Al día de hoy el gobierno tiene identificadas a 22.716 personas en todo el país que no tienen acceso a internet. A ellas se les suman 394.101 que acceden a servicios inferiores a la calidad 4G (LTE). Ante esto, el objetivo de las autoridades es lograr una conectividad total del país antes de finalizar el quinquenio, y mejorar los servicios de datos que se ofrecen en varios puntos del interior, equiparándolos a los que se brindan en Montevideo y zonas metropolitanas de LTE.

La intención de las autoridades de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) es también incluir, antes de fin de este año, servicios de tecnología más potentes como el de 5G.

La conectividad digital se convirtió en uno de los temas centrales en tiempos de pandemia. El alcance del servicio de internet al interior del país es crucial para el trabajo a distancia, y sobre todo para la educación. Para eso el gobierno trabajó en una serie de licitaciones y subastas que permitan lograr la conectividad total antes de finalizar el quinquenio.

Según comentaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo, la inversión que se estima necesaria para lograr una conectividad del 100% de la población es del entorno de los US$ 12 millones.

Las autoridades consideran que se necesitan entre 100 y 120 antenas repetidoras de la señal 4G para alcanzar el total de la población. Cada antena de este tipo cuesta alrededor de US$ 100.000. La dificultad que observan es que hay zonas donde no es del todo rentable para las empresas colocar infraestructura.

Según los estudios del gobierno, además de las 22.716 personas sin acceso alguno a internet hay otro grupo de 3.115 personas a lo largo del interior del país que solo acceden a tecnología 2G. A su vez, hay otros 390.986 individuos que tienen internet de calidad 3G. Quienes cuentan con la tecnología más potente al momento, que es de 4G o LTE, son 2.693.447 habitantes.

“La gente cambió los usos de internet y consume más datos; necesita más bajada y más subida. Para eso requiere una conexión más ágil y potente. Por eso consideramos que lo ideal es migrar a 4G total”, comentó a El País el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara. “El objetivo que tiene el gobierno es llegar a todos los rincones del país con una tecnología igual en Montevideo que en el interior. LTE parece hoy lo más razonable. Al mismo tiempo, preparar el desembarco de la tecnología 5G que será a partir de setiembre de este año, cuando se cumpla con la subasta de bandas”, agregó.

Acosta y Lara dijo que se está trabajando en estructurar las condiciones de la subasta para internet móvil de alta velocidad. Para eso se realizará un llamado a interesados; aún no se resolvió si será abierta o cerrada para las tres empresas que ya participan en el mercado de datos en Uruguay: la estatal Antel y las dos privadas, Claro y Movistar (Telefónica).

Se licitará la banda de 3,5 megahertz, que es una banda alta en la cual opera la nueva tecnología a desarrollar (5G). Esta operación permitirá el ingreso de varios millones de dólares al Estado.

En 2019 el gobierno licitó dos bandas de 2,6 megahertz, y Antel y Telefónica la adquirieron por US$ 23 millones cada una. Ese dinero fue a Rentas Generales.

La intención de las nuevas autoridades es que parte de lo recaudado con la licitación de la banda de 3,5 megahertz sea destinado a mejorar la infraestructura y lograr la conectividad total del país. “Que lo producido de esa licitación no solo vaya a Rentas Generales, sino que también esté destinado al desarrollo de infraestructura en los lugares donde hay carencia de infraestructura”, comentó Acosta y Lara.

Diputado colorado: nueva ley “protege a Antel”

El diputado Colorado Melazzi defendió los cambios que su partido le incluyó a la nueva ley de medios que en las próximas semanas discutirá el Parlamento, tras el acuerdo entre los partidos del oficialismo. “Con ideas batllistas fuimos fervientes defensores de proteger a la empresa pública de telecomunicaciones Antel”, dijo el legislador colorado. Su comentario se refiere a la eliminación de un artículo que obligaba a Antel ofrecer su infraestructura a los cableoperadores.