La LUC contrariamente a lo que con descaro señalan militantes del SI- no cercena ningún derecho de los trabajadores. Ni derecho colectivo, ni derecho individual. Antes bien, todo lo contrario. Pero ello no significa que buena parte de la ciudadanía no asista con preocupación a excesos en el ejercicio del derecho de huelga que, casualmente, coinciden con la campaña contra la LUC.
El lunes 31 de enero UTU abría el clásico y a veces multitudinario período de elección de horas de los docentes. Secundaria este año lo hizo de modo digital y, pese a la machacona oposición de la Fenapes, funcionó perfectamente. En UTU eso no ha sido posible todavía por la multitud de materias. Se pensó, entonces, en hacerlo en diciembre, pero a pedido de la propia gremial, AFUTU, se le postergó.
Ese día de, la corporación gremial ocupó el local para impedir que los docentes pudieran hacer la elección de horas. Se inició un diálogo, se informó al Ministerio de Trabajo, que actuó como siempre -intermediando pero intimando a cumplir las normas- y, finalmente, esa Secretaría de Estado solicitó al Ministerio del Interior que procediese al desalojo, conforme al decreto de 21 de octubre de 2020, que ratificó aquel firmado por el Presidente Mujica y sus Ministros Bonomi y Brenta. Los ocupantes dialogaron con los oficiales y se retiraron.
Alejada la autoridad policial, volvieron a ocupar. Pretendían que era un hecho nuevo. En cualquier caso, se volvió a informar al Ministerio de Trabajo, que esta vez pidió directamente, sin intimar, la intervención policial para proceder al desalojo. Y luego se coordinó que los efectivos permanecieran a fin de asegurar a los docentes el ejercicio de sus derechos.
Felizmente todo, o casi todo, está filmado. Quedó claro que los ocupantes no pasaban de una treintena y que los profesores que querían entrar, y así lo hicieron después de la desocupación, eran unos 300. Desgraciadamente, éstos entraron al establecimiento oficial en medio de los insultos de los desalojados: «¡Vamos a mirar las caras de los carneros!», «¡Desclasados!»…
Detrás de todo esto flota el referéndum. Las gremiales que antes mandaban en los Consejos, violaban la laicidad, abusaban de su poder, falsificaban horas no trabajadas, como se ha demostrado, están furiosas porque hoy, en su lugar, manejan la administración Directores Generales. Los profesores siguen teniendo voz, porque dos miembros del Codicen se eligen por voto secreto. Los que han perdido dominio son estos sindicatos que realmente usurpaban el poder público.
Hasta sería ocioso decir que la LUC ratifica el derecho de huelga y -a un tiempo- el derecho del trabajador que desee trabajar, a poder hacerlo. También reconoce el derecho de la dirección de la empresa a acceder siempre al establecimiento. Son todos derechos, armonizados. Es lo que la propia OIT, la entidad internacional que protege a los trabajadores, ha determinado, reclamándole incluso a Uruguay que así lo disponga. Se considera ilegal la ocupación y además violenta cuando ésta impide que quien desea trabajar pueda acceder al establecimiento.
Todo esto es claro. Clarísimo. Lo aplicó el gobierno frentista, que incluso llego a decretar la esencialidad del trabajo en todo el Codicen, declarando ilícita una huelga. Ahora, desde la oposición, todo es rebeldía.
Se llega a decir, en el delirio de falsedades que hoy se lanzan contra la LUC, que un trabajador despedido no puede reclamar. Como si hubiera alguna norma que directa o indirectamente le impidiera recurrir al Ministerio de Trabajo -de ejemplar actuación en mediaciones colectivas o individuales- o si se le cercenara de algún modo el acceso a una Justicia que en el Uruguay ha sido particularmente protectora de los trabajadores.
Todo es falso pero se repite y se trata de confundir. Y como se disuelven las ilegales ocupaciones, se intenta desde allí generar una nube de equívocos hacia derechos absolutamente intactos.
Lo que sí preocupa es el abuso que se ha instalado desde cierta dirigencia gremial. Cuando la ciudadanía ve a profesores actuar como una «barra brava», se preocupa. Todos tenemos derecho a preocuparnos y reclamarle a sus autoridades un espacio de reflexión. Es verdad que les resulta muy difícil cuestionar a la LUC, pero no es con mentiras y estos abusos que abonarán sus opiniones.
La huelga de Ancap fue un daño importante para el ente que dicen defender. La del puerto no le fue en zaga. Se anuncia ahora inexplicablemente una medida de paralización bancaria que en plena temporada turística sería un balazo contra un sector que viene recuperando el trabajo, luego de una tremenda paralización.
Cuando la economía empieza a remontar luego de la pandemia y se ha mejorado claramente en el empleo, ¿tiene sentido esta agitación tan agresiva? ¿No advierten que los más perjudicados serán los trabajadores, perdiendo salarios y, en algunos casos, hasta estabilidad laboral?
El PIT CNT ejerce un enorme poder. Inusualmente fuerte en un mundo en que los sindicatos, como los partidos políticos, han perdido peso. Ha subordinado al Frente Amplio, que durante varios meses dio vueltas y revueltas para lanzarse al referéndum, pero que carece hoy de margen de maniobra ante esa fuerza.
El país va a reclamar. Y le puede llegar a exigir a este gobierno, como les pasó a los anteriores, que sea más severo frente a los desbordes. Le ocurrió al Dr. Vázquez y le ocurrió a Mujica. En el actual gobierno se ha actuado con escrupulosa atención a las normas y no se entiende tanta intransigencia cuando hay tantos valores de la sociedad en juego.
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