A partir de esta semana el gobierno pondrá en marcha una auditoría en el Instituto de Colonización. La adquisición de tierras, los préstamos concedidos a colonos así como sus obligaciones y el estado de las finanzas del ente autónomo son algunos de los aspectos a examinar.
En octubre del 2020, el directorio del Instituto de Colonización decidió hacer una auditoría, pero fueron tan estrictos los requisitos que las cuatro empresas presentadas a licitación no cumplieron lo solicitado. Por lo que se declaró desierta la instancia.
El presidente del ente autónomo Julio Cardozo explicó a El País que una auditoría a nivel de campo, incluye aspectos como la compra de tierras y el manejo de suelos, por lo que “es muy compleja”. “Los consultores preguntaban continuamente y daba la sensación que no tenían experiencia”, afirmó.
En marzo de este año se informó que, de las cuatro empresas presentadas, había tres que no reunían las condiciones mínimas y quedaba una cuarta “con algunos problemas”. Para evitar juicios hace 15 días se definió hacer un nuevo llamado.
A su vez, la Auditoría Interna de la Nación comunicó al presidente del instituto la resolución de iniciar una investigación. Está previsto que hoy los técnicos auditores se entrevisten con Cardozo para comenzar con el trabajo. Se deben instalar en el lugar, luego se nombra un equipo de colaboración para facilitar la información. Se estima que la instancia llevaría entre 60 y 90 días.
Esta auditoría abarcaría aspectos ya definidos como: la compra de tierra en los últimos 10 años, el manejo de suelos, medidas ambientales (tratamiento de efluentes en el caso de los tambos) y funcionamiento interno de todo el organismo (tanto del área de finanzas como administrativa). A su vez se controlará el criterio de adjudicación de las tierras del instituto (600.000 hectáreas), que se realiza mediante llamados.
Se otorgan los campos por un período de dos años de prueba, donde el colono debe poner en marcha un proyecto y el instituto vigila que se cumpla. Si lo hace, se confirma el arrendamiento por un plazo de 10 años. Antes había una demora de 400 días para entregar las tierras y hoy se está llevando el plazo a 180 días.
En el último año del gobierno del Frente Amplio se realizó un proceso de compra de tierras que llevó al actual directorio -a pedido del presidente Luis Lacalle Pou- a suspender nuevas adquisiciones hasta no distribuir las 50.000 hectáreas obtenidas.
Desde que asumió el nuevo gobierno se llevan más de 15.000 hectáreas entregadas y para mayo se espera finalizar la distribución del porcentaje habitable de las 50.000. Dentro de la cartera de colonización hay campos que no son aptos, por ejemplo los que están en la costa y ahora se negocia su venta.
En la Rendición de Cuentas se estableció que los fondos que recibía Colonización (producto del cobro de impuestos por transacciones inmobiliarias y venta de tierras) sean empleados para el realojo de asentamientos. De acá en más, el instituto ya no contará con estos ingresos por lo que tiene que redireccionar sus recursos.
Como desde que asumió el gobierno no se adquirieron tierras, hay una bolsa (alrededor de US$ 20 millones) de dinero acumulado que el presidente de Colonización pretende usar. “Hace dos años que no compramos campos, así que supuestamente tenemos en nuestras arcas, no en un baúl pero en Rentas Generales, dinero que es nuestro y eso tenemos que aclararlo”, subrayó.
Por lo que planteó emplear esos fondos en un fideicomiso que permita invertir en compra de tierras a futuro si se requiere. Se negociará esto con el Poder Ejecutivo, incluso Cardozo tiene una entrevista pendiente con Lacalle Pou en los próximos días y allí lo hablará con el presidente.
Deudas
El 86% de los 6.000 colonos del instituto cumple en tiempo y forma con la cuota que debe pagar por el arrendamiento de los campos, pero hay una lista de más de 130 deudores por US$ 20 millones que fue denunciada por los directores colorados en el ente José Amy y Guido Machado.
La deuda se compone de unos US$ 9 millones de capital y el resto de intereses y moras. Hay deudores que datan del año 2009 y todos los casos están en Jurídica de Colonización.
“Hay incobrables y otros que se puede recuperar algo”, dijo Cardozo. Contó que los juicios “llevan muchos años” y “es bastante complicado sacar a una persona del campo porque la Justicia demora”.
Según los cálculos de Colonización son incobrables alrededor de US$ 10 millones. Debido a esta situación se dispuso por parte de esta administración un seguimiento de los pagos de colonos con el objetivo de no dejar acumular deudas.
Más de 1.000 en lista de espera por un campo
Hoy el Instituto de Colonización tiene en su haber 618.000 hectáreas de campo y 6.000 colonos (2.000 productores en grupo y 4.000 individuales). El presidente del ente autónomo Carlos Cardozo dijo a El País que en cada llamado se inscriben unas 60 o 70 personas y se han llegado a anotar hasta 200 para tres fracciones de tierra.
Hoy, hay más de 1.000 productores esperando para acceder a un campo de Colonización. El precio del arrendamiento es inferior al mercado y se asegura un plazo de 10 años de uso.
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