El Comité Ejecutivo Nacional condena los hechos delictivos sucedidos en Artigas

Ante los hechos delictivos que derivaron en la condena penal a funcionarios y jerarcas de la Intendencia de Artigas, el Comité Ejecutivo Nacional expresa lo siguiente:

1. Condena los hechos delictivos que derivaron en la condena penal – entre otros – del intendente Pablo Caram, la exdiputada Valentina Dos Santos y el Secretario General Rodolfo Caram. El sistema democrático no admite, y nuestra legislación condena, todo acto de corrupción en el uso indebido del  poder público o ejercicio de la función pública.
2. Felicita a los ediles departamentales del Partido Colorado, Daniel Argañaraz, Cecilia Umpierrez y Francisco Bandera por la correcta decisión de haber presentado denuncias penales fundadas en el ejercicio de la tarea de control de la gestión y el uso – ajustado a derecho – de los dineros públicos por parte de las intendencias municipales.
3. Espera igual celeridad y eficiencia para el trámite de otros casos oportunamente denunciados y que se encuentran a estudio de Fiscalía, referidos a hechos con apariencia delictiva acaecidos en el pasado.
4. Entiende necesaria la aprobación por parte del Parlamento de los proyectos de ley presentados por los legisladores colorados: el exsenador Adrián Peña, sobre transparencia y obligatoriedad de concursos en el ingreso a la función pública en las Intendencias Municipales, y el diputado Conrado Rodríguez, referido a la suspensión y pérdida del derecho al cobro de subsidio previsto en el art. 5 de la Ley No. 15.900 por delitos contra la Administración Pública y otros relacionados con la corrupción.
5. Entiende que corresponde llevar adelante las acciones que prevé el artículo 25 de la Constitución de la República contra los funcionarios condenados, a efectos de resarcir a la Intendencia de Artigas del daño sufrido por su conducta ilegítima.
6. Entiende aplicable a los condenados el Art. 80 de la Constitución de la República, que dispone en su numeral 4 la suspensión de la ciudadanía por “sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena”.
7. Es imprescindible que los partidos integrantes de la Coalición de Gobierno actúen con claridad y firmeza en la condena de actos que constituyen violaciones a la legislación anticorrupción vigente.

Dr. Gustavo Osta                                      Dr. Felipe Schipani

Prosecretario General                               Presidente de Turno