La reforma de la seguridad social es de máxima prioridad para el gobierno. Los tiempos apuran y, aunque en primera instancia se pretendía enviar el proyecto de ley al Parlamento antes de que terminara setiembre, no será posible. La nueva meta es presentarlo en 10 días. Antes, deberán concluir las negociaciones con los socios de la coalición, quienes ya presentaron sus reparos, los cuales son analizados por el Poder Ejecutivo, para ver cuáles se pueden incorporar y así ponerle un punto final al documento.
En ese marco, ayer hubo una reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou, el principal redactor del proyecto Rodolfo Saldain, y los ministros Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) y Pablo Mieres (Trabajo y Seguridad Social), además del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. En el encuentro, se realizó un “análisis punto a punto para determinar cuáles (recomendaciones) podían ser incorporadas como modificaciones, cuáles eran más discutibles y cuáles no se podían” sumar, dijo Mieres a El País.
El siguiente paso será una reunión de los representantes del Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente con el equipo a cargo de la redacción del anteproyecto, que será en el correr de esta semana. El ministro de Trabajo y Seguridad Social contó a El País que los técnicos informarán sobre las resoluciones, las fundamentarán y, además, habrá un intercambio entre los presentes sobre las definiciones que se tomaron. El encuentro será “con el objetivo de que, una vez que se culmine ese proceso, el anteproyecto incorpore las modificaciones que se entiendan pertinentes, y así se pasaría directamente a la concreción del proyecto de ley”, añadió.
Torre Ejecutiva
Tras el encuentro, Saldain contó ayer en rueda de prensa que se “tomaron definiciones que aspiran a contemplar los objetivos que buscan las diferentes propuestas” del Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto. En algunos casos “será con los instrumentos planteados” y, en otras ocasiones, utilizarán otros a los propuestos.
El principal redactor del proyecto adelantó modificaciones en las pensiones de sobrevivencia, que son prestaciones mensuales que se “generan a partir del fallecimiento, desaparición o ausencia de una persona a los efectos de suplir la falta de ingresos en el núcleo familiar”, según se explica en el sitio web del Banco de Previsión Social (BPS). Saldain dijo que van a haber “cambios importantes” en el beneficio, para los que tomaron en cuenta “parte de los planteamientos” que se recibieron.
Consultado sobre la Caja Militar, respondió: “El proyecto se basa en un principio, que es el de igualdad. Implica que, reconociendo la existencia de diferentes condiciones laborales, se transita en un período de convergencia hacia un régimen provisional común que incluye a todas las cajas”.
El especialista enfatizó que la propuesta del gobierno es hacer “un cambio importante en el diseño en su conjunto”. Y, en lo que tiene que ver con las fuentes de financiamiento, se mantendrán las vigentes desde la reforma tributaria de 2007.
Tratamiento
Saldain declaró ayer que es una “reforma absolutamente central para el gobierno y para la coalición, que está transitando la mitad de su mandato y, por lo tanto, ha hecho una apuesta fuerte, con todo lo que implica abordar en un régimen democrático una reforma de estas características”.
El proyecto de ley, que aún está en construcción, ingresará al Parlamento a través de la Cámara de Senadores, donde dan por hecho que crearán una comisión especial para su tratamiento. Ahí se dará el debate parlamentario donde los diferentes partidos podrán negociar cambios en el articulado.
Además, cuando el proyecto de la reforma jubilatoria esté en comisión del Senado, podrán comparecer todas las delegaciones de los involucrados en el tema para dar sus opiniones y solicitar modificaciones. Muchas ya concurrieron a la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que trabajó durante meses para analizar el sistema de seguridad social uruguayo y terminó con un informe que se le entregó al presidente Lacalle Pou.
En el caso de Cabildo Abierto, por ejemplo, el senador Raúl Lozano se sinceró en entrevista con El País este domingo: “Posiblemente, cuando llegue el proyecto al Parlamento, no estén todos los puntos (que pedimos)”. Y añadió: “Entendemos que se incluyan más o menos, pero no que no venga ninguno, Y, si no viene ninguno, después viene un debate parlamentario en el que, obviamente, vamos a insistir en las propuestas”.
Por otra parte, el Frente Amplio tiene la postura de no realizar comentarios de manera oficial sobre el articulado hasta que ingrese al Parlamento. No obstante, dio inicio a un análisis de la reforma después de que el presidente Lacalle Pou entregara el anteproyecto.
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