El comercio fronterizo ya se encontraba muy golpeado antes de la pandemia debido a las dificultades que implica para Uruguay competir con los países vecinos, y su situación se agravó profundamente tras la emergencia sanitaria. Con ella, muchos negocios debieron cerrar sus puertas, aumentando así la cantidad de desempleados.
Más complicada todavía es la realidad de los free shops. Desde 2016 ya venían con serios problemas dados por el tipo de cambio, con caídas anuales que ascendían al 30%, con todo lo que ello conlleva, como el cierre de locales y la pérdida de puestos de trabajo.
Además, al ser un régimen de excepción para venta presencial a turistas extranjeros no residentes, el cierre de las fronteras hizo que disminuyeran aún más sus ingresos. Es por esto que, “después de las agencias de viaje (en la lista de rubros complicados), venimos nosotros, que dependemos solo del turismo receptivo”, señaló a La Mañana la presidenta de la Asociación de Free Shops de Rivera, María Lina Varela.
El año pasado, cuando se decretó el cierre de fronteras, los free shops decidieron detener su actividad voluntariamente por 60 días, para tratar de que no avanzara la pandemia, pero sin recibir ningún tipo de apoyo, por lo que siguieron pagando todas sus facturas como si estuvieran abiertos, como BPS, DGI, UTE, OSE y Antel.
La única herramienta con la que han contado hasta el momento han sido los seguros de paro parciales rotativos, que permitieron mantener las fuentes de trabajo, y al mismo tiempo controlar el acceso al público según los protocolos aprobados, restringiendo su horario de apertura.
Así funcionaron durante el resto del 2020 y los primeros meses de este año, tratando de tener un diálogo permanente con el Ministerio de Economía para buscar salidas. “Yo siempre dejo en claro que nunca vinimos a pedir exoneraciones, sino que, si estoy cerrado, que me suspendan el período de pago o que me den herramientas para trabajar, que es lo que queremos”, agregó la ejecutiva.
Sin embargo, las propuestas realizadas hasta el momento no tuvieron andamiento. En marzo del año pasado plantearon la posibilidad de utilizar la ley de encomiendas postales, que es la que habilita a los uruguayos a comprar mercadería en el exterior por hasta US$ 600 al año. La iniciativa consistía en permitir a los free shops la venta de sus productos a los ciudadanos bajo ese régimen y sin excederse de ese monto. “Es decir, si tú tenés US$ 600 para comprar en el extranjero y te quedan 300, la idea es que los puedas usar en un free shop de frontera, de modo tal de mantener el motor de la economía encendido, como dice el presidente”, explicó Varela.
A su vez, comentó que, en la medida que este sector no tiene permitido vender productos nacionales ni del Mercosur, y lo que ofrece es básicamente suntuario, se está dirigiendo a un segmento que “no afectaría” al comercio nacional, que “ya tiene cuantificado cuánto le entra del exterior”.
Eso, asimismo, obligaría a los negocios a reintegrar personal, le daría la posibilidad de mover el stock que está parado y le permitiría al Estado recaudar, dado que es un rubro que debe pagar impuestos como el IRAE, el Patrimonio y la seguridad social -con excepción del IVA-.
A esta compleja situación se le sumó que el pasado 23 de marzo el Poder Ejecutivo decretó el cierre total de los free shops, dentro de una serie de resoluciones aplicadas con el propósito de contener la propagación del covid-19.
Pese a que estos comercios solamente trabajan con turistas, no han sido incluidos como operadores turísticos. Tampoco son considerados pequeña y mediana empresa, pues tienen tratamiento de gran empresa, aunque se trate de un free shop pequeño, como la mayoría. En el caso de Rivera, por ejemplo, de las 53 empresas habilitadas, más de 40 son pequeñas y medianas.
“Somos plenamente conscientes de la pandemia, pero presentamos el protocolo de funcionamiento en marzo de 2020 y no hubo un solo brote de covid-19 en un comercio en Rivera. Entonces, sentimos que hay una penalización a un solo tipo de comercio, o sea, ¿si entrás a un free shop contagiás, pero si entrás a un restorán o un hotel no pasa nada?”, reflexionó Varela.
Sobre las más recientes medidas adoptadas por el gobierno este martes, Varela comentó que las evaluaron “positivamente” y que “dan oxígeno” aunque no resuelven el problema de la pérdida de facturación.
Un proyecto de ley pensado para la subsistencia de los free shops
Consultada por La Mañana, la diputada de CA por Rivera, Nazmi Camargo, coincidió con las declaraciones de Varela y remarcó el impacto que han sufrido los free shops tras el cierre de fronteras y luego su clausura total por decisión del gobierno.
En el departamento hay alrededor de 1500 empleos directos en free shops, pero después está todo el comercio que se genera alrededor de dichos negocios, como el que le vende la vianda al trabajador, el taximetrista, y demás actores de la cotidianeidad que envuelve al sector, de acuerdo con la legisladora.
“Ya veníamos manejando la posibilidad de la venta online a uruguayos, pero con esta última medida lo vemos como algo necesario para que esas empresas puedan, por lo menos, sobrevivir a este momento y, en contrapartida, no tener que despedir a los trabajadores. Eso sería dramático para nosotros porque no tenemos una industria, vivimos del comercio”, indicó.
Es por ello que, junto al diputado colorado y exintendente de Rivera, Marne Osorio, presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 277 de la Rendición de Cuentas del 2011, que es el que permite a uruguayos comprar hasta US$ 600 por año en el extranjero. Lo que se propone es integrar a ese texto legislativo a los free shops, dentro de esa misma cuota y con un plazo determinado de 90 días, prorrogables a criterio del Poder Ejecutivo.
“Queremos que el uruguayo que quiera comprar algo en el free shop lo pueda hacer, no pedimos una cuota extra. Eso generaría mano de obra uruguaya, puesto que se trata de empresas instaladas en nuestro país”, añadió.
La bancada de diputados de Rivera tuvo instancias con las autoridades nacionales en las que solicitó medidas para paliar la grave situación que atraviesan los comerciantes de las fronteras, pero las mismas no fueron tenidas en cuenta. Fue a raíz de eso que surgió este proyecto, para “agotar todos los medios” con el fin de ayudar a estas empresas.
Camargo entiende que contarán con el apoyo suficiente para que esto salga adelante y espera que en breve sea una realidad, porque se trata de una urgencia. “Las empresas están cerradas y no han logrado prórrogas, tenemos que darles un poco de oxígeno para que puedan sobrevivir a las semanas de cierre”, afirmó.
Una búsqueda de apoyos para evitar el cierre definitivo de las empresas
La Asociación de Free Shops de Rivera dio el visto bueno al proyecto, que persigue el objetivo que buscaba. Su presidenta destacó que el departamento mueve un 60% del comercio del free shop en las fronteras, por lo cual, es el que está siendo más golpeado en ese sentido.
“Sin duda, esta propuesta tiene nuestro apoyo”, sostuvo Varela, dado que a las empresas ya no les queda “espalda” y la preocupación que persiste es que muchas no puedan volver a abrir, por lo que necesitan algún tipo de respaldo.
“Nosotros pedimos prórrogas de pagos de DGI, de BPS o los aportes patronales mientras estemos cerrados, pero, en la medida que el gobierno no se puede comprometer a que podamos abrir el 30 de abril, porque no sabemos cómo van a estar los números de la pandemia y las fronteras van a seguir cerradas, lo que le planteamos a la bancada de diputados del departamento fue que adaptaran esa base de la ley de encomiendas postales, de modo tal que por 90 días se autorice la venta online a uruguayos”, concluyó Varela.
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