El diputado del colorado Felipe Schipani y el blanco Rodrigo Goñi presentaron un proyecto de ley que propone el decomiso de los equipos de luz, sonido y de todos los bienes, cuando se detecta la organización de fiestas clandestinas en plena pandemia del coronavirus.
La propuesta, que es iniciativa de la Cámara de Eventos del Uruguay (CEU), establece también que los organizadores de fiestas que “no hayan sido autorizadas por la autoridad sanitaria, ni cumplan con la regulación y los protocolos sanitarios establecidos producto de la emergencia sanitaria de la COVID-19, serán castigados con pena de tres a 10 meses de prisión”.
Schipani dijo a El País que “las fiestas clandestinas son un problema para la salud pública en el marco de la pandemia, y la Policía y la Justicia no tienen las herramientas adecuadas para actuar”.
El legislador añadió que “la posibilidad de decomisar todos los bienes de una fiesta clandestina va a hacer pensar a quien quiera organizar un evento de este tipo”.
El legislador colorado sostiene que la iniciativa se aprobará “rápidamente”, ya que se encuentra confiado en que se cuente con los votos de la oposición: “En esto me parece que estamos todos de acuerdo”, remató.
También se propone la intervención de un tribunal penal, que dispondrá “a solicitud de parte o de oficio, las medidas cautelares que estime conveniente para tutelar el derecho del Estado de disponer de los bienes una vez decomisados”.
Todo lo que se logre recaudar a partir de la “enajenación de los bienes decomisados” será destinado al “Fondo COVID”.
Los legisladores sostienen en su exposición de motivos que “la Policía y la Justicia no tienen herramientas jurídicas adecuadas para disuadir la realización de estos eventos y responsabilizar a sus organizadores”.
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