Según detallaron en un comunicado, el artículo 79 de la Constitución es claro en fijar «el año de su promulgación» como plazo para la interposición de ese recurso.
«No es de recibo invocar una imaginaria imposibilidad de hecho, cuando son notorias las mesas de recolección instaladas, aún en la puerta de vacunatorios», expresó.
Además, informaron que se recibió un exhaustivo informe de los diputados Conrado Rodríguez, Nibia Reisch, Felipe Schipani y Hebert Duque sobre la reunión que mantuvieron ayer con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario José Luis Satdjian sobre la situación sanitaria del país con relación al coronavirus.
«De ella surgió que de las iniciales 625 camas de CTI se ha llegado actualmente a 923 y que ellas están siendo suficientes. En algunos departamentos, como Cerro Largo, Rivera y Río Negro se han dado situaciones de saturación que han llevado a trasladar pacientes, lo que se ha hecho con un sistema funcional», indica la misiva. Asimismo, se destacó en la reunión «la importancia de la campaña de vacunación, históricamente inédita, así como la preocupación por el volumen de funcionarios que no se vacunaron pudiendo hacerlo, especialmente en la salud y la educación pública».
Por su parte, el senador Tabaré Viera y el diputado Ope Pasquet informaron de la reunión que mantuvieron con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola y el presidente de la ANP, Juan Curbelo, sobre el acuerdo que se ha llegado con la empresa Katoen Natie, que es socia mayoritaria del Estado en la Terminal de Contenedores.
El ministerio señaló que inscriben este tema en el más amplio de la competencia portuaria regional, lo que incluye naturalmente el tema del dragado del canal de acceso a nuestro puerto.
El acuerdo supone, según se estableció, «el desistimiento del juicio que la empresa belga había planteado al Estado uruguayo por violación del acuerdo inicial, a cambio del cual se comprometen a invertir 450 millones de dólares, mientras que el plazo de la concesión se extiende a 50 años».
«Se aclaró que no suponía el acuerdo el otorgamiento de un monopolio, informándose también que oportunamente la empresa Montecon había iniciado un juicio por violación al principio de libertad comercial, que fue rechazado por la Justicia en dos instancias», concluye.
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