El texto, que fue impulsado por la diputada del Partido Colorado Nibia Reish, volverá a la Cámara Baja luego de haber sufrido modificaciones. El objetivo del proyecto, que no contó con el apoyo del Frente Amplio, es «garantizar el derecho de toda persona que padezca de adicción o consumo problemático de drogas» a «recibir el tratamiento adecuado para su desintoxicación».
La internación de adictos con previo consentimiento
Este proyecto busca que toda aquella persona mayor de edad consumidora de drogas, que esté en un momento psíquicamente apto, tenga la posibilidad de firmar su voluntad anticipada para aquel momento en que esté bajo los efectos de la droga y que, aunque le ha pedido ayuda a la familia a salir, en ese momento se niegue. Que tenga la posibilidad de hacer un tratamiento de desintoxicación con o sin internación. Expresa su propia voluntad en forma anticipada a hacerlo.
Muchas veces los adictos, en un momento que están bien, le piden ayuda a la familia para salir de esa situación que están viviendo, que les hace perder el empleo, los amigos, la familia, se van denigrando no solo desde el punto de vista físico sino también social. En el momento que están bajo los efectos de la droga, generalmente se niegan. Con la firma del documento, habilita a la desintoxicación y, en el momento, si se niega, se va a proceder, y será el psiquiatra y el equipo que lo va a tratar el que va a determinar.
Al haber firmado el documento, la internación o el tratamiento ambulatorio de desintoxicación se tiene que llevar adelante.
El documento se puede revocar en las mismas condiciones que son necesarias para firmarlo. Tiene que estar en un momento psíquicamente apto. Un psiquiatra tiene que abalar esto y él tiene que tomar la decisión de revocarlo. El único momento en que no se puede revocar, es cuando está en un tratamiento de desintoxicación con o sin internación y corre riesgo su vida o corre riesgo un tercero.
En esta rendición de cuentas quedó claro, el propio presidente lo manifestó, se van a destinar recursos para el tema de adicciones y salud mental, que también van de la mano. Para poner un ejemplo, el diez por ciento de los usuarios de ASSE son consumidores de drogas. Estamos hablando de unas 11.000 personas. De ellas, 10.000 asisten a una consulta y 1100 necesitan muchas veces una internación. Hoy por hoy hay 307 camas entre ASSE y MIDES, y el propio presidente de ASSE ha expresado que su intención es habilitar 500 camas más en la Santín Carlos Rossi.
Sí está claro que el Poder Ejecutivo va a destinar recursos, porque sin la mejora y sin el destino de recursos pasa a ser una ley más de letra muerta, como muchas se han votado, como la propia ley de salud mental o como la propia ley de género.
Acá va a haber varias opciones. Acá está aquella persona que tiene los recursos para poder internarse en una clínica privada. También está aquella persona que necesita internación y va a tener mayor cobertura de camas públicas. Y también están los tratamientos ambulatorios que, hoy por hoy, los prestadores tienen distintas prestaciones del PIAS, que son lo que el Ministerio de Salud Pública ha incluido.
Esto no es una solución para la problemática. Esto es una herramienta que estuvo buscando la familia, que desde el año 2017 vienen planteando en el parlamento, para aquellos casos de adictos que le piden a la familia una ayuda y, llegado el momento, se niegan a tener esa ayuda.
Sin duda que queda mucho por hacer.
Con los menores de edad los padres ejercen la patria potestad pero, lamentablemente, no todos los menores tienen un núcleo familiar que la ejerza. Y hay una cantidad de menores en situación de consumo. En ellos también tenemos que pensar. En la situación de las cárceles también. El 80 por ciento son adictos. Cuando hablamos con ellos, cometen el delito como fuente de financiación de su propia adicción.
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