El proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja –que pasa al Senado– fue una iniciativa formulada en 2017 por el colectivo Madres del Cerro, que nuclea a familias de todo el país que sufren el drama diario de convivir con un adicto y que durante estos cinco años vienen reclamando al sistema político una respuesta eficaz al problema, particularmente, de la adicción a la pasta base de cocaína.
Ingresado por la diputada colorada Nibia Reisch, dicho proyecto que preveía que el adicto, en estado de lucidez, pueda expresar previamente su voluntad para recibir tratamiento cuando un médico lo indique, no avanzó al no contar con el apoyo de la bancada frenteamplista, que tenía mayorías en ese momento.
Durante la actual legislatura, Reisch, junto a la representante de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, retomaron esta iniciativa en octubre del año pasado, contemplando observaciones de autoridades de la salud y la academia.
Aprobado en noviembre en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, el proyecto quedó en suspenso por casi un año, por objeciones de diputados blancos. Pero finalmente el miércoles, con nuevas modificaciones, se aprobó por 54 votos en 94.
Desintoxicación, rehabilitación y reinserción social
Ahora, el primer artículo establece que la ley tiene por objeto “garantizar el derecho de toda persona que padezca adicción a las drogas a recibir el tratamiento adecuado e integral para su desintoxicación, rehabilitación y reinserción social”; quedando en segundo lugar el procedimiento previsto.
“Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca de adicción a las drogas, en uso de su plena capacidad determinada por profesionales médicos psiquiatras, podrá expresar su voluntad de ser sometido a una internación para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social”.
Además, estipula que “las condiciones y duración de internación serán las indicadas por el médico y el equipo profesional tratante” que deberá realizarse en “clínicas o instituciones, públicas o privadas, especializadas en la materia”. En el caso de que sean clínicas o instituciones pagas, los costos de la internación “serán a cargo del interesado o quienes acepten asumir los referidos costos”.
El art. 3 prevé que “la expresión anticipada de la voluntad se realizará por escrito con intervención notarial, documentándose en escritura pública o acta notarial, con la firma del titular y dos testigos” y siempre “deberá ser incorporada a la historia clínica del paciente y podrá ser homologado ante la justicia competente”. El art. 4 aclara que “no podrán ser testigos los profesionales médicos tratantes o funcionarios de la clínica o institución de salud en la cual el titular sea paciente”.
El último artículo del proyecto señala que “la voluntad para recibir un tratamiento de desintoxicación, tendrá plena eficacia durante el período de internación y deberá continuar hospitalizada en caso que los profesionales actuantes consideren exista riesgo inminente de vida para la persona o terceros”.
“Se ha logrado el primer cometido”
Así lo expresó a La Mañana, Gabriela Jost, una de las referentes del Colectivo Madres del Cerro que el miércoles desde las gradas seguía con atención la sesión de Diputados. “Gracias a este proyecto hace más de un año se habla del tema a todos los niveles”, subrayó.
“Hemos logrado avanzar y mostrar esta enfermedad, pero ahora hay que ir por soluciones para miles de personas”. En ese aspecto, destacó “que se está empezando a mover –gracias al proyecto– Salud Mental de ASSE, prometiéndonos más camas en los hospitales, casas de medio camino en el centro y una agenda abierta para abordar este tema en las policlínicas barriales”.
Por su parte, el diputado nacionalista, Rodrigo Goñi, quien tuvo la ardua tarea de consensuar cambios que permitieran el apoyo mayoritario del proyecto, dijo a La Mañana que “lo más importante es que se aprobó un proyecto, que es un avance sustancial”, dado que “en el art. 1, que es el más importante, se explicita y se establece expresamente garantizar el derecho a un tratamiento adecuado”.
De esta manera “se jerarquizó la garantía de ese derecho”, puesto que “las leyes de alguna forma reglamentan los derechos constitucionales y en este caso, se establece con claridad y precisión, el derecho a un tratamiento adecuado integral”, aseveró el legislador. Señaló que una de las cuestiones que demoró la aprobación se debía a que establecía irrevocabilidades de internación que “el Estado de derecho no lo permite”. Sobre el texto finalmente aprobado, remarcó que “le da más herramientas al MSP y ASSE que ya están trabajando en el tema”.
En tanto la diputada Reisch, que fue la primera en exponer los argumentos favorables durante la discusión parlamentaria, indicó que el proyecto “da un instrumento más, de los muchos que el sistema de salud tiene en él debe de implementaciones en el marco de la Ley de Salud Mental (2017). La diputada coloniense apuntó que “hasta ahora no se ha tenido éxito con las medidas adoptadas en el tema drogas”.
La otra promotora del proyecto, el cabildante Pérez Bonavita, celebró estar votando esa ley porque “busca minimizar el terrible efecto de las drogas”. Destacó que se le está dando «la posibilidad al adicto de elegir entre la vida y la muerte en muchos casos; le damos la posibilidad de tomar las riendas de su propia vida, y “les damos la herramienta a las familias de formar parte de la sanación”.
Advirtió que “la voluntad anticipada no pretende ser la única forma de abordar el tema, por supuesto que no, pero vaya si será un antes y un después en las posibilidades que le damos a las personas que quieren con todas sus fuerzas recuperar su vida”.
Oposición y discrepancias
El Frente Amplio no acompañó la propuesta legislativa. Los argumentos del informe en minoría, resultantes del tratamiento en comisión, leídos por Cristina Lustemberg, expresan que es un proyecto “impreciso, desactualizado, que carece de arbitrajes y garantías, y pretende regular aspectos que ya están contenidos en la Ley de Salud Mental”, para la cual entienden que se deberían dotar mayores recursos. Además, señalan que el proyecto genera “falsas expectativas” creando “soluciones únicas y rígidas” que “no resuelven los problemas estructurales”.
Tampoco apoyó el proyecto el independiente Iván Posada. Dijo que el proyecto de ley “va en contra de la evidencia científica”, ya que entiende que contradice las observaciones planteadas por los especialistas consultados. Denunció “una clara insuficiencia de la respuesta del Estado en estos temas, porque para atender y desarrollar una estrategia respecto de las adicciones hay que tener recursos”.
Dos legisladores nacionalistas votaron el proyecto de ley en general, pero mantuvieron sus discrepancias sobre el resto del articulado. Por un lado, a Sebastián Andújar no le conforma el proyecto porque “todavía no me ha demostrado qué consecuencia distinta puede tener en la realidad”.
“No encuentro la diferencia con la actualidad, que los que tienen una adicción tienen derecho a internarse y tener un tratamiento de rehabilitación”, consideró el diputado. “Quizás estamos perdiendo la oportunidad de hacer algo más perfectible y que tenga mejores consecuencias en nuestra sociedad”, sentenció Andújar.
En ese sentido se expresó Álvaro Dastugue, con experiencia en trabajo con adictos. Reconoció que este proyecto “no iba a tener muchas consecuencias en el tema de la rehabilitación”; pero destacó que “es un proyecto que pone sobre la mesa un tema que nos demanda, que nos enfrenta y que nos ha hecho movilizar” y dijo: “tenemos un gran debe como sistema político hacia las familias que sufren esta calamidad”.
Además, “tenemos nuestros centros penitenciarios llenos de jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestra sociedad encarcelados por el tema de la adicción a la pasta base”, alertó el diputado, que anunció que presentará un proyecto sobre trabajo preventivo y educativo sobre la materia.
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