Rescatar la majestad de la ley y asegurar la calle como espacio público de convivencia pacífica, son claros objetivos republicanos.
La calle está complicada. El mundo del delito, que no por casualidad saltó de 9.000 rapiñas -cuando entró el Frente Amplio- a 30 mil el año pasado, está allí. Las restricciones del Covid-19 generan fatigas y en los jóvenes, rebeldías explicables. Las manifestaciones tradicionales por el presupuesto transcurren en un tiempo que les impone límites y que no son la normalidad. Las ocupaciones de instalaciones privadas y públicas, a su vez, pretenden preservar su espacio anterior de permisividad.
Este escenario callejero viene siendo manejado, en cada ámbito, con firmeza pero también con prudencia. Y de ese modo debe seguir actuando la autoridad pública, sin bajar los brazos un día, porque así como la mayoría de estas acciones no poseen una intencionalidad política, hay sin embargo quienes están en otra actitud. Nos referimos a dirigentes frentistas que han lanzado una increíble campaña contra el accionar policial, algunos gremialistas de la educación desorbitados y pequeños grupos radicalizados que no ocultan, desde hace tiempo, su voluntad de trasladar al Uruguay episodios de agitación como los que sufrió Chile en octubre pasado.
La campaña contra la Policía es increíble. Que el Frente Amplio, titular del fracaso mayor en seguridad ciudadana, se haya volcado con bombos, platillos y estrépito al cuestionamiento del nuevo gobierno en la materia, es realmente insólito. La exageración publicitaria del episodio de la Plaza Seregni no tiene parangón. No hubo un muerto ni un herido del lado civil. Solamente policías lesionados y recibidos con insultos, no bien aparecieron para solicitar que se dispersaran para prevenir contagios. Sin embargo, hasta se fue a la desprestigiada Comisión Intermaericana de Derechos Humanos, que de inmediato lanzó un bando internacional expresando una preocupación sin fundamento.
Mientras tanto, no hay intervención policial que no merezca cuestionamientos y análisis detallados, como si episodios de violencia pudieran ser manejados con pulcritud matemática.
Para escenificar esta deriva opositora, en el plano político se anuncia una interpelación al Ministro Larrañaga, cuestionando «su talante», su actitud y hasta su defensa encendida de una Policía que lleva sobre sí 15 años de administración frentista y a la que está tratando de levantar en su ánimo y eficacia. El Ministro se ha hecho cargo personalmente, como no ocurrió nunca su antecesor, siempre escondido detrás de farragosa explicaciones. Cuando ha habido aciertos, Larrañaga los ha expuesto; y cuando han existido errores, los ha reconocido. Se ha felizmente superado aquel escapismo del gobierno frentista, siempre pronto para buscar responsables por todos lados salvo en su accionar, nunca compasivo con una víctima y rara vez sostén del accionar policial. Las cosas han cambiado y se nota, pese a que los medios, como la Policía, son los mismos.
Resulta risible cuando se habla, en ocasiones, de operativos con baja profesionalidad de algún agente, porque ese es el personal que dejó el Frente Amplio. Donde hay buenos y no tan buenos, gente preparada y mucha otra sin entrenamiento adecuado. La diferencia es que hoy están motivados, tienen mejores herramientas legales luego de la LUC y un fuerte respaldo de la autoridad. Se empiezan a sentir parte de una batalla relevante para salvar a la sociedad de un narcotráfico internacional que domina al país y un mundo delictivo cuyos procedimientos se han agravado. La sociedad no puede permitir que les gane el desánimo y volvamos a caer en aquella «anomia» que reconoció en su día la mayor autoridad policial del país.
Otro capitulo muy importante es el que refiere al ámbito educativo, donde -especialmente en Secundaria- campea una agresiva irracionalidad. Con buen criterio, la autoridad está limpiando las fachadas de los liceos, hasta ahora soporte de pintarrajeos agresivos y consignas poco democráticas. Los sindicalistas del rubro vuelven a enchastrar y, felizmente, la autoridad insiste en repintar y así deberá seguir, firme y vigilante, para terminar con el oprobio de que la fachada del mayor instituto de formación docente, el IPA, parece ser un bunker revolucionario maoísta y no un establecimiento del Estado. Lo mismo cuando las ocupaciones de esta semana pretendieron exhibir su fuerza con ese espíritu de revuelta. En algunos lugares, la ciudad de Colonia, por ejemplo, hasta se izó la bandera de la Fenapes, en lugar del símbolo nacional, provocando una reacción de los vecinos que pudo tener consecuencias.
Todo indica que se quiere persistir en las ocupaciones, como ocurrió esta semana. Estos son los primeros escarceos, las primeras pulseadas, que quieren medir la firmeza de la autoridad. La mediación, como en anteriores ocasiones, resultó exitosa y se evitó que actuara la fuerza pública. Pero si estas medidas persisten, debe quedar claro que tendrá que actuar la Policía y que nadie se llame a asombro. Como bien sabemos, aunque actúe con la mayor parsimonia, será insultada, agredida y luego acusada de desbordes y excesos.
La interpelación al Ministro Larrañaga es una buena oportunidad para hablar con serenidad de estos temas, explicitar los rumbos y ratificar la decisión del gobierno de rescatar la majestad de la ley. En un plano político, además, se debería desnudar la dualidad frentista. Para que no funjan de acusadores cuando son responsables y que, lejos de preguntar, lo que deberían hacer es responder por su penoso legado. Para que no sigan hostigando a una Policía que solo está sirviendo a la legalidad republicana. Y a la convivencia que amenazan los radicalismos.
Para todo estamos a tiempo, pero cuidado con la calle. No puede ser escenario de combate y no pacífico espacio de convivencia.
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