La decisión que tomó en marzo el Poder Ejecutivo de cerrar los free shops para reducir la movilidad por el COVID-19, no cayó nada bien a algunos legisladores de la propia coalición de gobierno, pues entienden que se vuelve a castigar a uno de los sectores más golpeados por la pandemia.
Es el caso del senador colorado y riverense, Tabaré Viera, que llegó a convocar al Parlamento a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por entender que la medida tendría “consecuencias muy importantes sin aparejar beneficios y generando incertidumbres” en las tiendas libres de impuestos, según sus declaraciones del 5 de abril en el semanario Opinar.
El llamado a sala de Arbeleche derivó en la comparecencia ayer en la Comisión de Hacienda del Senado del subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza. Allí, si bien el colorado destacó las recientes medidas anunciadas por el gobierno para el sector, advirtió que es necesario buscar otras alternativas para que los comercios puedan colocar sus productos en Uruguay. De acuerdo a la versión taquigráfica de la comisión a la que accedió El País, el colorado señaló que los locales “se quedaron con mercadería que, al momento que se decretó el cierre, ya estaba comprada o estaba en tránsito, por lo que quedó en los depósitos fiscales; además, muchas de esas mercaderías son perecederas”.
En ese ámbito y como alternativa a la crisis que atraviesa el sector, Viera propuso que los uruguayos puedan, al igual que ya ocurre con las compras al exterior, adquirir productos de las tiendas vía internet “sin violentar el objetivo de minimizar la movilidad”. Su planteo, que ya fue ingresado en Diputados por los legisladores de Rivera, Marne Osorio (Partido Colorado), Virginia Fros (Partido Nacional) y Nazmi Camargo (Cabildo Abierto), supone que los nacionales puedan comprar en los free shop a través de plataformas de e-commerce. Se mantendría el límite de US$ 600 anuales.
Viera dijo a El País ayer que se trata de un “paliativo” y que perfectamente se puede legislar para que no se vulnere ninguna norma actual. Su propuesta, que durante la sesión fue compartida por el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, fue apuntada por el dos de Economía.
Irastorza señaló que “obviamente, hay que tener en cuenta que (la iniciativa) no genere distorsión con el comercio establecido; hay que verlo bien, pero se está trabajando en eso”, remató el viceministro. En el MEF existe una comisión que, entre otros puntos, viene estudiando el planteo de los legisladores.
En la misma línea del colorado fue ayer Botana, que sostuvo que “son necesarias algunas medidas más para sostener el empleo” porque “si bien se les da la renta permanente, cuando se termina nadie le devuelve a la gente los clientes, los lugares de trabajo, las mercaderías que se les perdió ni las instalaciones que quedaron inutilizadas”. En agosto del año pasado el presidente Luis Lacalle Pou decretó la autorización a los free shop a vender mercadería a uruguayos con una limitación, que solo pudieran hacerlo con la mercadería en stock en el depósito fiscal.
«Desventaja».
La iniciativa planteada por los legisladores tiene el apoyo de la Cámara de Empresarios de Free Shops y Afines del Uruguay, que si bien saludó las recientes medidas de alivio económico para el sector, advierte sobre las “desventajas” con el sistema brasileño que sí puede venderle con libertad a sus ciudadanos.
El secretario de la cámara, Carlos Loaiza, enfatizó en declaraciones a El País sobre el problema de que hoy “Brasil sí pueda venderle a uruguayos y brasileños, pero aquí no a los uruguayos”, una situación que, sostuvo, deja en clara desventaja a las cadenas ubicadas en la frontera. Loaiza dijo que existe un problema de competitividad por parte de los free shops uruguayos y que este podría agudizarse tras la pandemia.
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