad de poner fin a su vida que manifiesta es libre, seria y firme», dice el artículo.
El médico también deberá informar acerca de tratamientos paliativos y sus efectos de manera «veraz, completa y comprensible».
«Por lo menos quince días después de la primera entrevista deberá realizarse una segunda para establecer si se mantiene la voluntad ya expresada», agrega el artículo. Según el proyecto, para cada entrevista deberá quedar constancia escrita.
El artículo 4° señala que transcurrido «no menos de tres días» desde la realización de la segunda entrevista, el paciente «que persista en su voluntad de poner fin a su vida lo declarará y hará constar por escrito ante dos testigos». Al menos uno de los dos testigos no podrá «recibir beneficio económico alguno a causa de la muerte del declarante», agrega el texto.
El artículo 5° expresa que «la voluntad del sufriente» es «siempre revocable» sin estar sujeta «a formalidad alguna», pudiendo determinar «el cese inmediato» de los procedimientos. El 6° artículo establece la responsabilidad del médico de «asegurarse» de que los medios suministrados sean de uso «exclusivo» del paciente.
Por último, el artículo 7° estipula que una vez producido el fallecimiento, el médico deberá comunicar «de inmediato» a la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud del Ministerio, junto con los antecedentes que acrediten el cabal cumplimiento de la normativa.
Esa comisión se comunicará con Fiscalía en caso de entender que hubo un «apartamiento relevante del procedimiento legal», explica el texto.
Fundamentación
En su fundamentación, Pasquet aclara que el proyecto «no impone al Estado, ni a los médicos ni a nadie el deber de practicar la eutanasia activa ni el de asistir al suicidio de quien lo solicite, en ninguna circunstancia». Es decir, si un médico se opusiera a asistir un suicidio, de acuerdo al proyecto presentado, no tendría obligación de hacerlo. «Lo que el proyecto hace es declarar que no comete delito el médico que practica la eutanasia activa, ni el que ayuda a otro a suicidarse, si cumple con las disposiciones de la ley», agrega el texto.
Pasquet señala también que «es un secreto a voces» que ambas prácticas –eutanasia activa y suicidio médicamente asistido– «han existido siempre y existen hoy en Uruguay», aunque ocurran «clandestinamente y en penumbras».
«Es tiempo de que la sociedad asuma colectivamente, a través de la ley, la responsabilidad por la forma en que trata a los enfermos terminales o a quienes están agobiados por sufrimientos insoportables», agrega.
Por último, la exposición de motivos expresa que el Código de Ética Médica se opone en su artículo 46 a la eutanasia activa y que competerá al gremio médico estudiar ese punto en caso de aprobada la ley. «Esperamos que de convertirse en ley el proyecto que presentamos, el gremio médico se plantee la revisión del citado artículo», expresan los firmantes.
